Hay rankings que no conviene escalar. El Índice Global de Complejidad Corporativa, que elabora anualmente la firma de servicios administrativos TMF Group, es uno de ellos. En su edición 2026, Argentina avanzó dos posiciones respecto del año anterior y se instaló en el 9° puesto entre 81 países analizados. Subir, en este caso, significa retroceder.

El índice no mide atractivo macroeconómico ni potencial de mercado. Mide algo más cotidiano y, para muchas empresas, más decisivo: cuánto cuesta, en tiempo, dinero y riesgo legal, simplemente cumplir con las reglas del juego en cada jurisdicción. Para construirlo, TMF Group relevó 292 indicadores por país a través de sus propios expertos locales en asociación con la consultora Savanta, cubriendo tres áreas: contabilidad e impuestos, gestión de entidades y recursos humanos y nómina.

El resultado para Argentina es conocido pero no deja de ser elocuente: cambios regulatorios impredecibles, controles cambiarios que complican operaciones básicas y una burocracia que obliga a revisar procesos de manera constante. El informe advierte, además, que la presión normativa probablemente se incremente durante el próximo año. No es la primera vez que el país aparece en este grupo: en los últimos cinco años nunca salió de los 12 primeros puestos.

América Latina, campeona de la complejidad

Argentina no carga sola con este estigma. Seis de los 18 países latinoamericanos incluidos en el estudio ocupan los diez primeros lugares del ranking mundial: México (2°), Brasil (3°), Colombia (6°), Bolivia (7°), Argentina (9°) y Perú (10°). La región concentra una proporción desproporcionada de los entornos más difíciles para operar, con sistemas tributarios de múltiples capas, legislaciones laborales exigentes y marcos normativos que cambian con frecuencia y poca previsibilidad.

En el extremo opuesto figuran las Islas Caimán, Dinamarca y Jersey, jurisdicciones que combinan infraestructura digital consolidada con marcos regulatorios estables. La brecha entre ambos extremos del ranking da una idea de cuánto pueden diferir los costos operativos de una misma empresa según dónde elija instalarse.

Lo que hace diferente la edición de este año, al menos en el caso argentino, es el contexto político en el que se publica. El propio informe reconoce que, tras las elecciones legislativas de 2025, existe una "voluntad política" para flexibilizar ciertos requisitos regulatorios, y que la caída sostenida de la inflación podría, de consolidarse, cambiar el cuadro de situación para los inversores internacionales.

Jorge Sodano, Country Head de TMF Group para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, va más lejos en esa lectura. "El gobierno ha tomado decisiones de fondo que van en la dirección correcta: la unificación cambiaria, la reducción del gasto público y el avance hacia una mayor desregulación son señales concretas de un cambio estructural", señaló. Para Sodano, las empresas que entren o amplíen su presencia ahora “estarán posicionadas para capturar el upside de una economía que está retomando el camino del crecimiento con reglas de juego más claras y estables.”

La trampa digital

El informe identifica una paradoja que se repite en los mercados más complejos, Argentina incluida: la digitalización, que en teoría debería simplificar trámites, muchas veces se superpone a exigencias antiguas que nadie derogó, como la presencia física para ciertos procedimientos o las firmas manuscritas. El resultado, al menos en el corto plazo, es una capa adicional de complejidad en lugar de menos burocracia.

A escala global, el 58% de las jurisdicciones ya exige que al menos algunas empresas emitan facturas electrónicas, contra el 38% que lo hacía en 2020. La tendencia va hacia más control digital de las transacciones, lo que en mercados con administraciones tributarias activas —como la argentina— se traduce en mayores exigencias de cumplimiento y menos margen de error. El informe advierte que las sanciones por incumplimiento son cada vez más severas: en el 36% de las jurisdicciones analizadas, los errores en las declaraciones impositivas pueden derivar en penas de prisión, el nivel más alto registrado en la historia del índice.

El contexto global tampoco ayuda. La fragmentación geopolítica, el aumento del proteccionismo y la guerra de aranceles están deshaciendo parte de la arquitectura sobre la que se construyó la globalización de las últimas décadas. Las empresas lo perciben: según el relevamiento de TMF Group, el 69% está recurriendo a la subcontratación para adaptarse, el 59% redujo personal, el 55% cerró oficinas o salió de algún mercado y el 51% congeló contrataciones.

"Los inversores buscan simplicidad, pero, sobre todo, certeza en las reglas bajo las cuales operan", resumió Mark Weil, CEO de TMF Group. El diagnóstico aplica con particular fuerza a Argentina, un país que históricamente ha tenido dificultades para ofrecer esa certeza y que, según este índice, todavía está en deuda con esa promesa. Aunque, por primera vez en mucho tiempo, algunos indicios apuntan en otra dirección.