El abrupto final de la cleptocracia chavista y la promesa de Donald Trump de “hacer mucho dinero” con el petróleo venezolano reabren el debate sobre el futuro energético del país con mayores reservas del mundo.
Al parecer son pocos los que se preguntan porque el país con las mayores reservas de petróleo del mundo produce apenas el 1% de la producción mundial de combustibles.
No hay que dejarse llevar por las apariencias ni por los análisis reduccionistas o superficiales, detrás del discurso político, lo que asoma es un proyecto caro, lento y lleno de riesgos para cualquier petrolera de cualquier lugar del mundo que intente entrar —o volver— a Caracas.
El plan Trump y la realidad del subsuelo
En una conferencia de prensa para confirmar la captura de Maduro, Trump aseguró que “vamos a tener a nuestras grandes compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes del mundo, entrar, gastar miles de millones de dólares, arreglar la infraestructura completamente rota y empezar a ganar dinero para el país”. Presentó a la industria venezolana como “un fracaso total” que bombeaba “casi nada en comparación con lo que podría estar bombeando”.
Sobre el papel, el potencial es enorme: Venezuela afirma tener más de 300.000 millones de barriles en el subsuelo, las mayores reservas probadas a nivel global. Sin embargo, hoy apenas logra producir alrededor de un millón de barriles diarios, aproximadamente el 1% de la oferta mundial, muy lejos del pico de casi 3,5 millones de barriles por día alcanzado en 1997 y por debajo de los más de dos millones diarios de comienzos de los 2010.
A esto se suma un problema estructural: buena parte del crudo venezolano es extrapesado -conocido como Merey 16-, más contaminante y costoso de procesar, lo que encarece los proyectos y eleva la vara de rentabilidad para cualquier inversor.
Un estudio de la consultora Energy Aspects describe yacimientos y activos castigados por “años de perforación insuficiente, infraestructura deteriorada, frecuentes cortes de energía y robo de equipamiento”.
El diagnóstico coincide en un punto central: la petrolera estatal PDVSA carece de capital y know-how para revertir por sí sola el declive, aun en un escenario político más favorable.
El rol clave —y limitado— de las petroleras occidentales
Trump y su entorno imaginan a las grandes compañías estadounidenses entrando de lleno en Venezuela, pero el terreno de las ideas está lejos de acercarse a la realidad.
Chevron, por ejemplo, decidió hacer el sacrificio y quedarse cuando otros salían: opera en el país desde 1923, mantiene cinco proyectos onshore y offshore y produce cerca de una cuarta parte del petróleo venezolano. Aproximadamente la mitad de esa producción se exporta a Estados Unidos.
La compañía cuenta además con una licencia específica otorgada por la administración estadounidense que le ha permitido seguir operando y exportando crudo venezolano a la Costa del Golfo, incluso en un contexto de sanciones y de campañas de interdicción sobre buques, como la incautación del tanquero Skipper el 10 de diciembre. Por eso, es vista como la mejor posicionada para escalar producción si el entorno se estabiliza.
Otras petroleras europeas, como Eni (Italia) y Repsol (España), producen gas costa afuera, pero no han podido exportarlo desde el año pasado debido a las sanciones. El Tesoro de Estados Unidos incluso emitió una licencia para que Shell retomara un proyecto offshore, aunque Caracas terminó cortando las negociaciones.
Al mismo tiempo, firmas que fueron forzadas a salir hace más de una década —como Exxon Mobil y ConocoPhillips, expulsadas tras las nacionalizaciones parciales de Hugo Chávez alrededor de 2007— todavía litigan para cobrar miles de millones de dólares por activos expropiados.
Por ahora, la señal política es ambivalente. Por un lado, el gobierno venezolano había intentado recomponer relaciones: hasta el año pasado, seguía negociando un acuerdo comercial de petróleo con ConocoPhillips. Pero la captura de Maduro cambia las reglas y obliga a las compañías a recalcular. Tras la operación, ConocoPhillips declaró que “sería prematuro especular sobre futuras actividades comerciales o inversiones”, mientras Chevron se limitó a remarcar que sigue operando “en pleno cumplimiento de todas las leyes y regulaciones relevantes”.
Sanciones, estabilidad y el precio de la reconstrucción
Más allá de la voluntad política, el cuello de botella inmediato son las sanciones estadounidenses y la incertidumbre institucional, es difícil creer que extirpado el tumor llamado Maduro se terminó el problema venezolano.
El secretario de Estado Marco Rubio fue explícito al explicar la estrategia de Washington: las restricciones —incluida la campaña contra tanqueros— seguirán mientras se presiona al gobierno venezolano para lograr cambios de política. “Es una enorme cantidad de poder de negociación que seguirá vigente hasta que veamos cambios, no solo para promover el interés nacional de Estados Unidos, que es el número uno, sino también que lleven a un mejor futuro para el pueblo de Venezuela”, dijo en una entrevista televisiva.
Para Ali Moshiri, ex responsable de las operaciones de Chevron en Venezuela, “no muchas compañías se van a apresurar a entrar en un entorno donde no hay estabilidad”.
Aun así, Moshiri estima que actores como Chevron y otros operadores podrían llevar la producción hasta 1,5 millones de barriles diarios en unos 18 meses, partiendo de alrededor de un millón, con una inversión de hasta U$S 7.000 millones. Pero incluso ese esfuerzo dejaría a Venezuela apenas por encima del 1% del consumo mundial y en menos de la mitad del nivel de los años noventa.
Los analistas trazan paralelos con Irak, donde la recuperación tras la invasión de 2003 llevó años. Es imposible no recordar “el caso Irak”, una experiencia no tan lejana que no solo costó millones sino también muchas vidas militares y también corporativas.
Energy Aspects calcula que sumar solo 500.000 barriles diarios adicionales requeriría U$S 10.000 millones y alrededor de dos años de trabajo. Un incremento sustancial implicaría “decenas de miles de millones de dólares durante múltiples años”. Daniel Yergin, historiador de la energía y vicepresidente de S&P Global, resume el factor decisivo: “Tanto depende de la política y de quién está a cargo”.
En este contexto, Moshiri es tajante: como primer paso para atraer capital, la Casa Blanca debería levantar las sanciones y cierra más firme aún, "la única bala de plata para dar vuelta la economía hoy es la inversión en petróleo”, advierte.
Riesgos geopolíticos y efecto limitado en los precios
Más allá de los vítores y las críticas, la intervención de Estados Unidos en Venezuela agregó ruido a un mercado petrolero que muchos consideran actualmente sobreabastecido.
El Brent, referencia internacional, se ubicaba en torno a U$S 60,80 por barril, cerca de sus mínimos del año, antes de la operación para remover a Maduro. Para la firma de investigación Third Bridge, los eventos recientes “no impactarán de manera inmediata en el precio del crudo ni en el costo de la gasolina que ven los que manejan un auto en la estación de servicio”.
Desde la óptica de las compañías, el peligro no pasa tanto por el precio del barril como por verse atrapadas en un rol casi político.
Helima Croft, responsable de materias primas en RBC Capital Markets, advirtió que la presión de Trump podría “forzar a las petroleras a desempeñar un rol cuasi gubernamental en materia de desarrollo de capacidades e infraestructura”. Reducir la influencia militar sobre la industria y sobre la economía más amplia “podría resultar un desafío”, añadió.
Para inversores, traders y ejecutivos del sector energético —incluidos los de América Latina— la ecuación venezolana mezcla reservas extraordinarias, infraestructura colapsada, sanciones, presión geopolítica y un Estado quebrado.
La promesa de “hacer negocios millonarios” existe, pero solo al final de un ciclo de inversión de larga duración, con riesgo político elevado y un retorno que, aun en el mejor de los casos, difícilmente llegue tan rápido como sugiere la retórica.
En el corto plazo, la verdadera batalla no estará en los pozos, sino en los despachos -a donde no llega cualquiera- donde se negocian sanciones, licencias, contratos y garantías.
Fuentes: Reuters, The New York Times, Financial Times, Investing.com
