El riesgo país cayó este martes hasta los 575 puntos básicos y los bonos soberanos en dólares volvieron a subir, en una jornada que prolongó la recuperación iniciada a comienzos de la semana. La mejora financiera coincidió con dos novedades para las cuentas del Estado. El Gobierno amplió la emisión de deuda en pesos para cancelar obligaciones pendientes con empresas de obra pública, mientras que la Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, que el Poder Ejecutivo había mantenido suspendida.

La baja del riesgo país fue significativa después de la tensión de los últimos días. El indicador elaborado por JP Morgan había llegado el viernes a 655 puntos, cerró el lunes en 599 y este martes retrocedió otras 24 unidades, por lo que acumuló una caída de 80 puntos en apenas dos ruedas. 

Los bonos argentinos en dólares acompañaron el movimiento y registraron avances de hasta alrededor de 1,3% durante la rueda. Ambas variables están relacionadas. Cuando aumenta la demanda de esos títulos, sus precios suben y el rendimiento que ofrecen disminuye. Esa reducción acorta la distancia frente a la deuda estadounidense y empuja hacia abajo el riesgo país.

El impulso también estuvo relacionado con el mejor clima regional tras las elecciones presidenciales en Brasil. El resultado de la primera vuelta fortaleció los activos brasileños y favoreció el ingreso de fondos a otros mercados de la región, entre ellos, el argentino. El movimiento permitió que los títulos locales recuperaran parte del terreno perdido en las últimas semanas, aunque todavía operan lejos de los mejores niveles alcanzados durante el año.

En paralelo, el Banco Mundial recortó este martes su proyección de crecimiento para la Argentina. El organismo ahora estima que la economía se expandirá un 2,1% en 2026, frente al 3,6% que había previsto en junio. También redujo su pronóstico para 2027, de 3,7% a 3%, mientras que para 2028 proyecta un avance de 3,5%.

Pese a la revisión a la baja, el organismo espera que la Argentina complete tres años consecutivos de crecimiento entre 2025 y 2027, algo que no ocurre desde hace casi dos décadas. El Banco Mundial vinculó esa trayectoria con el ajuste fiscal, las reformas tributarias y una mayor apertura de la economía, aunque sus nuevas estimaciones anticipan una recuperación más moderada que la prevista meses atrás.

El Gobierno transforma deudas de obra pública en bonos

La recuperación del mercado coincidió con una nueva medida del Ministerio de Economía. A través de la Resolución Conjunta 59/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial, las secretarías de Finanzas y Hacienda autorizaron una ampliación de títulos del Tesoro por hasta $221.119 millones para cancelar deudas pendientes con contratistas de obra pública.

Las deudas corresponden a trabajos ya realizados, materiales comprados para las obras y actualizaciones de precios pendientes entre enero de 2022 y diciembre de 2025, además de contratos de obra pública finalizados a partir de 2024. En otras palabras, el Gobierno no está emitiendo deuda para financiar nuevas obras, sino para cancelar compromisos que el Estado ya tenía con las empresas contratistas.

El pago se realizará mediante una combinación de tres títulos en pesos, en lugar de tener que desembolsar todo el monto en efectivo. Un 33% vencerá el 30 de octubre de este año, otro 33% en enero de 2027 y el 34% restante en abril. Así, dos tercios del monto quedarán para ser pagados durante 2027, lo que permite al Tesoro postergar la mayor parte de esos desembolsos. La deuda no desaparece, sino que cambia la forma y el momento en que el Estado deberá cancelarla.

Los $221.119 millones son el tope que el Gobierno podrá utilizar para cancelar estas deudas, pero eso no significa que vaya a emitir automáticamente bonos por esa cifra. El monto final dependerá de los pagos pendientes que efectivamente ingresen en este esquema. 

El fallo universitario agrega otra presión sobre el gasto

Mientras los mercados mostraban señales de alivio, el Gobierno recibió una decisión judicial que podría tener consecuencias para las cuentas públicas. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, declaró inconstitucional la parte del Decreto 759/2025 que permitía al Ejecutivo frenar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 y ordenó que la norma comience a cumplirse.

La disputa se remonta a 2025. El Congreso aprobó la ley, Javier Milei la vetó y luego ambas cámaras reunieron los dos tercios necesarios para insistir con su sanción. El Ejecutivo finalmente la promulgó, pero dejó su aplicación suspendida hasta que se definieran los recursos necesarios para financiarla.

Cormick consideró que ese procedimiento no era válido. Según el juez, una vez que el Congreso rechazó el veto con la mayoría prevista por la Constitución, el Gobierno no podía recurrir a otro mecanismo para impedir que la ley entrara en vigor. Entendió que el decreto funcionaba como una segunda oportunidad para frenar una norma que el Poder Legislativo ya había ratificado.

La sentencia es de primera instancia, por lo que el Estado todavía puede apelarla. Sin embargo, mientras continúa la disputa judicial, el magistrado ordenó al Ejecutivo que avance con las medidas necesarias para aplicar la ley.

Cuánto puede costar la aplicación de la ley

El impacto económico se debe a las obligaciones que la norma impone. La ley prevé actualizar los recursos para el funcionamiento de las universidades, recomponer los salarios de docentes y no docentes, aumentar las becas estudiantiles y destinar fondos a investigación. Para afrontar esos gastos, también habilita al Ejecutivo a reasignar partidas del Presupuesto y utilizar ingresos que superen las estimaciones oficiales.

Cuando justificó la suspensión de la ley en 2025, el Gobierno estimó que actualizar los salarios docentes y no docentes según lo previsto por la norma costaría unos $2,008 billones durante 2026. Además, calculó que sumar al sueldo básico de los trabajadores no docentes montos que hasta entonces cobraban por separado costaría otros $490.460 millones. En conjunto, esos dos conceptos representaban cerca de $2,5 billones, según las estimaciones oficiales de ese momento.

Eso no significa que el Gobierno deba desembolsar automáticamente $2,5 billones a partir del fallo. Se trata de estimaciones realizadas en 2025 sobre algunos de los gastos previstos por la ley. El costo efectivo dependerá de cómo se aplique la norma, de los fondos ya destinados este año y de las actualizaciones que todavía correspondan.

El fallo es sensible para un Gobierno que busca sostener el equilibrio de las cuentas públicas. Si su aplicación exige aumentar los recursos destinados a las universidades, el Ministerio de Economía deberá encontrar margen dentro del Presupuesto, reasignar partidas o recurrir a las fuentes de financiamiento previstas en la propia ley.