La Libertad Avanza obtuvo en la madrugada del martes la media sanción del Presupuesto 2026, luego de una extensa sesión en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el oficialismo no consiguió su principal objetivo: eliminar el Capítulo XI, que incluía la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y de la Ley de Financiamiento Universitario. La votación de ese apartado resultó adversa para el Gobierno y la lectura que hacen en la Casa Rosada es que la versión aprobada en Diputados no sirve para los fines fiscales que plantea el Ejecutivo.
La decisión de votar el proyecto por capítulos, y no por artículos, no alcanzó para forzar a la oposición a respaldar el punto clave. El Capítulo XI quedó eliminado y con él, las expectativas de que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, pudiera mantener un control absoluto sobre los fondos públicos en 2026.
El revés tiene un trasfondo que trasciende lo técnico. El Gobierno insiste en que la discusión no es de forma ni reglamento, sino política y económica. Déficit versus superávit. Para los libertarios, dejar vigentes leyes que obligan al gasto constituye un freno para alcanzar el equilibrio fiscal, uno de los principales mandatos con los que Javier Milei llegó a la Casa Rosada.
La media sanción obtuvo 132 votos afirmativos en general. Es el primer Presupuesto que consigue avanzar con aval parlamentario desde que La Libertad Avanza asumió el Gobierno, y también marca el estreno legislativo de la nueva composición de la Cámara Baja, donde el oficialismo cuenta con 95 bancas propias y es la primera minoría.
A pesar del clima optimista en la previa, el artículo 75, que contenía la eliminación de las leyes de Discapacidad y Universidades, fue la excepción. El intento de La Libertad Avanza de forzar su aprobación al votarlo como parte de un capítulo no surtió efecto. Los 117 votos afirmativos no alcanzaron frente a los 123 en contra.
La caída del Capítulo XI tuvo un componente clave: el rechazo o la abstención de varios diputados aliados. El entrerriano Darío Schneider, quien llegó al Congreso por el armado conjunto con Rogelio Frigerio, se abstuvo. Y los gobernadores Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco), que habían mostrado cercanía con el Gobierno, cambiaron su posición en las últimas horas.
Hubo también malestar con los mandatarios que, pese a recibir cuantiosos fondos nacionales, no ordenaron a sus diputados que respaldaran el texto completo. El Ejecutivo distribuyó en las últimas dos semanas el 33% de las transferencias de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en seis provincias: Tucumán (US$ 20.000 millones), Misiones (US$ 12.000 millones), Chaco (US$ 11.000 millones), Catamarca (US$ 10.500 millones), Entre Ríos (US$ 7.000 millones) y Salta (US$ 6.000 millones).
Pese a esos montos, la maniobra no funcionó. Algunos, como Raúl Jalil, Osvaldo Jaldo y Gustavo Sáenz, no garantizaron el voto de sus legisladores. El malestar en los despachos libertarios se hizo evidente.
El resultado deja al Gobierno ante un dilema. En el oficialismo barajan la posibilidad de vetar el presupuesto tal como fue aprobado, ya que consideran que no les permite cumplir con el objetivo del superávit primario. Otra alternativa que circula es demorar el envío del texto al Senado y esperar primero el tratamiento del proyecto de Modernización Laboral.
Un sector del oficialismo impulsa una jugada arriesgada: reformar el proyecto, reinsertar el Capítulo XI y enviarlo de nuevo a Diputados. Pero admiten que no tienen los votos para insistir con esa versión. Mientras tanto, se activa el plan B: que Carlos Guberman mantenga el manejo discrecional de los fondos, como ocurrió en 2024 y 2025, cuando se prorrogó el Presupuesto de 2023.
La administración de Javier Milei ya se convirtió en la primera en prorrogar el presupuesto nacional dos veces consecutivas. Esa estrategia facilitó los recortes fiscales, pero también generó tensiones con los gobernadores y con sectores dependientes de fondos específicos como universidades o programas de asistencia.
La media sanción del Presupuesto 2026 representa un avance para La Libertad Avanza, aunque con un fuerte costo político. El Gobierno logró avanzar con el articulado general, pero sufrió un golpe en el apartado que consideraba estructural para alcanzar el superávit fiscal. El desenlace volverá a poner a prueba la capacidad del oficialismo para negociar en el Congreso sin mayoría propia, en un año donde el debate por los recursos y los gastos será central en la agenda pública.
