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Crece el número de argentinos que emigra del país o cambia su radicación fiscal por la presión de los impuestos. Uruguay, Italia y España están entre los destinos más elegidos.

02 Febrero de 2022 15.00

En plena pandemia, allá por septiembre del 2020, un informe elaborado por el especialista en impuestos Iván Sasovsky indicaba que Argentina era el país con mayor carga impositiva de la región. Lideraba con el 106,3%, seguida por Bolivia con el 83,7%, Venezuela con el 73,3%, Colombia con el 71,3%, Brasil con el 65,1%, México con el 55,1%, Uruguay con el 41,8%, Panamá con el 37,2% y Perú con el 36,9 por ciento.

"De cada 100 dólares que gana un empresario argentino, 106 se le debe pagar al Estado", explicó el especialista en aquel entonces. El promedio mundial de este ranking es del 40,5%. En la misma línea, un estudio reciente  encabezado por el economista Marcelo Capello constató que la presión tributaria efectiva argentina subió cerca de 12 puntos en los últimos 20 años y "está entre las más altas de América Latina". 

Paralelamente, reveló que impuestos “distorsivos” como los derechos de exportación, el impuesto al cheque, ingresos brutos (provincias) y tasas de seguridad e higiene que (con diversos nombres) que aplican los municipios, suman casi 8% del PBI.

Christian Vignolo, gerente de Impuestos de Pgk Consultores, afirmó a Forbes Argentina que el impuesto más distorsivo que recae sobre las compañías nacionales es el impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios. 

"Preocupa que con 115.932 millones de pesos recaudados según el último Informe de Recaudación publicado por AFIP (3er Trimestre 2020), se ubica tercero detrás de IVA y Ganancias, lo cual denota un desequilibrio en la consideración de la capacidad contributiva, ya que este impuesto no capta ningún atributo de aquélla, sino que solamente grava los movimientos de fondos en cuentas bancarias" expresa el experto.

La OCDE en un informe de “Impuestos sobre los salarios en América Latina” publicado en 2016 afirmaba que los costos laborales más altos de la región son los de Argentina, que en aquél momento ascendían al 34,2%. Con las modificaciones posteriores, actualmente se está en un promedio del 30% dependiendo de la actividad cuyos costos por ART difieren según el riesgo que afronten y que se incrementaron producto de la pandemia.

En lo que respecta a los impuestos provinciales, las distorsiones del Impuesto a los Ingresos Brutos es lo que más se destaca ya que, de por sí, su existencia nos remite a recordar sus características de Plurifásico (afecta a toda la cadena de producción y servicios por el efecto de su traslado), Indirecto (quien lo liquida no es quien lo paga, lo traslada al precio) y Regresivo (el último eslabón soporta el impuesto sin considerar su capacidad contributiva).

También el “impuesto inflacionario” provocado por la financiación del Tesoro con emisión monetaria es un aspecto muy distorsivo que "además no cumple con el principio de legalidad, es decir, no está aprobado por el Congreso", completa Christian Vignolo.

Qué actividades son las más afectadas

Las actividades mayormente afectadas son las Actividades Primarias (principalmente Agricultura y Ganadería) y la Industria Manufacturera en general. "En el caso de la actividad agropecuaria -refuerza Vignolo-  es muy fuerte la incidencia de las Retenciones que se aplican a las materias primas que producen, sumado a las cargas de Impuestos Provinciales y Municipales que soportan también junto a otras actividades del sector primario".

En este punto, el especialista hizo énfasis en que la incidencia de las Retenciones se da en los precios que se negocian en las Bolsas de Cereales, los cuales se basan en precios internacionales a tipo de cambio oficial y ya tienen descontada la retención que corresponda, que es la que terminan afrontando los exportadores. "Con lo cual, la presión impositiva sobre estos sectores se incrementó en términos reales también por la coyuntura económica citada", sostuvo.

En la actividad industrial puso foco en los "costos laborales por Cargas Sociales" que no se han flexibilizado ya que los descuentos o detracciones promocionales han quedado fijas y desactualizadas, lo cual incrementa la presión por la depreciación de la moneda. La OCDE en un informe de “Impuestos sobre los salarios en América Latina” publicado en 2016 afirmaba que los costos laborales más altos de la región son los de Argentina, que en aquél momento ascendían al 34,2%. Con las modificaciones posteriores, actualmente se está en un promedio del 30% dependiendo de la actividad cuyos costos por ART difieren según el riesgo que afronten y que se incrementaron producto de la pandemia.

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Crece el número de argentinos que migra sus negocios a otros países. (Foto de Uruguay).

"Cabe también una mención especial para el sector industrial automotriz, donde los Impuestos Internos afectan la política de precios, ya que determinados productos que no deberían considerarse bienes suntuosos o de lujo, pueden superar el monto de la escala que les determina una alícuota del 20% sobre el precio de lista que debe soportar el comprador de la unidad", reforzó.

Las empresas argentinas migran a otros países

Según explicó el  gerente de Impuestos de Pgk Consultores, "creemos que las personas humanas fueron los casos más concretos de la emigración del país por la presión impositiva, no sólo a Uruguay sino también a otros destinos como Italia y España".

"Esto se dio en dos marcos. El primero, vía la planificación fiscal de efectuar la radicación en otro país perdiendo la residencia fiscal en la Argentina. Y el segundo, en la cuestión de tomar la decisión de emigrar buscando una estabilidad económica y mejorar la calidad de vida a países en los cuales se les facilita la radicación por poseer ciudadanías", completó.

De esta forma, los casos de emigración a Uruguay responden más a la planificación para bajar la carga de impuestos pero sin alejarse tanto del país y teniendo en cuenta las cuestiones pertinentes para no recuperar la residencia fiscal en Argentina. Y la emigración a Europa está más vinculada a los aspectos de buscar una estabilidad y lograr una menor presión impositiva sobre sus ingresos y patrimonios.

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