Detrás de la euforia que despierta el boom del cobre en la Argentina comienza a asomar un problema estructural. La falta de infraestructura eléctrica es uno de los grandes cuellos de botella de la revolución minera y ya está desatando una fuerte pelea entre todos los actores del sector, que no logran ponerse de acuerdo en las obras a realizar y en cómo repartirse esa capacidad adicional.
El asunto estuvo en casi todas las charlas de pasillo de la Expo San Juan Minera de la última semana en la que estuvo Karina Milei y donde se lanzaron dardos cruzados de cara a la audiencia pública que terminaría de resolver el caso.
Todo comenzó tras una resolución del 2025 que habilitó la construcción de este tipo de redes de transmisión bajo un esquema de financiamiento privado donde las compañías pueden obtener prioridad de uso sobre el excedente que generen.
Amparada en esa normativa, Vicuña (el mayor proyecto de cobre del país) consiguió la aprobación del ENRE (Ente Nacional de Regulación Eléctrica) para quedarse con el 90% de la capacidad adicional que origine su plan de obras.
El problema fue que esa prioridad no solamente aplicaría para las redes nuevas, sino para todo un corredor preexistente que también necesitan otros grandes jugadores de la minería para poder operar.
La resolución provocó el rechazo inmediato tanto del gobierno sanjuanino como de otras mineras con proyectos de cobre en la región cuyana que aseguran que, de esta manera, las dejan una capacidad mínima de la línea San Juan – Rodeo que fue construida con fondos públicos y diseñada para poder escalar a 500 kv. El gris de la situación radica en que, sin las obras de Vicuña, este tramo seguiría funcionando en 132 kv, pero sin la inversión hecha por Nación, el desembolso de la empresa hubiese tenido que ser mucho más alto.
La crítica más contundente que forzó a una retractación del ENRE fue que se autorizó la demanda de la segunda fase de Vicuña (Filo del Sol) que todavía no cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental aprobado. De ahí que el organismo regulador reconoció: “corresponde subsanar el error material e involuntario, de modo tal que solo refieran textualmente al proyecto minero Josemaría” y acotó la demanda a 260 MW. Un número que no contempla la segunda y tercera fase que elevaría la demanda de Vicuña a 620 MW.
No obstante, el accionar del ENRE no satisface a los detractores de Vicuña, quienes alegan cierto favoritismo por parte del Poder Ejecutivo para esta empresa y se preguntan ante la consulta de Forbes: “¿Quién nos garantiza que, si levantamos lo objeción, después no hagan marcha atrás con otra cosa?”.
El próximo paso tendrá lugar el 3 de junio en una audiencia pública no vinculante convocada por el ENRE para subsanar una cuestión que podría sentar un precedente para las próximas ampliaciones que se necesitarán en el sistema para el resto de los proyectos mineros.
“La cuestión de fondo es que falta planificar al sector como un todo. El Estado se corrió de ese rol y en la minería no tenés a un jugador como YPF que ordene al resto y pueda articular una inversión entre todos los jugadores como pasó con el oleoducto VMOS que fue financiado por todas las petroleras”, destacó una fuente de la industria a este medio.
En este caso, hay dos líneas de alta tensión que se necesitarían construir para poder garantizar la demanda de todos los proyectos de cobre sanjuaninos. La que genera mayor consenso entre los especialistas es el cierre del anillo con La Rioja (Rodeo – La Rioja Sur), lo que le daría una estabilidad mucho mayor al sistema.
Es una línea que fue pensada hace más de 10 años y que tiene una oferta de financiamiento de 400 millones de dólares por parte de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y el Banco Europeo de Inversión (BEI).
Se trata de un crédito a 15 años destinado al gobierno de San Juan, con un plazo de gracia de 5 años y una Tasa Interna de Retorno (TIR) muy positiva porque aumentaría fuertemente la capacidad de generación renovable y tendría una enorme demanda minera asegurada.
La provincia podría pagar los vencimientos con un fee que le cobraría a las empresas o una especie de consorcio, aunque todavía no está convencida de esta alternativa porque compromete partidas presupuestarias. “Los cupos de crédito no son ilimitados y tenemos otras prioridades crediticias como la construcción de rutas”, indican fuentes allegadas a la gobernación.
La otra contra es que el paso por La Rioja genera mucho temor dentro del sector privado, al ser un distrito históricamente hostil frente al capital minero que hace pocos días bloqueó el camino de acceso a Vicuña como mecanismo de presión para incrementar la contratación de mano de obra local.
“Si puedo evitar al gobernador Quintela, lo evito. Una vez que le abrís la silla, no lo bajás más. Y por más que el crédito de la AFD vaya exclusivamente para San Juan, necesitás los permisos ambientales de La Rioja”, comentó otro partícipe de estas negociaciones.
La ruta alternativa sería por el sur desde la Estación Transformadora Gran Mendoza hasta Calingasta, el nodo eléctrico más cercano al proyecto Los Azules de la canadiense McEwen. “Estamos en conversaciones con ambas provincias. Lo importante es que todas las generadoras renovables top están dispuestas a poner dinero y colaborar”, dicen desde las filas del gobernador Orrego.
Qué pasa con el resto de los proyectos
La esperanza de la mayor parte del sector con la que conversó Forbes es que luego de la audiencia pública, el ENRE confirme su rectificación y otorgue una prioridad de uso a Vicuña que solamente contemple sus necesidades energéticas para la fase uno de Josemaría.
“Lo lógico es que le den 260 MW o 300 MW y a medida que se construya nueva infraestructura se vaya habilitando”, dice una fuente allegada a una gran generadora. De este modo, el otro gran proyecto cupífero que se pondría en marcha para esta fecha como Los Azules (y el único con RIGI aprobado), podría reservarse capacidad suficiente para satisfacer sus necesidades energéticas.
Lo único que les faltaría construir es un tendido eléctrico de 132 kv desde Calingasta hasta la mina y una nueva subestación, obras que demandarían una inversión de 440 millones de dólares y que estarían a cargo de YPF Luz si se confirma el memorándum de entendimiento firmado hace algunos meses. Así, podrían garantizarse un consumo 138 MW en la fase inicial, que luego podría escalar hasta 150 MW o 184 MW dependiendo del grado de electrificación de la mina.
Otro de los gigantes del cobre que apuesta por la Argentina es Glencore. Uno de sus dos proyectos se encuentra en esta misma provincia y es el segundo más grande después de Vicuña. Su demanda eléctrica se calcula entre 300 MW y 400 MW, pero al estar tan cerca del límite con Chile y de la minera Los Pelambres, podrían apelar a una conexión por el otro lado de la Cordillera tal como hizo Barrick con Veladero.
