A fin de año vence la ley que protege a uno de los pocos sectores de la economía argentina que mantuvo una política de Estado durante los últimos diez años y el Congreso tiene el desafío de aprobar una nueva normativa en este clima de conflictividad total por las elecciones.
Los diputados oficialistas Martín Maquieyra (PRO) y Lorena Villaverde (LLA) presentaron un proyecto que prorroga la estabilidad tributaria hasta el 2045 y así blinda a las renovables de posibles impuestos al viento o al sol como se intentó en algunos municipios en el pasado.
Según el documento, los objetivos son "prorrogar la vigencia de las exenciones y/o no gravabilidad previsto en el artículo 17 de la Ley N° 27.191; adecuar ciertas disposiciones del régimen en consonancia con los lineamientos de desregulación y modernización del mercado eléctrico establecidos en la Ley Bases; y reforzar la seguridad jurídica mediante precisiones normativas que reduzcan la litigiosidad y doten de mayor certidumbre a los beneficiarios del régimen".
En diálogo con Forbes, el autor del proyecto afirmó: "Este año vence la estabilidad tributaria. Por eso trabajamos con el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las cámaras empresariales del sector para dar en esta nueva prórroga que garantice la estabilidad. El sector ya tomó vuelo propio. De hecho, hay varios proyectos en el RIGI y otros por fuera. De resolver la cuestión del transporte, habría más".
"Este proyecto es un paso clave para consolidar una política energética moderna, sostenible y atractiva para las inversiones, que fortalezca la seguridad jurídica y promueva el desarrollo económico en un marco de libertad y apertura", expresó la diputada Lorena Villaverde.
Además de la prórroga de beneficios impositivos, el proyecto propone sacar a Cammesa como intermediario en la contratación, en línea con la visión desreguladora de la Ley Bases que apunta a mantener una comercialización entre privados en todas las áreas, sin la presencia estatal.
Por otro lado, busca incorporar el uso de nuevas tecnologías como inteligencia artificial y reducir la litigiosidad del régimen con una mayor seguridad jurídica. En el sector renovable consideran que es "lo básico" y "lo único posible" teniendo en cuenta el contexto electoral, aunque sostienen que deberían sumarse algunas modificaciones más adelante.
"Argentina necesita un instrumento más poderoso y ambicioso para otorgarle más impulso a las renovables si queremos cumplir con la NDC, nuestra meta de reducción de emisiones", manifestó Juan Carlos Villalonga, ex Diputado Nacional, consultor energético y uno de los mayores promotores de la legislación sectorial.
En el gobierno consideran que existe el consenso necesario para poder aprobar la ley antes del 31 de diciembre, pero reconocen que el clima electoral no ayuda en lo más mínimo. La intención es empezar a debatirlo en las próximas semanas en comisión, tratar de lograr un dictamen para mediados de septiembre y buscar aprobarlo después de las elecciones junto con la ley de hidrógeno, que anticipó Forbes en exclusiva.
En un guiño hacia el peronismo, subrayaron en los fundamentos del proyecto que "después de 3 administraciones de distinto signo político, desde el 2016 se invirtió en 6,5 GW de generación de energía eléctrica de fuentes renovables, alcanzando una participación de 17,4% de la Demanda del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) en el primer semestre del año 2025".
"Las administraciones siguientes mantuvieron el rumbo general y sus principales instrumentos, lo que permitió consolidar avances más allá de los cambios de signo político. Esta continuidad normativa y de políticas públicas favoreció un proceso sostenido de inversiones, con reglas estables, contribuyendo a una transformación estructural del sistema energético", agregaron respecto al proyecto original aprobado en los últimos días del segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.