Luego de las traumáticas elecciones legislativas, el Gobierno iniciará una convocatoria con casi todos los gobernadores a pedido del FMI y del Tesoro de los Estados Unidos para intentar aprobar las famosas reformas estructurales.

A cambio, cada provincia irá con una serie de pedidos donde se destacan obras de infraestructura, revisión de la Ley de Glaciares y extensión del RIGI en el caso de los distritos mineros.

La principal prioridad es modificar la Ley de Glaciares para clarificar su reglamentación que hoy es muy vaga y, en consecuencia, arroja el temor de poder suspender casi cualquier proyecto donde haya un manchón de nieve que pueda ser considerado un periglaciar.

"Espero que encontremos la forma para reglamentar esa ley, puede ser a través de un decreto, puede ser a través de un acuerdo, eso será parte de la estrategia del gobierno. Estamos en una etapa donde tenemos la macro ordenada, tenemos el RIGI, se eliminó el Cepo, todas las condiciones están dadas, ahora falta trabajar sobre ese tema", dijo a Forbes el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego en el Seminario Iniciativa Minera Sueca. 

Acá surge el interrogante de si un decreto tendrá la suficiente solidez como para que las empresas se arriesguen a invertir sumas que llegan hasta los 15.000 millones de dólares con la posibilidad de que un juez ambientalista dicte una medida cautelar que paralice las obras.

La cuestión es que nadie quiere pagar el costo político de lo que implicaría aprobar una ley de un tema tan sensible. "Se puede enviar una ley al Congreso, puede ser detrás de un acuerdo federal que también debería pasar por el Congreso, el equipo del Presidente va a ser en definitiva quien determinará la decisión", afirmó Orrego que, como otros mandatarios, no quieren ser los protagonistas del asunto, aunque necesitan su resolución de manera urgente. 

Desde Mendoza tienen la misma preocupación a pesar de que el primer proyecto que tienen para salir a la cancha (San Jorge) se encuentra a baja altura y, en consecuencia, no está cerca de ningún área periglaciar.

"Sí comparto que hay un déficit normativo, porque si bien está la ley, hay autoridades de aplicación con competencias concurrentes. A partir del 94', la autoridad de aplicación, la titularidad de los recursos, entre ellos el ambiente, también es de las provincias y eso ha quedado más que claro. Entonces creo que, en aras de la certidumbre, la seguridad jurídica, tendríamos que ponernos todos los actores de acuerdo en una reglamentación que permita la preservación del ambiente, pero a la vez el desarrollo de estas actividades", coincidió Jimena Latorre, ministra de Energía y Minería.

El otro tema candente es la parálisis de obras que decretó Milei desde que asumió la presidencia, con la idea de impulsar un esquema de iniciativa privada que por el momento no termina de prosperar. En ese sentido, a pesar de buscar financiamiento con organismos internacionales, las provincias sostienen que hay rutas que necesitan obligatoriamente el compromiso nacional.

"Es toda una simbiosis entre lo público y lo privado. Tenemos que estar abiertos a poner sobre la mesa lo mejor que creamos y me parece que eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Pero habría que hacer un esquema que solamente con la iniciativa privada de obras no alcanza, que hay que hacer algo de la pública a cargo de la Nación. Lo que pasa es que va a ser una necesidad, son rutas nacionales, habrá rutas que por ahí se pueden concesionar, pero otras que no. Podrían ser adelantos de regalías, por ejemplo", propuso Orrego.

Finalmente, la extensión de los plazos del RIGI por un año adicional que está previsto en la Ley Bases es otra de las cuestiones que solicitan desde las provincias para darle tiempo a muchos proyectos que todavía no llegaron a cumplir todos los pasos necesarios para presentarse.

"La autoridad de aplicación se dio cuenta que muchos de los proyectos, sobre todo los de minería y algunos también de hidrocarburos, tienen una complejidad tal que incluso para analizarlos desde la autoridad de aplicación, requieren un plazo de extensión y además justamente en aras a que esta estabilidad se sostenga y eso genere mayor atracción de inversiones, quizá sea buena una prórroga para que inversiones que aún no han aplicado", destacó Latorre.