Esfuerzo y un poco de suerte son parte de la receta dispuesta por el Gobierno para alcanzar la meta de superávit primario fijado en el acuerdo con el FMI. El esfuerzo va de la mano de un estricto ajuste en las cuentas del Estado, sumado a una más severa conducta de freno en la emisión. El camino está surcado en el comienzo del año con un superávit financiero de $ 518.408 millones, producto de un superávit primario de $ 2.010.746 millones y del pago de intereses de la deuda pública neto de pagos intrasector público, que alcanzó los $ 1.492.338 millones. Economía aprovechó y sacó chapa de este resultado.

Los ingresos totales del Sector Público Nacional de enero alcanzaron los $ 6.147.232 millones (un alza del 256,7% interanual). La recaudación tributaria presentó un crecimiento del 256,9% i.a. explicado tanto por el desempeño del comercio exterior como de la actividad económica interna. En el primer punto, los derechos de exportación crecieron un 574,3% i.a., mientras que los de importación registraron una suba del 377,3% i.a.

Los derechos de exportación aparecen como clave en la búsqueda del ejercicio fiscal. Las marchas y contramarchas en las retenciones a los productos del agro dejaron expuesta la sed de divisas por parte del Gobierno más allá de las promesas de bajarlas en plena campaña.

Hay que recordar la importancia del complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, en el total de las exportaciones argentinas, que en 2022 aportaron el 48% del total de las ventas externas de la Argentina, según datos del Indec.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2% del total), un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial que tiene actualmente una capacidad ociosa cercana al 50%, según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC). El segundo producto más exportado el año pasado, de acuerdo con el Indec, fue el maíz (11%), y el tercero, el aceite de soja (6,9%).

Hoy, funcionarios nacionales reconocen la necesidad del esfuerzo de este sector productivo de cara a estabilizar la economía y ahí sí, por fin, darle el batazo ¿final? a este impuesto que le pone un pie a la rentabilidad de un sector que puede obtener grandes ganancias cuando los vientos soplan de cola, pero con un gran abanico de riesgos imponderables.

De hecho, esa suerte que se pensó muy al comienzo del gobierno de Javier Milei que proyectaba una cosecha récord comenzó a resquebrajarse con las altas temperaturas que se presentaron en buena parte del verano. Al calor y las plagas hay que sumarle un efecto externo: la baja internacional de los precios de los granos.

“Los dólares del campo no van a estar en la magnitud esperada. El trigo, el maíz y la soja bajaron considerablemente desde junio de 2022. La caída de la soja rondaría el 45%, mientras que la de trigo y maíz supera el 50%. Esto deja al productor de campo con pocas posibilidades de rentabilidad, en un contexto de altas retenciones, tipos de cambio diferenciales para la exportación e importación, mal clima, alquileres altos y una inflación galopante”, enumera el economista Salvador di Stefano. Según el especialista, en 2022 los ingresos del campo sumaron US$ 46.500 millones; en 2023 ingresaron US$ 23.500 millones y para 2024 serán menos de US$ 33.000 millones. “Es un escenario de pobres ingresos”, sintetiza.

Un poco más optimista es el pronóstico del Ieral, que advierte que los cálculos de las exportaciones netas de los productos agropecuarios se aproximarían a US$ 37.500 millones en el ciclo comercial de la campaña 2023/24 y a US$ 35.500 millones en 2024. Se trataría de una mejora de US$ 11.300 y US$ 7.500 millones, respectivamente.

Lejos de las necesidades del Gobierno, los precios internacionales de las commodities iniciaron el año a la baja. Según el informe del Ieral, en el caso de la soja, el mercado de Chicago pasó de pagar más de US$ 550 la tonelada a comienzos del 2023 a US$ 479 la tonelada en diciembre 2023 y US$ 455 la tonelada en enero del 2024. De acuerdo con las cotizaciones futuras, la baja no encontrará su piso: la oleaginosa seguirá este sendero en el primer trimestre y septiembre, para cerrar a US$ 413 la tonelada hacia fines de este año.

De confirmarse, este escenario de precios implicaría una pérdida del 18% del valor real de la oleaginosa en 2024 (con relación a 2023) y del 24% a 28% comparado con los picos 2021-2022. Desde Allaria indican que, de acuerdo con las estimaciones a fin de febrero, las expectativas de cosechas abundantes en América del Sur siguen pesando sobre la formación de los precios de los granos, llevando al maíz y a la soja a mínimos de los últimos tres años.

Aun en este escenario debilitado de precios internacionales, las exportaciones de las cerealeras y aceiteras nucleadas en Ciara-CEC representaron ingresos por US$ 1.522 millones en enero, un 64% superior a lo generado un año antes y un 22% más respecto de diciembre de 2023.

Más amplia, la mirada del Consejo Agroindustrial Argentino indica que el sector agroindustrial exportó 21% más en enero que en igual período del 2023 y un 27% respecto de diciembre, US$ 698 millones adicionales. Los complejos con mayor crecimiento relativo fueron el algodonero, el trigo y el yerbatero. Los complejos de trigo, maíz y girasol fueron los de mayor contribución al crecimiento interanual, mientras que los de soja, avícola y arrocero fueron los que más amortiguaron dicho incremento.

Acuerdos

Con la certeza de que el camino está en la apertura al mundo, las entidades del campo avanzan en una agenda de convencimiento político. La Mesa de Enlace no solo aceita el vínculo con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, con quien empezaron a los tirones por la suba de retenciones y luego fueron acomodando las diferencias, sino con la canciller Diana Mondino.

Dentro de los temas en carpeta, figuran las consecuencias de la entrada en vigencia del reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación en las exportaciones argentinas. En el último trimestre del año pasado, tres embarcaciones con más de 46.000 toneladas de soja libre de deforestación partieron de puertos argentinos con destino a España e Irlanda.

Estos envíos fueron resultado de las pruebas piloto de la implementación del Protocolo VISEC en Argentina, cuyas exigencias están alineadas con los requisitos de la Regulación 2023/1115 de la Unión Europea vinculada a productos libres de deforestación, que entrará en vigor el 30 de diciembre de 2024. El objetivo fue consolidar mercadería proveniente de campos que no han sido deforestados de forma posterior a diciembre 2020 y cuyos granos han sido respectivamente trazados y segregados a lo largo de todo el flujo de la cadena comercial, desde el campo hasta el puerto.

Otro tema planteado es el del estado de las negociaciones por el Acuerdo de Asociación Estratégica Mercosur-UE. El tema agita tensiones a ambos lados del Atlántico. La UE ha tenido que empezar a ceder en la dureza del Pacto Verde, en especial el capítulo ligado al campo, eliminando el objetivo de reducir las emisiones agrícolas de su hoja de ruta climática para el 2040.

Pero la parte que más preocupa y exalta a los productores es la relacionada con la apertura de las importaciones, que aducen genera desigualdad a la hora de producir y una diferencia de precios que los afecta. El tratado de comercio de la UE y el Mercosur no pudo aún cristalizarse, en parte por la necesidad de que América del Sur se integre a las medidas climáticas impulsadas por Europa.

Mientras los productores argentinos ajustan sus números a la nueva realidad –fuerte incremento en los insumos y precios vinculados al dólar frente a la caída de precios internacionales de los granos, daños por las altas temperaturas, retenciones en los productos de mayor producción–, el Gobierno empieza a tirarle una soga a su principal aliado, no solo por el aporte de divisas sino por el tajante apoyo expresado desde la campaña.

Así, por ejemplo, el BCRA levantó el cepo para la compra de dólar MEP para aquellas empresas que vendieron dólar soja. Según Di Stefano, la medida generaba muchos problemas para cooperativas, mutuales y empresas del sector del agro que buscaran cobertura en el dólar financiero. La cintura política del campo se pone a prueba frente al cambio de aires del nuevo Gobierno.