La economía argentina enfrenta el desafío de transformar los avances en materia de estabilización macroeconómica en una recuperación sostenida de la actividad y el empleo. Con ese objetivo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de Javier Milei acordaron una serie de medidas para impulsar la inversión privada, ampliar el financiamiento y fortalecer la generación de puestos de trabajo.
El entendimiento contempla cuatro líneas de acción, que fueron detalladas por Julie Kozack, directora del Departamento de Comunicaciones del FMI, durante una conferencia de prensa en Washington. Las iniciativas tienen distintos grados de avance, ya que algunas parten de reformas aprobadas y concesiones adjudicadas, mientras que otras requieren ampliar el acceso al crédito o concretar inversiones.
El planteo surge en un momento de incertidumbre sobre la evolución de la actividad. Tras la contracción registrada en el segundo trimestre, distintas estimaciones privadas señalaron que la economía también podría haber retrocedido en el tercero, lo que abriría la posibilidad de una recesión técnica. Frente a ese escenario, el Fondo respaldó la continuidad de las políticas económicas, aunque destacó la importancia de adoptar medidas que favorezcan la recuperación.
1. Desarrollar los mercados de capitales y ampliar el crédito hipotecario
La primera medida acordada busca ampliar el acceso al financiamiento para empresas y familias mediante el desarrollo de los mercados de capitales y de créditos hipotecarios. Según el FMI, estas herramientas permitirían impulsar la inversión privada y fortalecer la demanda interna.
Para las empresas, un mercado de capitales más desarrollado ofrecería más alternativas para obtener fondos a largo plazo, destinados a la compra de maquinaria, la ampliación de instalaciones o la puesta en marcha de proyectos productivos. De esta manera, podrían acceder a recursos sin depender exclusivamente de los préstamos bancarios.
En el caso de las familias, una mayor oferta de créditos hipotecarios facilitaría el acceso a la vivienda y podría impulsar la actividad de la construcción y de otros sectores relacionados. Sin embargo, la expansión del financiamiento dependerá de las tasas de interés, los plazos de devolución y la capacidad de pago de quienes soliciten préstamos.
2. Profundizar la flexibilidad laboral para impulsar el empleo privado
La segunda medida busca mejorar la flexibilidad del mercado laboral para facilitar la contratación de trabajadores en el sector privado. Durante su presentación, Kozack vinculó esta prioridad con la reforma laboral aprobada a principios de 2026, que introdujo cambios en las condiciones que regulan las relaciones de trabajo.
El Gobierno busca que estas modificaciones reduzcan las dificultades que enfrentan las empresas para ampliar sus equipos de trabajo. Según el FMI, esto permitiría que una eventual recuperación de la actividad económica se traduzca en una mayor generación de empleo.
Sin embargo, el impacto de la reforma también dependerá de la evolución de las ventas, las inversiones y las expectativas de las empresas, factores que inciden directamente en las decisiones sobre la incorporación de personal.
3. Avanzar con las concesiones de infraestructura adjudicadas
La tercera medida apunta a poner en marcha las concesiones de infraestructura que el Gobierno adjudicó recientemente. A través de estos contratos, las empresas privadas pueden asumir tareas de construcción, mantenimiento u operación de infraestructura, según las condiciones establecidas para cada proyecto.
La ejecución de estas iniciativas podría impulsar la actividad de la construcción, aumentar la demanda de insumos y favorecer la contratación de trabajadores. Además, las mejoras en la infraestructura permitirían reducir los costos de transporte y logística, lo que beneficiaría la competitividad de las empresas.
Si bien Kozack incluyó las concesiones entre las prioridades acordadas, no precisó qué proyectos están incluidos ni los plazos previstos para su ejecución. Por eso, su impacto económico dependerá del volumen de las inversiones y del ritmo de las obras.
4. Facilitar las inversiones estratégicas aprobadas bajo el RIGI
La cuarta medida busca acelerar la ejecución de proyectos incluidos en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una herramienta del Gobierno de Milei para atraer inversiones de gran escala. El programa ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios a las empresas que cumplen determinados requisitos, con el objetivo de facilitar proyectos que requieren grandes desembolsos de capital y plazos prolongados para recuperar la inversión.}
Según los datos difundidos por el FMI en la tercera revisión del programa económico, las inversiones aprobadas bajo el RIGI superan los US$ 76.000 millones. Sin embargo, esa cifra corresponde a proyectos autorizados y no significa que la totalidad de esos fondos ya haya ingresado al país.
El acuerdo con el FMI y el desembolso de US$ 900 millones
Las cuatro medidas forman parte de la tercera revisión del programa económico que la Argentina mantiene con el FMI, bajo un acuerdo de financiamiento de 48 meses. El entendimiento técnico se anunció el 27 de octubre y contempla un posible desembolso de US$ 900 millones.
En su evaluación, el organismo destacó los avances en la desaceleración de la inflación, la disciplina fiscal y la acumulación de reservas internacionales. Según informó, las reservas internacionales netas superaron en aproximadamente US$ 4.000 millones la meta fijada para fines de junio. Además, el Banco Central compró cerca de US$ 16.000 millones en lo que va de 2026.
Entre los compromisos asumidos, el Gobierno deberá alcanzar un superávit fiscal primario del 1,4% del PBI en 2026 y mantener un esfuerzo similar en 2027. En materia monetaria, continuará con las medidas destinadas a reducir la inflación, fortalecer las reservas y sostener el régimen de bandas cambiarias.
El desembolso todavía depende de la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI, que tiene previsto analizar la revisión a principios de diciembre. Kozack aclaró que los pasos pendientes incluyen procedimientos internos del organismo y no implican necesariamente nuevas exigencias económicas para el Gobierno.
La funcionaria también evitó anticipar una decisión sobre un eventual perdón por el incumplimiento de una meta fiscal, ya que esa decisión corresponde al Directorio. Respecto al riesgo país, no ofreció pronósticos, aunque señaló que la continuidad de las políticas acordadas y el fortalecimiento de la posición externa son factores importantes para reducirlo.
