El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, que le otorga al gobierno estadounidense el control sobre un potencial de 65.000 millones de barriles de reservas comprobadas y que ambos gobiernos anunciaron el 28 de agosto, constituye un esquema complejo que despertó de inmediato numerosas especulaciones sobre los verdaderos motivos detrás de la decisión.
Buena parte de las versiones sobre el acuerdo, supuestamente negociado por el Secretario de Estado Marco Rubio y el Secretario de Guerra, Pete Hegseth, con la Presidenta venezolana Delcy Rodríguez, son poco realistas y reflejan una falta de comprensión sobre las motivaciones detrás del acuerdo y lo que realmente se necesita para poner en marcha un importante yacimiento de recursos en el mundo moderno.
Qué no busca el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela
Primero, conviene precisar qué no busca este acuerdo. El pacto de Donald Trump con el gobierno de Rodríguez no apunta a generar efectos inmediatos ni a provocar, en el corto plazo, una baja en los precios del petróleo y la nafta. Tampoco busca reemplazar de inmediato el crudo que Estados Unidos importa cada día desde Canadá por petróleo venezolano. La posibilidad apunta más bien al largo plazo, sobre todo ante el acercamiento de Canadá a China y una relación más favorable entre Washington y el gobierno de Venezuela.
El acuerdo no provocará una caída inmediata del precio del petróleo hasta US$ 60 por barril, ni hará que la nafta vuelva la próxima semana a los valores que tenía antes del 1 de marzo.
Una proporción elevada de las áreas incluidas en el acuerdo corresponde a terrenos greenfield, es decir, zonas que todavía no cuentan con infraestructura ni con explotación petrolera previa. Es probable que ponerlas en producción demande entre 7 y 10 años. Gran parte de las superficies restantes corresponde a desarrollos brownfield, yacimientos que ya tuvieron actividad e infraestructura, pero que quedaron deteriorados por falta de mantenimiento durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. Recuperar esos activos requerirá tiempo y miles de millones de dólares en inversión de capital antes de alcanzar la primera producción o incrementar los niveles actuales.
De qué se trata el acuerdo
En términos simples, el acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela es una apuesta a largo plazo. El objetivo es reemplazar parte de la producción local y de las importaciones provenientes de gobiernos poco amistosos con Washington por volúmenes extraídos de un activo de gran importancia geopolítica ubicado en otro país que, según trascendió, permanecerá bajo control estadounidense durante 100 años.
La duración del acuerdo es significativa porque la historia de la industria petrolera muestra que desarrollar por completo estos recursos del subsuelo y ponerlos en producción demandará varias décadas.
Los motivos estratégicos detrás del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela
Los flujos de petróleo provenientes de Medio Oriente parecen haber recuperado, por ahora, los niveles necesarios para mantener cierto equilibrio en el mercado mundial, aunque todavía quedan obstáculos importantes antes de alcanzar una estabilidad real y duradera.
Después de todo, Estados Unidos no puede recurrir indefinidamente a su Reserva Estratégica de Petróleo, el stock de crudo que el gobierno mantiene para responder a emergencias o interrupciones graves del suministro. A su vez, la industria local de refinación tampoco puede sostener durante mucho más tiempo una utilización del 96% de su capacidad, ya que las refinerías necesitan detener parte de sus operaciones periódicamente para realizar tareas de mantenimiento e inspecciones de seguridad.
Sin embargo, Goldman Sachs y otros actores del mercado coincidieron en los últimos días en que las estimaciones de Estados Unidos sobre el volumen de crudo que actualmente llega al mercado probablemente sean correctas. A eso se suma que el bloqueo naval estadounidense cumple su objetivo de impedir que Irán exporte petróleo, lo que alimenta la expectativa de que la peor parte de la crisis ya haya quedado atrás. Esta situación, junto con las medidas de otros países exportadores del Golfo Pérsico para desarrollar rutas alternativas que permitan sacar su crudo al mercado internacional, aumenta la presión sobre el gobierno iraní para encontrar una salida al conflicto.
El gobierno de Trump sabe que las consecuencias económicas para Estados Unidos por el cierre del estrecho de Ormuz podrían haber sido mucho peores. El país consiguió evitar parte de los efectos más graves de la crisis en otras naciones gracias a su elevado nivel de seguridad energética.
Pero Trump y sus principales asesores también saben que Estados Unidos no siempre encabezará la producción mundial de petróleo y gas natural. Los enormes yacimientos de shale que hoy impulsan la producción estadounidense alcanzarán en algún momento su punto máximo y luego comenzarán a declinar. Sin nuevos descubrimientos dentro del país que tengan la escala y las condiciones de acceso necesarias para reemplazarlos, resultará imposible mantener el nivel total de producción.
La caída no llegará tan pronto como sostienen los críticos de la industria ni quedará tan lejos en el tiempo como creen los más optimistas. Pero llegará. Así funciona esta industria y forma parte de su ciclo habitual.
El deterioro de la relación con Canadá también pesa
En este punto entra en juego la relación cada vez más tensa entre Estados Unidos y el gobierno de Mark Carney en Ottawa. Aunque el país produce más de 20 millones de barriles diarios de petróleo crudo y otros líquidos derivados del petróleo, ese volumen no alcanza para cubrir todo su consumo diario. A eso se suma una limitación persistente en la capacidad de refinación para procesar los millones de barriles de crudo liviano y de bajo contenido de azufre que provienen de la Cuenca Pérmica y de otras grandes áreas productoras de shale. Como resultado, Estados Unidos debe exportar millones de esos barriles cada día a países con refinerías capaces de procesarlos.
Esos barriles que Estados Unidos exporta deben compensarse con importaciones provenientes de otros países y, como señalé en una nota reciente, durante los últimos años buena parte de esas compras correspondió a crudo canadiense producido en Alberta. El petróleo pesado extraído de las arenas bituminosas —depósitos de los que se extrae un petróleo muy pesado— de Canadá tiene justamente las características que muchas refinerías del Medio Oeste y de la costa del Golfo de Estados Unidos fueron diseñadas para procesar. Además, sus exportaciones hacia el mercado estadounidense representaron una importante fuente de ingresos para la economía canadiense, que desde 2015 quedó entre las de menor crecimiento dentro de los países de la OCDE.
Durante años, esa relación comercial directa entre dos países vecinos, cuyos gobiernos mantuvieron vínculos amistosos hasta hace poco, redujo la presión sobre el gobierno federal canadiense para autorizar la construcción de oleoductos que atravesaran el país de este a oeste y de otras grandes obras vinculadas con las arenas bituminosas. A su vez, la falta de inversión en infraestructura en Canadá facilitó que los gobiernos de Carney y de su antecesor, Justin Trudeau, impulsaran sus objetivos de alcanzar emisiones netas cero para 2050, una política que sus críticos califican de una forma de exhibir compromiso ambiental sin asumir todos sus costos económicos. Durante mucho tiempo, el esquema resultó beneficioso para ambos países.
Pero ahora, ante el marcado acercamiento de Carney a China y las agresivas políticas comerciales y arancelarias de Trump, aquella relación amistosa entró en una etapa de fuertes tensiones. Mientras en Canadá gana espacio el debate sobre rutas alternativas para exportar el crudo de Alberta, el acuerdo con Venezuela le permite a la Casa Blanca señalar una posible fuente de reemplazo a largo plazo.
La competencia con China y Rusia, otra clave del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela
La disputa entre Estados Unidos y China por la influencia geopolítica y el liderazgo global también ocupa un lugar central en esta estrategia. Durante el gobierno de Maduro, Venezuela y su industria petrolera quedaron bajo una mayor influencia china, mientras Rusia también amplió su presencia en el sector. Trump dejó en claro su intención de frenar el avance de ambos países rivales, tanto en Venezuela como en el resto del hemisferio occidental. Cada medida que su gobierno tomó este año en relación con Caracas respondió a ese objetivo general.
El acuerdo anunciado el viernes le da a Estados Unidos una posición firme en Venezuela y, con toda probabilidad, implicará una presencia significativa de fuerzas estadounidenses encargadas de tareas de seguridad en el país, lo que serviría como elemento de disuasión frente a nuevos avances de China y Rusia. Una presencia de ese tipo parece difícil de evitar si Washington pretende atraer nuevamente grandes inversiones de compañías con baja tolerancia al riesgo, como ExxonMobil, hacia la industria petrolera venezolana.
En definitiva, se trata de una apuesta a largo plazo que busca reforzar la seguridad energética de Estados Unidos y del hemisferio occidental durante los próximos 25 años y más allá. Los automovilistas estadounidenses podrían beneficiarse con el tiempo, pero no deberían esperar que los efectos del acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela se reflejen pronto en el precio de la nafta.
*Esta nota fue publicada originalmente en Forbes.com.
