Tras la aprobación en la Cámara de Diputados, el Gobierno busca avanzar en el Senado con el proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, iniciativa que fue analizada en un reciente informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la influyente asociación global del sector financiero. 

Según las conclusiones de esa revisión, queda claro que el proyecto apunta a convertir la estabilidad de precios en la misión fundamental de la autoridad monetaria y a restringir de manera drástica el financiamiento al Tesoro. Pero otras atribuciones previstas en ese mismo texto hacen que el éxito de la reforma dependa más de su implementación que de la letra de la ley.

El diagnóstico oficial, según la IIF, es claro: la inflación ha sido alimentada por déficits persistentes, emisión monetaria y pérdida de credibilidad. Entre 2003 y 2023 las transferencias del BCRA al Tesoro equivalieron a un 64% del PBI, incluyendo adelantos transitorios, distribución de utilidades y uso de reservas. Este patrón debilitó el balance del Banco Central y consolidó la dolarización de carteras y la fuga de reservas.

La reforma busca cortar de raíz esos mecanismos. El proyecto establece que el BCRA no podrá otorgar préstamos a ningún nivel de gobierno, ni comprar títulos públicos en el mercado primario, ni transferir reservas para operaciones fiscales. Solo se permitiría la distribución de utilidades realizadas y líquidas, y exclusivamente para reducir deuda pública. En palabras del informe, “el BCRA tendría como misión primaria y fundamental preservar el valor de la moneda”, un giro que lo alinearía con los marcos más restrictivos de la región.

El cambio no se limita al financiamiento. También se refuerzan las salvaguardas de gobernanza: los miembros del directorio solo podrían ser removidos por causas legales específicas y con el voto de dos tercios de cada cámara del Congreso. Sin embargo, persiste una vulnerabilidad: las designaciones interinas por decreto presidencial podrían prolongarse indefinidamente sin confirmación del Senado, un resquicio que mantiene abierta la puerta a la influencia política.

Para el IIF, la comparación regional es ilustrativa. Perú y Chile prohíben constitucionalmente el financiamiento al Tesoro, mientras que México y Colombia lo permiten bajo condiciones muy limitadas. Brasil, tras su ley de autonomía de 2021, también cerró la puerta a la asistencia directa. En cuanto a la transferencia de utilidades, la propuesta argentina se ubica entre las más conservadoras, al prohibir explícitamente el uso de ganancias por depreciación del peso o revalorización del oro.

Pero lo más contundente del análisis del instituto de finanzas que la advertencia respecto a la efectividad de la reforma, la cual -dice- dependerá de la implementación. Si bien otorga al BCRA amplias facultades para operar en mercados financieros y gestionar liquidez, esas herramientas deben usarse como instrumentos de política monetaria y no como canales indirectos de financiamiento fiscal. “La prueba definitiva es política, no legal”, señala el informe, subrayando que la credibilidad solo se consolidará con disciplina fiscal y compromiso sostenido entre administraciones.

El contexto político ofrece luces y sombras. Milei ha logrado ampliar su base legislativa, lo que mejora las chances de aprobación. Pero la iniciativa recorta facultades que gobiernos anteriores utilizaron para sostener su política económica, lo que podría generar resistencias. La falta de consenso amplio pondría en duda la durabilidad del nuevo régimen de baja inflación.

La entidad advierte que la historia argentina muestra que las reformas legales, por sí solas, no bastan. La remoción de presidentes del BCRA en 2001 y 2010 evidenció la fragilidad institucional y la discrecionalidad del Ejecutivo. La inflación persistente, acompañada de la rotación constante de gobernadores, reforzó la percepción de inestabilidad. En contraste, países como Chile, Perú y México han logrado consolidar marcos institucionales que sostienen la credibilidad de sus bancos centrales y anclan expectativas.

De aprobarse, el nuevo marco representaría un paso decisivo hacia la normalización institucional y colocaría al país en línea con las mejores prácticas regionales, según el IIF. Al mismo tiempo, enviaría una señal potente a los mercados. Pero su éxito dependerá de que las reglas se respeten en el tiempo y de que la política fiscal acompañe con disciplina. Sin ello, la reforma corre el riesgo de convertirse en letra muerta.

"La aprobación sería una señal poderosa, pero la baja inflación duradera requerirá disciplina fiscal, credibilidad en la ejecución y compromiso sostenido entre administraciones”, concluye el IIF.