Este viernes, a última hora, el Gobierno de Javier Milei logró esta semana uno de los respaldos más contundentes desde su llegada a la Casa Rosada. Tras una sesión maratónica de casi diez horas, el Senado convirtió en ley el Presupuesto 2026, el primero redactado íntegramente por la gestión libertaria, con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. 

La sanción fue celebrada como una “señal de gobernabilidad y previsibilidad” hacia los mercados y el Fondo Monetario Internacional, con quien el Gobierno deberá renegociar los vencimientos de deuda de enero.

"El déficit cero no se negocia. El equilibrio fiscal es una regla de oro", afirmó la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, durante un discurso que definió el espíritu del plan económico libertario. "Este presupuesto no promete lo que no se puede cumplir. No inventamos números", afirmó, en alusión al kirchnerismo.

El texto prevé un crecimiento del PBI del 5%, una inflación anual del 10,1%, un superávit primario del 1,2% del PBI y un tipo de cambio proyectado en $1.423 para diciembre de 2026. En total, se calculan gastos por $148 billones y recursos por $148,2 billones, con un superávit financiero del 0,3% del PBI. La proyección incluye aumentos del 10,6% en exportaciones y del 11% en importaciones.

El Gobierno sorteó incluso el punto más conflictivo del texto: el artículo 30, que elimina los pisos de inversión obligatoria en ciencia y educación. La votación de ese apartado finalizó con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, un resultado más holgado de lo previsto. “Es el artículo escoba, porque barre con los pisos legales de inversión”, había advertido el radical Maximiliano Abad, aunque finalmente la moción oficialista se impuso bajo el esquema de votación por capítulos.

La aprobación se cimentó sobre un acuerdo pragmático con los gobernadores del Norte , que respondieron al llamado de Bullrich, del ministro del Interior, Diego Santilli, y de los hermanos Menem. Los mandatarios Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) aportaron los votos decisivos, acompañados por los representantes de Misiones. La Casa Rosada, en paralelo, aceleró giros de fondos: Salta recibió $17.084 millones, Catamarca $6.562 millones, y Chaco $14.428 millones, entre otros envíos extraordinarios que superaron los promedios mensuales habituales.

Desde la oposición, el apoyo fue matizado. “Acompañar no es callar o no señalar lo que está mal”, advirtió la senadora salteña Flavia Royón, quien justificó su voto positivo como “un gesto de responsabilidad institucional”. En tanto, el formoseño José Mayans fue tajante: “Es vergonzoso el tratamiento exprés de la ley de leyes, de un grado de sumisión terrible”. Para el jefe del bloque kirchnerista, el texto refleja “un endeudamiento brutal” y “la destrucción del sistema educativo argentino”.

Más allá del resultado legislativo, la sesión dejó señales de reconfiguración política. Por primera vez desde 2019, el peronismo votó dividido: Guillermo Andrada, Carolina Moisés y Sandra Mendoza rompieron la disciplina del bloque y acompañaron al oficialismo. La fragmentación confirmó la pérdida de influencia de Cristina Kirchner en el Senado y consolidó a Milei como un actor con margen de negociación propio.

Desde el punto de vista económico, el presupuesto refuerza la narrativa del “ajuste con equilibrio”. Según el libertario Ezequiel Atauche, presidente de la comisión de Presupuesto, “un 82% del gasto no se mueve”: 45% para jubilaciones y pensiones, 16% para asistencia social, 11% salarios públicos y 9% intereses de deuda. Esa estructura deja solo un 18% de margen operativo, concentrado en subsidios y universidades, lo que explica las tensiones sobre el artículo educativo.

“El Gobierno no inventó números”, insistió Bullrich al cierre de la sesión. Y los mercados tomaron nota: el aval legislativo despeja el panorama fiscal de 2026 y ofrece una señal de disciplina para el FMI. Pero también anticipa la estrategia política de Milei para 2027: blindar su programa económico a través de acuerdos selectivos, donde las transferencias federales —más que las afinidades ideológicas— definen el voto.