La expectativa de una eventual normalización financiera de Venezuela enfrenta un nuevo desafío. La tragedia desatada por el terremoto castiga aun más una economía que, a pesar de esfuerzos, recientes, no logra salir del colapso. Una de los rasgos de la hecatombe económica que atraviesa el país caribeño es su elevado nivel de endeudamiento que se calcula de hasta US$ 240.000 millones tras el default en 2017, cifra que duplica su PBI. 

La reestructuración de esa pesada carga es, precisamente, una de las principales iniciativas económicas que el gobierno de Delcy Rodríguez estaba intentando llevar adelante. De hecho, se conoció esta semana la primera propuesta de renegociación, que ahora entra en un compás de espera. Es que, en el nuevo contexto, acontecimientos extraordinarios como el sufrido en las últimas horas podrían influir en la dinámica de las discusiones. Desde la óptica de la reestructuración, eventos como el reciente terremoto podrían convertirse en un argumento adicional para que las autoridades venezolanas defiendan la necesidad de un alivio financiero más profundo y condiciones más favorables en el acuerdo con los acreedores. 

No obstante, es probable que los inversores exijan evidencia concreta sobre el impacto económico del desastre antes de aceptar cambios significativos en los supuestos de sostenibilidad fiscal y capacidad de pago que servirán de base para la reestructuración.

Un informe difundido por Citi sostiene que el esquema de sostenibilidad de deuda que preparan el gobierno venezolano y su asesor financiero, Centerview Partners, contempla supuestos significativamente más agresivos que los que manejaba hasta ahora el mercado, lo que podría traducirse en recuperaciones considerablemente menores para los acreedores.

Según el banco estadounidense, la propuesta en elaboración parte de una deuda total cercana a US$240.000 millones y un Producto Interno Bruto nominal de aproximadamente US$100.000 millones, lo que superaría ampliamente las estimaciones que predominaban entre los inversores, que oscilaban entre US$150.000 millones y US$200.000 millones, e incluso quedaría muy por encima del escenario base de Citi, que ubicaba la deuda en torno a US$165.000 millones.

La diferencia no es menor. Con esos supuestos, la relación deuda/PBI superaría el 240%, una de las más elevadas del mundo, y obligaría a aplicar una reducción de deuda superior al 60% para alcanzar un nivel considerado sostenible tras la reestructuración.

Para la entidad el marco que estaría preparando Caracas debe interpretarse como una posición inicial de negociación más que como el resultado final del proceso. El informe anticipa que los acreedores cuestionarán tanto la magnitud de la deuda incorporada al análisis como las hipótesis macroeconómicas utilizadas para justificarla.

Uno de los puntos más controvertidos es la definición del universo de obligaciones que serían incluidas en la reestructuración. Además de los bonos soberanos y los intereses acumulados desde el default, el esquema incorpora reclamos comerciales, laudos arbitrales y compromisos bilaterales. Citi considera probable que parte de esos pasivos sean objeto de disputas por parte de los tenedores de deuda, quienes podrían argumentar que algunas de esas obligaciones no deberían formar parte del cálculo final.

Desde el punto de vista de valuación, el banco estima que el escenario planteado por Venezuela y Centerview implicaría valores de recuperación entre 25% y 30% inferiores a los precios actuales de mercado. Sin embargo, el banco no considera que ese sea el resultado más probable. En cambio, mantiene una visión intermedia basada en una deuda cercana a US$200.000 millones y un PBI de US$120.000 millones, escenario que implicaría un impacto mucho más acotado sobre las cotizaciones vigentes.

La entidad sostiene que los precios de los bonos venezolanos ya comenzaron a reflejar parte de estas preocupaciones y que actualmente se encuentran más cerca de un escenario de compromiso entre las posiciones de los acreedores y las aspiraciones del gobierno que del esquema más agresivo que trascendió en las últimas horas.

Más allá de las diferencias técnicas, el Citi advierte que la distancia entre las expectativas de recuperación de los acreedores y los objetivos de sostenibilidad que aparentemente busca el gobierno incrementa el riesgo de negociaciones extensas y complejas. Aunque las autoridades venezolanas han manifestado su intención de alcanzar un acuerdo antes de fin de año, el banco considera que la magnitud del proceso podría extender las conversaciones durante buena parte de 2027.