La privatización de empresas públicas es una de las grandes asignaturas pendientes del Gobierno y el sector energético podría empezar a torcer esta situación con una recaudación de unos US$ 1.000 millones tras casi dos años de gestión con pocas novedades sobre este tema.

Esta semana se lanzó el pliego licitatorio para la venta de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue cuyas concesiones vencieron a mediados del 2023 y, desde aquel momento, se vienen prorrogando sin tomar una decisión de fondo por la falta de acuerdo con las provincias de Neuquén y Río Negro.

Finalmente, se logró un consenso con los gobernadores Figueroa y Weretilneck al incorporar una serie de modificaciones como el cálculo de regalías que pasará a contemplar el 100% del valor de la energía y un 2% de canon de uso del agua. Cuestiones que triplicarán los ingresos provinciales, aunque a costa de una menor rentabilidad del negocio. 

Según afirmó el ministro Luis Caputo, se espera que el Estado recaude entre 400 y 500 millones de dólares por la nueva concesión de las cuatro represas, aunque el monto final será definido luego de una tasación de un banco público.

Se trata de un valor bastante más bajo al que hubiera podido obtenerse si no se fijaba un límite al precio de la energía a comercializar. Para que no haya un impacto grande en tarifas, el gobierno fijó un esquema donde, en los primeros años, el 95% de la electricidad estará regulada a un valor muy por debajo del promedio del MEM (US$ 20 MW/h vs US$ 70 MW/h) y solo el 5% se podrá vender libremente.

Ese porcentaje irá subiendo progresivamente cada dos años hasta llegar al 100% de libre comercialización en el año número 21 de concesión, con unos diez años más de titularidad sobre las represas.

Aun así, hay muchas empresas interesadas en participar y, en particular, las actuales operadoras como Central Puerto, Enel y AES, aunque también se podrían sumar otras competidoras del sector como Pampa Energía e YPF Luz. En todos los casos, el tope será de dos represas por cada firma ganadora.

El pliego determina que el 23 de octubre será el último día en el cual se podrán presentar las ofertas y antes de fin de año tendrán que confirmarse a los adjudicatarios, donde se priorizará la propuesta que implique mayores ingresos para el Estado.

Otros activos a la venta

Lanzado el proceso para las hidroeléctricas, ahora el Ejecutivo se prepara para privatizar las unidades más rentables de Enarsa. En primer lugar, se avanzará con la venta del 26,3% que tiene en Transener, la transportista eléctrica de alta tensión por la cual se podrían recaudar unos 150 millones de dólares aproximadamente.

Ya para comienzos del 2026, se apuntará a las centrales termoeléctricas San Martín y Belgrano, donde Enarsa tiene un 68,8% y un 65% de participación accionaria, respectivamente. Nuevamente, acá se repiten los actores interesados, con Central Puerto, AES, Enel y Pampa Energía a la cabeza. Todos ellos, accionistas minoritarios de ambas usinas.

Expertos del mercado indicaron a Forbes que en este caso es imposible calcular el monto de venta que dependerá del precio al cual se permita comercializar la energía. Si será libre o, como sucedió con las hidroeléctricas, tendrá un tope fijado por el gobierno. De todas formas, se descuenta que el precio será mayor simplemente por el hecho de que las usinas térmicas tienen un alto costo de combustible (gas natural o gasoil), a diferencia de las hidroeléctricas.

Por último, están los casos de las centrales Guillermo Brown y Vuelta de Obligado -donde se especula que se podría vender el derecho que tiene el Estado de capitalizar a su finalización de contrato- y la titularidad del Gasoducto Perito Moreno, actualmente operado por TGS.

En total, expertos consultados por Forbes aseguran que el monto a recaudar por estas privatizaciones podría rondar los 1.000 millones de dólares, dependiendo de las cláusulas finales de cada pliego. Un monto que seguramente irá a robustecer las reservas internacionales para acercarse a la meta fijada por el FMI.