El día llegó. Lo que se sabía desde mayo del año pasado finalmente empieza a tener impacto real: a partir de hoy, 15 de enero, los celulares importados quedarán exentos de pagar aranceles. La medida, oficializada con el Decreto 333/2025, marca el final de una carga que durante años hizo que comprar un smartphone en la Argentina fuera un lujo.
Aunque la decisión ya estaba tomada, su entrada en vigencia activa una expectativa fuerte entre comercios y consumidores. La baja de precios, según fuentes del sector, podría rondar el 10%, aunque eso dependerá también del dólar oficial, el IVA (21%), los costos logísticos y los márgenes comerciales.
El Gobierno busca reducir el contrabando, legalizar las importaciones y achicar la brecha de precios con el exterior, en un momento donde el consumo sigue sin repuntar. Un ejemplo claro: hoy un iPhone 17 Pro Max de 256 GB se vende a $2.999.999 (unos US$2.027 al dólar oficial), mientras que en Estados Unidos cuesta US$1.199. La diferencia alcanza el 41%. En el caso del Galaxy S25 Ultra, la brecha ronda el 34%.
En mayo de 2025, el arancel ya había bajado del 16% al 8%, en el marco de una desgravación gradual. Ahora se completa ese esquema con la eliminación total, lo que da lugar a un nuevo escenario de competencia real entre marcas nacionales e internacionales.
Más oferta y competencia entre marcas
La quita total del arancel llega acompañada de otro movimiento clave: la reducción a la mitad de los impuestos internos para una serie de productos tecnológicos como televisores, monitores, aires acondicionados y otros dispositivos electrónicos. Al mismo tiempo, el decreto eliminó los beneficios fiscales para el ensamblado en Tierra del Fuego, lo que cambia de raíz las reglas que protegían a ciertos jugadores locales.
Eso abre la puerta a una mayor variedad de modelos y a una presencia más fuerte de equipos que antes no llegaban, o que lo hacían con precios imposibles. Algunos modelos de gama media y alta podrían incluso quedar más baratos que en Brasil, según anticipan distribuidores mayoristas.
El Decreto 333/2025 tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2038, lo que ofrece una señal clara de estabilidad impositiva a largo plazo. Para el sector tecnológico, esa previsibilidad puede traducirse en más inversiones y más stock disponible.
Si bien nadie espera que el recorte impositivo se traduzca en una baja inmediata y proporcional, la expectativa es que desde el primer trimestre del año los precios empiecen a reflejar el cambio. El mercado, después de años de sobreprecios y trabas, empieza a moverse con otras condiciones.
