Una nueva ola de privatizaciones energéticas acaba de salir a la calle y la expectativa es que se puedan recaudar entre 600 y 1.000 millones de dólares entre tres de los activos que despiertan mayor interés en el mundo eléctrico.

La Secretaría de Energía publicó en el Boletín Oficial un decreto que autoriza la venta de las acciones que tiene la estatal Enarsa en las centrales termoeléctricas Manuel Belgrano, San Martín y Guillermo Brown. 

La fase inicial corresponderá a las dos primeras usinas, mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, donde se ofrecerá el 65% y 68,8%, respectivamente, que posee el Estado en cada una de ellas.

La central Manuel Belgrano está ubicada en la localidad de Campana, tiene una potencia de 823 MW, abastece el 5% de la demanda eléctrica nacional y entre sus principales accionistas privados figuran Central Puerto (10,82%), AES (7,16%), Enel (6,2%) y Pampa Energía (3,1%).

Por su parte, la central San Martin tiene 850 MW de potencia, se ubica en la provincia de Santa Fe y repite prácticamente los mismos accionistas privados con Central Puerto a la cabeza con un 9,63%, el gran candidato a competir por la licitación.

Además de su rol como accionista privado mayoritario y su conocimiento en el management de ambas usinas, la principal generadora eléctrica del país tiene un derecho de preferencia ("first refusal") que le permite igualar o mejorar la mayor oferta del concurso para poder quedarse con los activos.

Dentro del sector también se habla de otros jugadores interesados que podrían participar como Edison, MSU, YPF Luz y Pampa. Este último, principalmente tendría interés en la tercera usina en disputa: Guillermo Brown.

Esta semana vence el fideicomiso creado para construir la central y así se habilita a que Enarsa inicie el proceso para constituirse como accionista para posteriormente poder lanzar el pliego licitatorio.

Fuentes oficiales indicaron a este medio que un precio de referencia buscado sería de 200 millones de dólares por cada usina, aunque desde el sector privado consideran que podría elevarse a US$ 300 millones por la fuerte competencia que se espera.

"Con la privatización de estas centrales, el Gobierno Nacional busca avanzar con el retiro del Estado en materia energética y permitir que el sector privado, con capacidad de inversión y experiencia, asuma la gestión de actividades allí donde es más eficiente", indicaron desde el Ejecutivo, a pesar de no haber definido todavía ni plazos de convocatoria, ni requisitos.