A pocas semanas del primer gran test de deuda en dólares del año próximo, el Ministerio de Economía avanzó con la licitación del nuevo Bonar 2029N, un título en moneda estadounidense bajo ley local y cupón del 6,5% anual, pagadero en forma semestral.
La emisión fue bullet, sin amortizaciones intermedias, con vencimiento íntegro en noviembre de 2029. Después de casi ocho años sin emitir deuda en dólares a mediano o largo plazo, el Gobierno de Javier Milei logró colocar un bono en moneda extranjera por US$ 1.000 millones.
Aunque la cartera económica evitó precisar montos antes de la licitación, la referencia inmediata era clara: en enero vencen los AL29 y AL30, por un total de US$ 1.188 millones entre ambos.
Tanto 1816 como Mariva coincidían en que ese era, como mínimo, el objetivo implícito del Tesoro. Y así fue, ya que se colocaron US$ 1.000 millones. Según 1816, los bonos comparables del tramo corto de la curva rendían entre 9,6% y 10,6% contra MEP. Así que, finalmente, el Bonar 2029N cerró en 9,26% de tasa. Tal como reconoció Luis Caputo, el objetivo era obtener capital a una tasa que no superara el dígito.
La Secretaría de Finanzas detalló que tanto la suscripción como el pago se realizarán exclusivamente en dólares y bajo legislación local. En el proceso participaron más de 2.500 inversores, que presentaron ofertas por un total superior a US$ 1.400 millones, lo que confirma una demanda significativa pese al contexto.
Sin embargo, el Gobierno era consciente del desafío: conciliar la profundidad del mercado local de dólares con la necesidad de enviar una señal de credibilidad al mundo.
La licitación apareció menos como una operación aislada y más como un gesto político-financiero. En otras palabras, una señal hacia afuera de que Argentina puede volver a emitir en moneda dura en el exterior, aunque por ahora solo lo haga bajo legislación doméstica.
Un punto clave fue la oferta local. Los rendimientos de los Globales rondan el 10% en el mercado internacional, lo que limitaba el atractivo para inversores externos. Para 1816, la apuesta oficial estuvo dirigida a bancos (que cuentan con más de US$ 22.000 millones de liquidez ociosa) y a fondos comunes con más de US$ 10.000 millones en patrimonio en dólares.
Pero ese segmento exhibía baja exposición marginal a Bonares y no hubo señales de que, sin incentivos regulatorios, se hayan lanzado a comprar un bono nuevo a tasas menores que el AL30 vigente.
Mariva, en cambio, adoptó una visión más optimista, destacando la expansión de los depósitos locales en dólares, hoy en US$ 35.200 millones, como un colchón suficiente para absorber una emisión de este tamaño.
El banco remarcó además que la caída del riesgo país a 637 puntos básicos deja al país "en niveles compatibles con emisiones de mercado".
El destino de los fondos es central para la estrategia económica: gran parte se utilizará para cubrir la amortización de los bonos 2029 y 2030 que vencen el 9 de enero de 2026, en un mes en el que se acumulan más de US$ 4.200 millones en vencimientos. Desde el Gobierno señalan que esta colocación permitirá afrontar esos pagos sin utilizar reservas del BCRA. Asimismo, la meta oficial es reducir el riesgo país "por debajo de los 500 puntos".
La operación llega, además, mientras el Congreso avanza con el Presupuesto 2026, que incluye autorización para emitir deuda bajo legislación extranjera por hasta el 18% del total, algo que 1816 interpretó como un anticipo de que "una emisión internacional podría llegar en cuestión de semanas".
En paralelo, aparece la dimensión macro. "La medida sigue a una serie de colocaciones exitosas por parte de empresas y gobiernos provinciales. El cupón relativamente generoso vuelve a este nuevo instrumento más atractivo que los bonos reestructurados durante la gestión Guzmán", explicaron desde Adcap Grupo Financiero.
Finalmente, la reapertura del mercado de deuda en dólares tiene un impacto directo en expectativas, ya que la tasa que obtenga el Gobierno funcionará como parámetro para empresas y provincias, y contribuirá a moderar las expectativas de devaluación, al reducir la necesidad del Tesoro de comprar divisas en el mercado.
