El crecimiento de las billeteras virtuales convirtió al crédito digital en una de las herramientas más accesibles —y veloces— para millones de argentinos. Pero esa misma inmediatez, que permite resolver una compra o una urgencia desde un celular, quedó bajo la lupa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires por presuntas prácticas abusivas, falta de transparencia en los costos financieros y mecanismos de cobranza que habrían derivado en hostigamiento de usuarios endeudados.

La administración de Axel Kicillof abrió un expediente de investigación contra Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud. La decisión surgió luego de que la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de las y los Consumidores y Usuarios recibiera 2.240 denuncias contra esas compañías durante el primer semestre de 2026.

La investigación es conducida por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a cargo de Augusto Costa, y contempla eventuales sanciones de hasta $1.883 millones para las empresas que sean encontradas responsables. Por ahora, según el portal 0223.com.ar, no existen multas firmes: las plataformas deberán presentar sus descargos y la Provincia deberá acreditar los incumplimientos antes de definir las sanciones.

“Solo en el primer semestre de este año, la Dirección de Defensa del Consumidor recibió 2.240 denuncias contra las empresas Mercado Pago, Naranja Digital, Ualá, Personal Pay, Brubank y Cencosud por incumplimientos a la normativa de defensa del consumidor, acoso y hostigamiento”, afirmó Costa al anunciar la apertura del expediente.

El foco sobre tasas y algoritmos

El principal eje de la investigación es la composición del Costo Financiero Total, conocido como CFT: el indicador que integra la tasa de interés con seguros, gastos administrativos, impuestos, comisiones y otros cargos asociados a un préstamo. Para el usuario, suele ser el número decisivo; para buena parte de las aplicaciones, a veces parece haber sido diseñado para poner a prueba su paciencia y su calculadora.

La Provincia solicitó a las firmas que detallen los criterios utilizados para fijar tasas de interés y expongan la composición real del CFT. Entre otros puntos, deberán informar qué proporción corresponde a interés puro, gastos administrativos, seguros e impuestos, además de precisar los parámetros de cálculo de la Tasa Nominal Anual —TNA— y la Tasa Efectiva Anual —TEA—.

El expediente también apunta a la personalización algorítmica de la oferta crediticia. La Provincia busca establecer cómo las compañías definen tasas variables y si usuarios con montos de crédito similares reciben condiciones distintas en función de los datos recolectados, de sus hábitos de consumo o de sus perfiles de riesgo.

El Gobierno bonaerense indicó que detectó casos en los que, luego de sumar cargos y penalidades por atraso, los costos pueden superar el 1.000% anual. Las compañías deberán explicar el método de cálculo de intereses punitorios, sus topes máximos, cuándo empiezan a correr tras el vencimiento de una cuota y si los intereses impagos se incorporan al capital para calcular nuevos intereses.

“Frente a ello, abrimos un expediente de investigación y estamos solicitando que las firmas informen detalladamente los criterios con los que se imponen las tasas de interés y cuál es la composición real del costo financiero total”, explicó Costa.

Préstamos, cuotas y “botón” oculto

Las actuaciones se fundamentan en presuntas infracciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, N° 24.240, y al Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios, Ley N° 13.133. Esta última prevé multas de entre 0,5 y 5.000 salarios mínimos vitales y móviles, además de otras medidas, como la suspensión del servicio afectado por hasta 60 días, la inhabilitación para contratar con el Estado o la pérdida de beneficios especiales, según la gravedad y las características de cada caso.

Entre las conductas investigadas figura la presunta omisión u ocultamiento de la TNA, la TEA y el CFT antes de confirmar una operación. También se revisarán ofertas presentadas como “cuotas” o facilidades de pago dentro de marketplaces, cuando en los hechos puedan constituir contratos de crédito financiero independientes sin suficiente información previa para el consumidor.

Otro capítulo comprende las prácticas de cobranza. La Provincia investiga llamados reiterados o realizados en horarios inhábiles, así como eventuales contactos con familiares, referencias personales, allegados o lugares de trabajo del deudor. Además, busca determinar si existieron cargos por otorgamiento, mantenimiento, notificaciones de deuda u otros conceptos, y cómo fueron informados al usuario.

La ausencia o la ubicación poco visible del botón de arrepentimiento también quedó incluida en las imputaciones. El punto se refiere a la posibilidad de cancelar una contratación dentro del plazo legal de 10 días, un derecho que debe ser de acceso claro para el usuario y no una búsqueda del tesoro escondida entre menús y submenús.

El límite regulatorio

Costa sostuvo que las firmas bajo investigación deberán presentar sus descargos y advirtió que, si se confirman las conductas denunciadas, podrán aplicarse multas y exigirse la reversión de los incumplimientos. “Las acciones ya están en curso, por lo que las fintech involucradas deberán presentar sus descargos: en caso de demostrarse, la normativa estipula multas de hasta $1.883 millones y la obligación de revertir los incumplimientos”, señaló.

El ministro cuestionó la orientación de la política nacional frente al endeudamiento de los hogares. “El Gobierno bonaerense va a contramano de lo que está haciendo la Nación: mientras ellos abandonan y generan las condiciones para que esta problemática se expanda, nosotros utilizamos todas las herramientas que están a nuestro alcance para estar cerca de las familias que se encuentran en esta situación vulnerable y para evitar que continúen los abusos”, concluyó.

La discusión no es menor para un ecosistema fintech que se volvió masivo en la Argentina: las plataformas combinan pagos, transferencias, inversiones, consumo y crédito en una única interfaz. La velocidad y el alcance de ese modelo explican su atractivo, pero también elevan la exigencia sobre la información brindada y los mecanismos de cobranza.

La Provincia puede investigar presuntas violaciones a la normativa de defensa del consumidor y aplicar sanciones administrativas. Sin embargo, no tiene competencia para establecer límites generales a las tasas de interés, fijar encajes ni regular de forma sistémica la actividad financiera: esas facultades corresponden al Banco Central.

El expediente bonaerense, entonces, no redefine por sí solo el negocio del crédito digital. Pero abre una discusión que el sector no podrá eludir: qué tan transparente es un préstamo cuando sus condiciones se calculan por algoritmos, se aceptan en segundos y pueden convertirse, para el usuario endeudado, en un costo difícil de anticipar.