Con 69 votos afirmativos, 3 negativos y 3 abstenciones, el Senado argentino cerró el capítulo parlamentario local del acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea (UE). La votación, que vino precedida de más de cuatro horas de debate, fue celebrada por el Gobierno como un hito de inserción internacional. Argentina se convirtió así en el segundo país del bloque en completar su aprobación parlamentaria, detrás de Uruguay, que dio sanción definitiva el mismo día en su Cámara de Diputados. Brasil ya pasó por Diputados y espera turno en el Senado Federal; Paraguay avanza en paralelo.
Pero la euforia parlamentaria convive con una realidad que vale la pena subrayar: la ratificación local es condición necesaria, no suficiente. El acuerdo, firmado el 17 de enero en Asunción tras dos décadas y media de negociaciones, todavía enfrenta un obstáculo de envergadura del lado europeo.
El embudo en Bruselas
El Parlamento Europeo envió el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que analice su validez jurídica. Ese proceso, según advierte la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA), podría demorar entre 18 y 24 meses la entrada en vigor del acuerdo. La Comisión Europea busca mecanismos para acelerar el trámite —incluida la posibilidad de aplicar de forma anticipada la parte comercial del acuerdo, que es la que más importa a las empresas—, pero la incertidumbre jurídica no está resuelta.
Esto tiene una consecuencia práctica inmediata: las empresas, especialmente las pymes, no deberían esperar una baja arancelaria en el corto plazo. El margen que abre este compás de espera debería aprovecharse para prepararse, no para postergar la adaptación.
Quiénes ganan más y más rápido con el acuerdo
Dentro del acuerdo, no todos los sectores ni todas las regiones del país corren a la misma velocidad. Un análisis del IERAL de Fundación Mediterránea publicado en febrero de este año traza un mapa productivo que vale la pena revisar.
La región argentina que emerge con mayor potencial neto es Cuyo. La caída drástica de aranceles al vino —que hoy enfrenta una protección del 27% en Europa— combinada con la eliminación inmediata de gravámenes a las nueces y el perfil exportador ya consolidado de Mendoza y San Juan configura una oportunidad de primer orden. A eso se suma la atracción de inversiones en minería de cobre y oro, sectores que la UE necesita para su transición energética. El mayor riesgo para la región es el aceite de oliva, donde los tres mayores productores mundiales son europeos.
El NOA ocupa el segundo lugar en el ranking de beneficiados potenciales, gracias a su estructura agroexportadora —limón y derivados, legumbres, tabaco, azúcar— y al potencial de la minería de litio, que la Comisión Europea considera materia prima crítica. El desafío del NOA es doble: cumplir con las exigencias ambientales del acuerdo (en particular, la cláusula sobre deforestación de bosques nativos) y reducir los costos logísticos internos para llegar competitivamente a los puertos de salida.
La región Centro —Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba— es la que moverá los mayores volúmenes en términos absolutos: carne vacuna, granos, lácteos premium, software y servicios profesionales. Pero es también la que enfrenta el desafío competitivo más complejo: la industria automotriz, de autopartes, química y maquinaria deberá competir con producción europea de alta escala, inicialmente en el mercado brasileño y luego en el propio mercado local, a medida que se concrete la apertura gradual prevista en horizontes de hasta 15 años para los sectores más sensibles.
La Patagonia tiene un perfil claro de ganadora en pesca —merluza, calamar y langostinos con desgravación inmediata— y en energía, con el GNL de Vaca Muerta como ancla estratégica. El lado difícil de la ecuación es Tierra del Fuego, cuya industria electrónica y de electrodomésticos enfrentará presión tecnológica directa.
El NEA arranca con la mayor brecha entre potencial y capacidad exportadora actual. Arroz, maderas, infusiones y carne bovina tienen mercado europeo posible, pero la región requiere un esfuerzo de certificación y adecuación productiva que no es menor.
La trampa de las retenciones
Un punto que suele quedar fuera del análisis es el que señalan desde CERA: el acuerdo acota la aplicación de derechos de exportación, impuesto en el cual nuestro país se ha destacado como anomalía a nivel global. Las retenciones —que en Argentina operan como un freno directo a la competitividad exportadora— quedan condicionadas por los compromisos asumidos en el tratado. Según CERA, esto pone a Argentina "en un camino de racionalidad" respecto de un impuesto en el que el país se destacó históricamente como anomalía global. @@FIGURE@@
Este punto es relevante para cualquier empresa que hoy exporta o planea exportar commodities o productos agroindustriales: el acuerdo no solo baja aranceles en Europa sino que también toca la arquitectura impositiva doméstica.
Una pregunta legítima que se formulan muchos industriales argentinos es si realmente es posible competir con los europeos una vez igualadas las condiciones arancelarias. IERAL propone mirar a Chile como experimento natural: un mercado que ya tiene libre comercio tanto con Argentina como con la UE, sin preferencias asimétricas.
Los datos son instructivos. En el mercado chileno, Argentina domina claramente en hidrocarburos, cereales, carnes y alimentos en general. La UE tiene ventaja en medicamentos, maquinaria, vehículos de pasajeros y papel. Y hay rubros donde la paridad es real y la competencia es posible encontrando el nicho adecuado: lácteos, bebidas alcohólicas, hortalizas, vehículos de carga. La industria quesera argentina, por ejemplo, ya explica el 25% de las importaciones chilenas del rubro. La automotriz local —enfocada en pick ups y furgones— captura el 12% del mercado chileno de ese segmento, sin arancel preferencial. @@FIGURE@@
La conclusión que se desprende: se puede competir, pero requiere trabajar el costo argentino durante el período de transición. Logística, carga impositiva y escala son las variables sobre las que hay margen de acción.
La agenda de los próximos 18 meses
Con la ratificación parlamentaria completa en Argentina y en proceso en el resto del bloque, y con el reloj de la revisión europea corriendo, la agenda empresarial tiene una ventana de tiempo definida para prepararse.
Para los sectores exportadores, la prioridad es adecuarse a los estándares técnicos, sanitarios y de sostenibilidad europeos. Las certificaciones de origen, los requisitos de trazabilidad y las cláusulas de debida diligencia en cadena de valor —derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente— no son formalidades: son el verdadero filtro de acceso al mercado, más allá del arancel.
Para los sectores industriales orientados al mercado interno, el período de gracia de la apertura gradual (entre 4 y 15 años según el producto) es tiempo para invertir en productividad, automatización y escala, no para ignorar la amenaza competitiva.
Para todos, el financiamiento es una variable crítica. El informe de Deloitte Econosignal de febrero de 2026 destaca que los gobiernos europeos otorgan facilidades a sus exportadores —créditos a largo plazo, seguros contra riesgos— y que Argentina necesitará instrumentos equivalentes para que las oportunidades del acuerdo no queden reservadas a las grandes empresas.