El anuncio fue realizado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien definió la iniciativa como un cambio desde “un régimen rígido y anacrónico” hacia “un marco moderno basado en la autonomía, la libertad y la desregulación”.
La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y elaborada junto al Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica, propone una modificación profunda de la Ley General de Sociedades 19.550, sancionada en 1972 durante el gobierno de facto de Alejandro Agustín Lanusse.
Uno de los principales cambios es que las disposiciones de la ley pasarían a tener carácter supletorio, otorgando mayor peso a los estatutos societarios. “El estatuto manda”, resumió Sturzenegger en un mensaje publicado en X. “Se termina la tutela del Estado sobre cómo los socios organizan sus negocios”, afirmó el ministro.
Según explicó, las restricciones estatales pasarían a ser excepcionales y de interpretación restrictiva, mientras que los registros públicos no podrían dictar resoluciones que limiten lo que permita la ley.
El proyecto también flexibiliza el objeto social de las compañías. Según detalló el funcionario, las sociedades podrán desarrollar actividades múltiples sin necesidad de conexidad entre ellas. Incluso, si el estatuto no especifica un objeto determinado, se presumirá que la empresa puede realizar cualquier actividad lícita.
La propuesta incorpora además nuevas figuras jurídicas vinculadas a la economía digital. Entre ellas aparece la “Sociedad Automatizada”, definida como una empresa que opera mediante algoritmos o inteligencia artificial sin necesidad de empleados para su funcionamiento ordinario.
También se regulan las DAO —organizaciones autónomas descentralizadas— con participaciones tokenizadas y registros en blockchain. Ambas contarían con personalidad jurídica y responsabilidad limitada.
Otro de los puntos centrales es la posibilidad de que las sociedades sometan sus conflictos internos a derecho extranjero o mercantil internacional, además de habilitar cláusulas arbitrales para resolver controversias fuera de la Justicia ordinaria.
Sturzenegger comparó el esquema con modelos utilizados en Dubai y sostuvo que la reforma apunta a posicionar a la Argentina como un centro atractivo para inversiones tecnológicas y empresas vinculadas con inteligencia artificial.
La iniciativa también prevé una digitalización plena del funcionamiento societario. El texto habilita domicilio electrónico, libros digitales, asambleas remotas, constitución de sociedades mediante firma digital o electrónica y legajos digitales públicos para cada empresa.
En materia financiera, el proyecto incorpora instrumentos de inversión convertibles, que permitirían a inversores aportar capital sin convertirse inicialmente en socios ni asumir responsabilidad por las deudas de la sociedad hasta ejercer su derecho de participación.
Además, contempla la renovación automática del plazo de duración de las sociedades y establece que los mandatos de directores y síndicos sean por tiempo indeterminado salvo disposición contraria del estatuto.
La reforma también simplifica reorganizaciones empresarias. Según explicó el Gobierno, cuando una sociedad controle el 100% de otra podrá absorberla directamente sin necesidad de resoluciones asamblearias duplicadas.
“En definitiva, llevamos el ámbito de libertad al derecho societario”, escribió Sturzenegger y cerró: “Menos controles arbitrarios de los burócratas, menos costos de transacción y más libertad para competir en el mundo. Con esta reforma, Argentina adapta su derecho societario a la economía del siglo XXI y le dice al mundo: vengan a invertir acá”.
Hasta el cierre de esta nota, el texto completo del proyecto no fue difundido oficialmente. El Poder Ejecutivo prevé enviarlo al Congreso en las próximas horas para iniciar su tratamiento parlamentario.
