El Gobierno había comenzado a enviar algunas señales, pero cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció finalmente el plan de créditos hipotecarios fondeados por el FGS, a nadie le quedaron dudas. Empresarios, banqueros, todo el mercado y también la política lo entendieron claramente: el Gobierno puso en marcha un plan para reactivar la economía en vistas de las próximas elecciones. Eso, al mismo tiempo que el presidente Milei descarta la idea de “dos velocidades” de la actividad y se ufana de niveles récord de crecimiento y consumo privado. 

La contradicción es irrelevante, al menos para quienes temen que por inacción oficial, se acentúe la pérdida de popularidad de Javier Milei y ponga en riesgo las chances de su reelección. Entre ellos, los inversores locales y extranjeros que tanto alabaron el ajuste y su férreo compromiso con el superávit fiscal pero empezaron a admitir la necesidad de implementar políticas para hacerlo más llevadero.  

La realidad y tal vez también los números de encuestas de imagen y humor social que son peligrosamente magros en la previa de una campaña se terminaron por imponer y Caputo activó una batería de medidas en carpeta hace meses, destinadas mayormente a sectores medio y medio alto, cuyo impacto se prevé gradual. Al final de cuentas, todavía falta más de un año para los comicios y los encuestadores son categóricos en que los votantes toman su decisión en función de lo que perciben en los tres meses anteriores. En simultáneo, se buscará avanzar por debajo del radar en otras medidas orientadas a sectores más bajos, en los que la pérdida de poder adquisitivo hace cada vez más daño.

La primera de las medidas, que pasó inadvertida pero no por eso será inocua, es la flexibilización para el otorgamiento de créditos en dólares a quienes no generan dólares pero cuya actividad se desarrolla en moneda dura. Es decir, la construcción, particularmente privada. Al mismo sector apunta, de una manera más indirecta y abarcativa, el plan de plazos fijos del FGS para fondear créditos hipotecarios. La medida rompe con un tabú de “intangibilidad” del FGS, al que recurrió en su momento la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para otorgar un préstamo a General Motors en plena crisis global de 2008. Fue un buen negocio. Pero “la plata de los jubilados” es una caja sensible, expuesta a planteos judiciales contra los funcionarios que se animen a firmar medidas como las que acaba de adoptar el Gobierno. De ahí que el andamiaje fue revisado una y otra vez para evitar flancos abiertos.

“Es una excelente noticia”, festejaron en los bancos, donde la principal preocupación, junto con la evolución de la morosidad, es precisamente el origen de fondos para permitir el financiamiento de largo plazo. Una reacción igual de efusiva surgió de la Cámara de Comercio, donde no dudaron en afirmar que “la medida anunciada resulta por demás bienvenida, máxime cuando esta no implica un incremento de las erogaciones del fisco que comprometa el equilibrio en las cuentas públicas”. Desde el sector de la construcción, en tanto, el principal promotor de la medida —“es un reclamo histórico”, dijo el titular de CAMARCO, Gustavo Weiss— también celebró la decisión. Todos, sin embargo, remarcan que el impacto no será inmediato.

Tampoco será inmediato, ya es evidente a esta altura, el efecto de la Ley de Inocencia Fiscal que por estos días se trata en el Congreso con buen pronóstico para el oficialismo. Las modificaciones que se busca introducir no cambian radicalmente el panorama para quienes eligen mantener los dólares en el colchón, pero ahuyentan fantasmas. Y, sobre todo, llevan desahogo a las pequeñas y medianas empresas con menores multas por infracciones formales.

Todas y cada una de esas medidas están orientadas a movilizar recursos existentes. Pero una novedad empieza a asomar en los despachos oficiales: el reconocimiento de que el nivel de ingresos no se recuperó y que los salarios no son suficientes para impulsar el consumo. En este plano, la caja de herramientas para una gestión que descarta medidas fiscalmente expansivas, “demagógicas y populistas”, como definió Milei el jueves ante estudiantes de la ORT, es pequeña. Sin embargo, de ahí surge una idea que se implementaría desde la Secretaría de Trabajo con la incorporación de la noción de “salario mínimo garantizado” en las negociaciones de los convenios colectivos de trabajo caídos por la reforma laboral. Se trata de una nueva referencia para presionar al alza los salarios formales —el número mágico en cabeza de Julio Cordero, titular del área, está en el orden de $1.000.000—, pero también para impulsar el piso salarial de rubros masivos, como maestranza, sanidad o construcción, que a su vez arrastraría el ingreso de trabajadores de esos mismos rubros que se desempeñan en la informalidad.

De manera aislada, ninguna de las iniciativas parece mover el amperímetro. En conjunto, tal vez sí lo hagan. En cualquiera de los dos casos, son un mensaje claro y contundente de un Gobierno que baja al llano de la microeconomía y que interviene sin plata y sin pruritos.