La violencia de género en Argentina continúa siendo uno de los desafíos sociales más urgentes y persistentes. Los datos oficiales muestran una realidad contundente: en 2024 se registraron en el país 228 femicidios directos y 19 femicidios vinculados, según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia. Más allá de estas expresiones extremas, existe un universo mucho más amplio de situaciones que afectan la vida cotidiana de miles de mujeres.

La Encuesta de Prevalencia de Violencia contra las Mujeres reveló que el 45% de las entrevistadas atravesó algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Entre enero y junio de 2023, la Línea 144 —un servicio oficial y gratuito de asistencia— recibió mayoritariamente consultas de mujeres (96%) y señaló que en el 84% de los casos el agresor era una pareja o expareja.

Dentro de este escenario, una de las formas menos visibles pero profundamente limitantes de violencia es la económica y patrimonial. Según una encuesta realizada en 12 provincias en 2022 por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el 3,8% de las mujeres la sufrió, aunque especialistas coinciden en que la cifra real es mayor. El control del salario, la restricción del acceso al dinero o la destrucción de bienes son prácticas que erosionan la autonomía y dificultan la posibilidad de salir de un entorno violento.

Estos datos permiten iluminar el hecho de que la violencia de género no es solo un problema de seguridad o justicia, sino también un desafío de desarrollo. Cuando millones de mujeres no cuentan con las condiciones para participar plenamente en la economía, el impacto se siente de manera directa en la productividad, la innovación y la competitividad del país.

Por eso, desde Pro Mujer —organización social que desde hace 35 años impulsa la igualdad de género en América Latina— creemos que el sector privado tiene una oportunidad estratégica que va mucho más allá de la responsabilidad social corporativa. Las empresas son espacios donde se construye cultura, se modelan comportamientos y se promueven (o pueden promoverse) transformaciones profundas.

Hoy, cada vez más compañías están adoptando políticas de cero tolerancia frente a la violencia, protocolos de actuación, licencias por violencia de género, programas de formación y herramientas para acompañar a colaboradoras que atraviesan estas situaciones. Estos avances son importantes, pero aún no suficientes. Fortalecer estas iniciativas y ampliarlas puede generar beneficios concretos: entornos laborales más seguros, equipos más diversos y resilientes, y organizaciones que se anticipan a riesgos reputacionales y operativos.

Los medios de comunicación también deben contribuir, evitando narrativas que revictimicen y fortaleciendo una conversación pública basada en datos, prevención y soluciones. Una sociedad informada y comprometida es parte esencial de cualquier estrategia sostenible.

Argentina cuenta con talentos, iniciativas y un fuerte movimiento social que ha puesto al tema en el centro del debate público. El desafío -en la semana que se celebra el día internacional de lucha contra la violencia de género- es convertir esa conciencia en acciones concretas, con una articulación estrecha entre Estado, sector privado, organizaciones sociales y ciudadanía. Porque cuando las mujeres avanzan, lo hace también toda la sociedad.

* Carmen Correa, CEO de Pro Mujer