Las vacaciones de verano siempre están prohibidas dentro del equipo energético. Pero en este caso, además de la típica tensión estacional por el pico de consumo y los habituales cortes de luz, la cartera de María Tettamanti se focalizará en una serie de reformas de fondo para el sector. 

La más disruptiva es la "privatización" de la importación de GNL, un mercado que, desde que nació en la década del 2000', siempre estuvo controlado por el Estado a través de Enarsa. Principalmente, para que el precio no se traslade a tarifa.

Si bien es un insumo que se utiliza durante los meses más fríos, su compleja planificación requiere trabajar con anticipación y, sobre todo, con un cambio de esquema como el que se pretende concretar.

La idea del Poder Ejecutivo es trasladar los contratos de Enarsa a los privados bajo la figura de un comercializador que deberá tomar el riesgo de comprar los cargamentos de GNL y venderlo a las distribuidoras locales una vez regasificado.

Para otorgar mayor seguridad al sistema y evitar que el privado busque comprar la mínima cantidad de buques por el temor a que sobre gas y no saber dónde colocarlo, la licitación le dará prioridad a la oferta con más cargamentos implícitos.

El punto crítico es cómo se trasladará este precio a la tarifa porque implicaría un aumento superior al 100% en el precio del gas, justamente en un momento en el que el consumo se dispara, ocasionando un efecto multiplicador en el valor final de la factura. 

Parte de la estrategia para moderar este impacto pasa por otra modificación tarifaria, donde se pretende cambiar los contratos del Plan Gas y aplanar los precios para tener un mismo valor durante todo el año. En consecuencia, se encarecería el gas del verano para abaratar el del invierno.

Ya por el lado del segmento eléctrico, la gran novedad del verano sería la licitación para las líneas de alta tensión, una de las obras más necesarias por los cuellos de botella existentes. Actualmente, casi no se puede construir nueva capacidad de generación como parques renovables dado que no tendrían cómo transportar esa energía a los grandes centros urbanos.

"Estamos trabajando en el armado de pliegos. Tiene que salir en el primer cuatrimestre del 2026. Va a ser una concesión de obra pública con financiamiento privado. Estamos viendo cómo nos puede ayudar el BID en mejorar las garantías", explicaron fuentes oficiales a Forbes.

Al mismo tiempo, el gobierno intentará colar un artículo dentro de la Ley de Presupuesto para prorrogar la estabilidad fiscal que gozan las energías renovables al menos por un año y así dar tiempo a la discusión de una nueva ley a largo plazo.

"Lamentablemente no logramos conseguir la prórroga de la ley así que estamos trabajando para incluirlo en el Presupuesto. Lo bueno es que todas las fuerzas políticas han manifestado su apoyo a la sanción de una nueva ley que confiamos que se apruebe el año que viene. Hubo más de 8.000 millones de inversión en renovables desde 2018 y ya no pedimos beneficios, sino estabilidad", afirmó Martín Brandy, CEO de PCR, durante un brindis de fin de año organizado por la Cámara Eólica Argentina.