La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) continúa con su rally de subastas. En un mega remate en el que participaron más de seis oferentes, se vendió por US$ 46,5 millones un megaterreno en el barrio de Belgrano que pertenecía a la Policía Federal. El comprador fue Argencons, dueña de Quartier y socia del magnate del real estate Eduardo Costantini.
El lote, de casi 10.000 metros cuadrados (m2) y ubicado entre Echeverría, Cazadores, Juramento y Artilleros, tenía un precio base de US$ 21,3 millones, pero duplicó su valor debido a su ubicación estratégica: a tres cuadras de la Avenida Libertador y a metros del Barrio Chino y del estadio de River Plate.
Desde Argencons anticiparon que proyectan un desarrollo 100% residencial orientado al segmento premium. Serán unidades grandes, de entre tres y cuatro dormitorios, con especial foco en los espacios al aire libre. "Tenemos pensado llamarlo Quartier Residences", adelantó Carlos Spina, director comercial de la empresa, tras el cierre de la operación.
"Hace rato que no hacíamos un proyecto tan grande y con un jardín central. Estamos muy contentos y entusiasmados. Vamos a desarrollar un producto distinto, con amenities modernos, algo que hoy le falta a la zona", agregó Spina.
La operación se concretó junto a Consultatio, la desarrolladora de Costantini. En mayo pasado, el creador de Nordelta adquirió el 51% de Argencons en una transacción de US$ 12,75 millones.
El inmueble forma parte del paquete de más de 300 edificios públicos que el Gobierno busca vender para recaudar unos US$ 800 millones. Según el decreto 950/24, el Ejecutivo apunta a desprenderse de propiedades consideradas innecesarias.
La puja por una ubicación clave
En la subasta también participaron Ciudad G3, Quesada 2441 y Santagada LINE, que ofrecieron entre US$ 40 y US$ 45 millones. Luego se ubicó el Grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, con una propuesta inferior de US$ 27 millones.
El terreno pertenecía a la Policía Federal Argentina y contaba con un permiso de uso otorgado por el Gobierno nacional a la Ciudad en 2019. Ese permiso fue revocado en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández, lo que desafectó el predio del uso del Ministerio de Seguridad.
Según la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la propiedad "no posee valor patrimonial", por lo que está autorizada su demolición o modificación, un aspecto relevante para potenciales desarrolladores.
El pliego detalló que se trata de "un inmueble que corresponde en parte a un espacio descubierto utilizado como playa de estacionamiento vehicular, existiendo en un sector —con frente sobre la calle Cazadores— una edificación de mampostería con cubierta de estructura metálica, de tipología fabril".
