La ley más esperada por la industria minera ya ingresó al Senado y en el Gobierno sostienen que tienen los votos para aprobarla en las próximas semanas con el fin de terminar de destrabar la llegada de inversiones por más de 35.000 millones de dólares.

El proyecto de “adecuación” del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglaciar cuenta en el apoyo absoluto de todas las provincias vinculadas directa o indirectamente con el mundo minero, pero por la sensibilidad del tema pretendían que sea Nación quien lidere la iniciativa para no pagar el costo político.

Desde hace tiempo que todas las partes coinciden en que, sin un cambio normativo, no se iban a poder desarrollar la mayoría de los grandes proyectos de cobre por la ambigüedad de la ley aprobada en el año 2010. 

“Tiene un lenguaje muy oscuro y genera dudas respecto hasta donde alcanzan las prohibiciones. Por eso las empresas no se animan a invertir”, afirmó una fuente participante en la conformación del nuevo texto. “Quedabas a tiro de una cautelar de cualquier juez ambientalista que te podría paralizar un proyecto de miles de millones de dólares en plena construcción por un simple manchón de nieve”, agregó a este medio otro especialista.

Por otro lado, la misma nunca terminó de reglamentarse. Si bien establece que el inventario debe actualizarse cada cinco años, ya se triplicó ese tiempo y apenas se avanzó con el primero de los tres niveles de análisis que preveía por falta de recursos.

“No todos los glaciares y ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos. La ley debe aclarar que esa determinación debe realizarse, de acuerdo con la opinión de expertos, caso por caso y en base a estudios específicos que lo sustenten”, opinaron desde CAEM, la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.

En esa línea, el proyecto enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo tiene dos ejes centrales: establecer con mayor claridad el objeto de protección, donde la función hídrica será el aspecto preponderante para determinar la protección de una geoforma periglaciar y que sean las propias provincias las que oficien el rol de delimitación.

Es por eso que, en el Inventario Nacional de Glaciares van a estar sólo “aquellos que cumplan con las funciones de reserva estratégica de recursos hídricos y como proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas”, una definición que será “atribución exclusiva de la autoridad con competencia ambiental de cada jurisdicción”, según detalla el proyecto.

En diálogo con este medio, varios funcionarios provinciales destacaron que están “mucho mejor preparados que Nación para realizar esta tarea”, que sus plazos de trabajo serán “mucho más expeditivos” y que ya cuentan con un avance significativo por el estudio de cada declaración de impacto ambiental de los diferentes proyectos mineros.

El mismo tiempo, la ley afirma propone un equilibrio para cumplir tanto con el artículo 41 como con el 124 de la Constitución Nacional, que disponen “la utilización racional de los recursos naturales, de un modo que atienda a las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. @@FIGURE@@

Los pasos a seguir y las inversiones que vendrían

Este mismo miércoles se constituirían las nuevas autoridades de las comisiones del Senado y arrancaría el tratamiento. La cabecera estaría en Ambiente, al mando de la chubutense Edith Terezini y se sesionaría en plenario con la comisión de Minería, donde seguiría al frente el catamarqueño Flavio Fama.

Habrá una instancia de participación ciudadana para no violar el Acuerdo de Escazú, para luego proceder a votar al recinto cuanto antes. “Tenemos los números”, confían en la Rosada, aunque aclaran que lo más importante “es que el proyecto salga bien, no cambia si se demora un mes más o un mes menos”.

Una vez aprobada la ley, se dará paso a una serie de estudios de cada provincia que podrían tomar hasta dos años dado que sólo se trabaja durante el verano por las condiciones climáticas, un proceso que podría darse en paralelo a la presentación del RIGI para no perder la ventana de oportunidad del régimen de incentivos.

“Sabemos que con estudios reales son muy pocos los sistemas de glaciares que realizan un aporte significante de agua al sistema”, indicaron desde el sector privado, donde confían en que podrían destrabarse inversiones por más de 35.000 millones de dólares.

Sólo entre Vicuña, Pachón y MARA, ya acaparan unos 28.500 millones. Y ahí no se contempla Altar, Lunahuasi, una posible expansión de Los Azules y muchos otros proyectos en estado de exploración. En el caso de Mendoza, por ejemplo, se anticipan entre 4 y 8 proyectos de clase mundial.

“Ahora se reduce al mínimo cualquier interpretación y eso da una mayor seguridad jurídica para que vengan a invertir. Se viene trabajando desde abril, analizamos las normativas de Chile, Perú y otros países mineros a nivel mundial. Nuestro marco normativo era muchísimo más restrictivo. Con estos cambios, se esclarece el alcance de la norma, sin por ello atenuar los estándares de protección ambiental vigentes”, detallaron fuentes de la Secretaría de Legal y Técnica.