Bernardo Saravia Frías es, quizás, uno de los máximos referentes para hablar sobre el juicio por la expropiación de YPF que se lleva adelante en los tribunales de Nueva York. El ex Procurador General del Tesoro de la Nación tuvo a su cargo la estrategia legal de este litigio durante el gobierno de Mauricio Macri y hoy es una de las figuras más consultadas en el mundo del derecho.
En una charla con Forbes, analizó el impacto de la suspensión temporal de la sentencia de la jueza Loretta Preska, el apoyo de los Estados Unidos como "amicus" respecto al rechazo a la entrega de acciones de YPF y cuáles deberían ser los pasos a seguir en esta nueva etapa.
- ¿Qué tan positiva es la suspensión temporal de la sentencia de Preska dictada por la Cámara de Apelaciones?
- Lo que se dispuso es un 'temporal administrative stay', con el consentimiento de Burford. No es un 'stay' permanente, sino una orden de suspensión administrativa algo más precaria, que usualmente toman los tribunales americanos hasta conocer el fondo de lo que tiene que decidir y evitar así un daño irreparable para una de las partes, en este caso, Argentina. Es una buena noticia para el país, sin dudas. Pero hay que intentar quitar dramatismo y exitismo.
- ¿Dramatismo por el último rechazo de Preska al pedido argentino?
- Sí, lo del lunes hay que desdramatizarlo. Tenía un final previsible. Era muy difícil que la jueza, después de la decisión que había tomado, vuelva sobre su paso, que es lo que estaba pidiendo el país. Y exitismo, porque es un paso procesal más, con rasgos de precariedad. Lo que hay que hacer ahora es concentrar los esfuerzos en la apelación del fondo de la cuestión. Este paso procesal da aire, pero no tiene rasgos de definitivo y, por tanto, hay que continuar con todos los esfuerzos. Lo que sí importa es lo que ocurre en la Cámara ahora, con la apelación que ya hizo el país, tanto en el fondo de la cuestión como en esta cuestión particular que tiene que ver con la ejecución de la sentencia.
- ¿Se puede prever cómo actuará la Cámara?
- Yo no sé qué hará la Cámara. Lo que sé es que este caso tiene la importancia suficiente como para ser tratado lo más pronto posible. Y desde ya que en Estados Unidos el país tiene que hacer los esfuerzos jurídicos y diplomáticos también para poner este tema en la agenda política y resaltar la necesidad de que se tome una decisión de manera perentoria y pronta.
- ¿Usted cree que la buena relación del gobierno argentino con el gobierno de los Estados Unidos podría ayudar a que este caso se trate más rápido?
- No se trabaja así de manera automática, pero tiene injerencia la faz política en todo lo que está ocurriendo en la justicia americana. Basta ver los fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos en los que está prestando enorme atención a todos los casos que tienen voltaje político, particularmente en la decisión del Poder Ejecutivo. No digo que esta decisión tenga para Estados Unidos importancia, pero sí tenemos chance de que esté en la agenda política por la relación particular que tiene el país con Estados Unidos en el marco geopolítico.
- ¿Hay chances de revertir el fallo?
- Si uno lee con atención lo que dijo la jueza, hay cuatro hitos que se analizan para el stay que pidió el país y la jueza misma reconoce que lo que se llaman los merits, es decir, el fondo de la cuestión, tiene chances. Lo dice precisamente la jueza en su decisión, tiene chances en la Cámara. Sobre ese punto hay que trabajar. Hay una decisión de fondo que debería intentar revertirse, que tiene rasgos de arbitrariedad, y es ahí donde hay que poner todo el foco y toda la atención y el esfuerzo jurídico y diplomático.
- ¿Y qué implica un desacato en términos jurídicos? ¿Es algo muy grave que podría traerle consecuencias complejas al país?
- Que se entre en desacato con un juzgado, la verdad que no es una buena noticia. No es tan grave, pero no es una buena noticia.
- ¿A usted le parece que la Argentina debería seguir insistiendo en este rumbo judicial de apelaciones y no iniciar una estrategia de negociación?
- No tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna duda porque no conviene ni jurídicamente ni políticamente. No conviene jurídicamente porque está prohibido por ley argentina, ley de presupuesto en particular, llegar a un acuerdo transaccional cuando no hay una sentencia firme. Y acá no hay una sentencia firme. Acá hay por lo menos una apelación ante la Cámara que está todavía sujeta a decisión. Así que por empezar no se puede. Estratégicamente es un error negociar porque hay serias chances de que la Cámara, no sé si revierta la decisión, pero sí que reduzca el monto de la condena establecida por Preska. Especialmente si aplica la jurisprudencia justamente americana que indica que el tipo de cambio aplicable no sería el que aplicó la jueza Preska. Y si eso es lo que considera, si ese es el parámetro que sigue la Cámara, pues todo cambia. Estaríamos hablando de un monto mucho menor.
- ¿En cuánto podría reducirse el monto?
- No, yo no soy contador, pero podría decir que podría llegar a ser sensiblemente menor. En cálculo estaríamos hablando de una reducción sustancial de más de la mitad del monto actual, sin duda.