El plan de rutas con financiamiento privado "a la chilena" empezaría por la provincia de Río Negro con una inversión superior a US$ 350 millones que ingresaría al RIGI para construir una nueva red de autovías fundamentales para Vaca Muerta.
El Gobierno quiere tener el esquema listo antes de las elecciones de octubre para mostrar el éxito del modelo en la campaña como "caballito de batalla" tanto a nivel nacional como provincial. Por eso es que lo están trabajando en tándem el propio presidente Javier Milei con la diputada Lorena Villaverde, quien está a punto de formalizar su candidatura a senadora nacional y aspira a ganar la gobernación en 2027.
"Hoy estamos midiendo 35 puntos en la provincia, pero proyectando indecisos pasaríamos los 40 puntos. Con eso metemos dos senadores y los dos diputados que están en juego", confían desde La Libertad Avanza.
La idea es que el caso rionegrino sirva como "ejemplo" para expandir el sistema de construcción vial privado al resto del país. O, al menos, a las rutas más rentables para eventuales inversores, donde sobresalen las regiones petroleras, mineras, agropecuarias e industriales.
Justamente, el vínculo de Río Negro con Vaca Muerta es lo que la convierte en un caso ideal para iniciar este sistema. El colapso vial por el intenso tráfico de camiones hace que las petroleras estén dispuestas a participar de un consorcio que financie las obras y luego recupere la inversión con un canon focalizado en el transporte pesado.
En una primera fase, se buscará avanzar con el tramo inconcluso de la Ruta Nacional 22 que va de Villa Regina a Cipolletti (una obra que lleva más de 10 años paralizada), la 151 que corre casi en paralelo a la frontera con Neuquén y la "Barda Norte", un camino detrás del eje de localidades del Alto Valle donde estarían ubicados los parques industriales.
Según pudo saber este medio, esos proyectos requerirían de una inversión de entre 350 y 400 millones de dólares y se estudia formar un Vehículo de Proyecto Único (VPU) entre los tres tramos para aplicar al RIGI.
Ya en una siguiente etapa que apunta a atender las necesidades futuras de la provincia con el desarrollo portuario que traerá el GNL y del oleoducto VMOS, se buscará financiar la construcción de la autovía 3 y también están en carpeta la reforma de las rutas 251, la 40 y la 23.
"Ahora estamos trabajando en el marco legal y en la construcción de la estructura jurídica. Puede haber una combinación del modelo chileno, el peruano o el suizo, según la ruta. El juego está abierto para sacar la mejor versión y recién ahí definir el esquema de licitación y el tipo de concesión", sostienen desde el oficialismo.
El objetivo es armar un consorcio de dos o tres empresas que puedan construir, operar y mantener la ruta con financiamiento propio, donde ya hay conversaciones muy avanzadas con una firma en particular.
Ahí podrían mezclarse compañías vinculadas al negocio del Oil & Gas, la construcción y el turismo, que recibirían como garantía estatal frente a un eventual cambio de reglas de juego en el futuro -como sucedió tantas veces en el país- la entrega de una serie de títulos públicos.
