El proyecto de reforma laboral que obtuvo dictamen en el Senado pero cuyo tratamiento se postergó para febrero esconde un objetivo que va más allá del impacto directo en el mercado de trabajo. A través de la polémica creación del Fondo de Asistencia Laboral, que se nutrirá de 3% de los aportes patronales destinados a la seguridad social, el Gobierno busca recrear el mercado de capitales con un nuevo inversor institucional de peso. Con un volumen inicial que privados calculan en US$ 2.500 millones anuales pero que en el equipo económico computan de hasta US$ 4.000 millones, estos fondos serán constituidos por cada empleador que tendrá “una cuenta individual, de carácter común y no individualizable por trabajador, cuya administración estará a cargo de una entidad habilitada a través de uno de sus fondos que tenga autorizado a tal fin por la Comisión Nacional de Valores”, según se establece en el artículo 62 del proyecto, tras aclarar que además de los aportes, “los rendimientos, intereses y/o a cualquier otra renta derivada de las inversiones que efectúe la administradora del Fondo, en los términos y condiciones que establezca el Ministerio de Economía” capitalizarán el instrumento..
La intención oficial es más que evidente y Gobierno está lejos de esconderla: con la creación obligatoria de los FAL está buscando un sustituto de las extinguidas AFJP para darle profundidad al mercado de capitales locales para financiar el crecimiento. En su momento, las administradoras de los fondos de pensión, en las que el Presidente Javier Milei cuenta con un destacado antecedente laboral -fue economista jefe en Máxima AFJP, el fondo de pensión del banco HSBC-, muy criticadas por las altas comisiones que cobraban a los afiliados, se orientaron a financiar al Estado mediante la compra de títulos público. Esos activos que llegaron a conformar la mayor parte de su cartera.
Con las cuentas públicas equilibradas, esos fondos podrían orientarse, desde la perspectiva oficial, a financiar la expansión del crédito para el sector privado.
De hecho, una de las principales preocupaciones de los bancos a principios de año era, precisamente, cómo fondear el crecimiento de los préstamos de largo plazo ante el descalce de los depósitos de los ahorristas a muy corto plazo y con tasa de suba mucho menor a la demanda del crédito. Las turbulencias financieras y el apretón monetario que llevó las tasas a las nubes pusieron las cosas en su lugar y las urgencias se desplazaron. Sin embargo, con el panorama nuevamente estabilizado, la cuestión vuelve a emerger. Por ejemplo: la CNV autorizó en abril la securitización de los créditos hipotecarios. Para que un mecanismo de estas características funcione, es imprescindible que los bancos tengan a quién colocarle esas hipotecas. Ese inversor de largo plazo hoy no existe en el mercado. Por eso el Gobierno busca inventarlo.
“En la Argentina no hay un mercado de capitales desarrollado. Otra de las genialidades del kirchnerismo, que fue destruir el mercado de capitales. Si lo combatís al capital, se va. Si se demoniza el crédito, tampoco hay crédito. Te llevás las AFJP, te quedás sin mercado”, apuntó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien destacó que “como parte de la reforma laboral, el Fondo de Asistencia Laboral que son US$ 4.000 millones va a alimentar un nuevo mercado de capitales”. Según el funcionario, a través de ese nuevo actor, las empresas y “la gente” va a tener crédito de “los argentinos mismos”, lo que a su vez va a reducir la dependencia de Wall Street.
Por lo pronto, en el mercado esperan la reglamentación de estos fondos. Asumen que en principio la regulación será muy estricta y que el menú disponible de inversión será bien acotado. “Seguramente empezarán con plazos fijos, tal vez algunos títulos públicos pero en el inicio lo más probable es que sean muy restrictivos”, opinó Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investments.