La administración de Javier Milei logró mantener el superávit fiscal primario durante el segundo año de gestión, algo que se convirtió en una de las principales banderas políticas y económicas del oficialismo. Durante el 2025, se ubicó en 1,4% del PBI, incluso tras la eliminación del impuesto PAIS, que representó una pérdida de 1 punto del producto en la recaudación. Aun así, el resultado fiscal no se alteró.
Este comportamiento consolidó la idea de que el equilibrio de las cuentas públicas pasó a ser un objetivo no negociable. Para 2026, el presupuesto nacional estima un superávit levemente mayor, del 1,5% del PBI, aunque el FMI, en su última revisión, sugiere elevarlo hasta el 1,6% según recuerda del último Informe Macroeconómico realizado por CREA.
El desafío radica en cómo lograr ese salto sin contar con el mismo margen para ajustar el gasto. Entre 2023 y 2025, el Gobierno recortó 5,4 puntos del PBI en el gasto público nacional. Ese ajuste devolvió el nivel de erogaciones a registros similares a los de 2006. Se recortaron partidas en prácticamente todas las áreas: infraestructura (-1,2%), planes sociales discrecionales (-1%), subsidios a tarifas (-1,1%), transferencias a provincias (-0,5%) y salarios públicos (-0,8%).
El recorte no se concentró solamente en la licuación por inflación. Si bien los salarios estatales perdieron 14,4% en términos reales desde noviembre de 2023, también cayó el número de empleados públicos. Según el INDEC, hay 61 mil personas menos en la administración pública nacional, una baja del 18% del total.
En el caso de las jubilaciones, el gasto se estabilizó e incluso se recuperó respecto a 2024, quedando solo 0,1% del PBI por debajo del nivel de 2023. Como ese componente representa el 42% del gasto primario, el margen para un nuevo ajuste sin una reforma previsional explícita se vuelve muy acotado.
Por eso, el propio presupuesto 2026 ya no prevé una baja del gasto, sino un aumento leve del 0,2% del PBI. A medida que se desacelera la inflación, las jubilaciones tienden a recomponerse y con eso aumentan las erogaciones. Al mismo tiempo, las transferencias a provincias —una variable que se mueve al ritmo de la actividad legislativa— podrían crecer. En 2026, con el Congreso más activo por las discusiones de las reformas tributaria y laboral, el Gobierno necesitará negociar y es probable que tenga que destinar más fondos a las administraciones provinciales.
En ese marco, los gastos por obra pública, que hoy se ubican en un piso histórico de 0,4% del PBI, no podrán mantenerse en ese nivel mucho más tiempo. Son proyectos que impactan directamente en la actividad de las provincias y funcionan como moneda de cambio política.
Así, con un margen muy ajustado para seguir recortando gastos, el camino que queda para sostener el equilibrio fiscal en 2026 es mejorar la recaudación. Pero eso no implica necesariamente subir impuestos. El foco está en que los ingresos tributarios crezcan en términos del producto, impulsados por la reactivación económica y por una reforma tributaria que aumente la eficiencia del sistema.
La mejora en la actividad y en los salarios permitiría recuperar parte de lo perdido en los últimos años. La recaudación de la seguridad social, por ejemplo, cayó de 6,8% del PBI en 2017 a 5,5% en la actualidad. El impuesto a las ganancias pasó de representar el 2,6% del PBI a apenas el 1,5%. Esos dos tributos explican una parte importante del deterioro fiscal y su recuperación dependerá en gran medida del rebote económico.
El presupuesto 2026 estima que los ingresos tributarios crecerán en 0,3% del PBI, una mejora que parece conservadora si la economía muestra señales de recuperación. Ya en 2025 se observó una leve suba: al excluir el impuesto PAIS, la recaudación nacional pasó de 14,3% del PBI en 2024 a 14,5%. Es decir, aún sin cambiar alícuotas, la economía más estable comienza a devolver resultados en materia fiscal.
La discusión tributaria no será menor. El Gobierno necesita que su reforma impositiva pase por el Congreso y que, a diferencia de intentos anteriores, logre ordenar un sistema que perdió progresividad y eficiencia. Las señales hasta ahora indican que se avanzará en la simplificación de tributos, se buscará ampliar la base y se apuntará a formalizar segmentos hoy al margen del sistema. También habrá novedades sobre el esquema de retenciones, que continuarán bajando de manera gradual.
En ese punto, el oficialismo dejó claro que mantendrá la discrecionalidad sobre los tiempos y los niveles de las rebajas, que dependerán de cómo evolucione la actividad económica y del resto de la recaudación.
Las decisiones de fondo, como una posible reforma previsional o un rediseño del sistema de asistencia social, quedarían para después de 2026. Lo mismo con un cambio profundo en el esquema de coparticipación o en la distribución de recursos a las provincias. Son temas sensibles que el Gobierno preferirá dejar para un eventual segundo mandato.
Mientras tanto, el año próximo se perfila como menos volátil en términos financieros y cambiarios, lo que podría darle al Ejecutivo algo más de estabilidad para apuntalar los ingresos sin depender únicamente del ajuste. De hecho, esa será la clave para que el superávit no se vuelva una meta inalcanzable si la recaudación no mejora.
El oficialismo se juega mucho en 2026. Las cuentas fiscales entrarán en una nueva etapa, con menos espacio para el ajuste y más presión por mostrar resultados económicos. En ese escenario, el equilibrio dependerá de cuánto pueda crecer la recaudación sin ahogar la actividad.
