El aumento de la morosidad de los hogares argentinos abrió un nuevo debate sobre el funcionamiento del sistema financiero y los límites de una eventual intervención estatal en las relaciones entre bancos y deudores. Aunque los proyectos que plantean congelamientos de pagos, quitas obligatorias o límites a las tasas de interés todavía no avanzaron en el Congreso, su aparición ya genera señales de alerta dentro del sector financiero.

La mora de las familias en el sistema bancario alcanzó el 11,2% en febrero de 2026, según el último Informe sobre Bancos del Banco Central. El informe del BCRA indica que el ratio de irregularidad del crédito al sector privado llegó al 6,7%, pero las diferencias entre familias y empresas son marcadas. Mientras los hogares registraron una mora del 11,2%, las compañías presentaron una mora de apenas 2,9%.

Dónde se concentra la mora

La mayor presión se concentra en las líneas vinculadas al consumo cotidiano, como los préstamos personales y las tarjetas. Allí aparecen los créditos utilizados para afrontar gastos como educación, compras en supermercados o bienes para el hogar.

“Muchas familias tomaron préstamos personales, tarjetas y financiamiento de billeteras virtuales para cubrir sus gastos básicos”, introduce  Gustavo Neffa, economista especialista en mercados financieros, “pero luego tuvieron problemas para afrontar las cuotas, en parte por el ajuste de tarifas, alquileres y servicios, los cuales redujeron el ingreso de varios hogares”.

Según Lorena Giorgio, economista jefe de Equilibra, “la fuerte volatilidad de tasas de la segunda mitad de 2025 fue determinante para el incremento de los niveles de morosidad de las familias”. La especialista explica que “los bancos mantuvieron sus tasas activas elevadas, y el spread entre tasas activas y pasivas llegó a superar el 250%. Incluso, agrega Giorgio, ”muchos bancos frenaron el otorgamiento de nuevos créditos para evitar un aumento en los ratios de irregularidad". “El costo de refinanciamiento del crédito subió por ascensor, y los ingresos de las familias por escalera”, enfatiza. 

En contraste, las grandes empresas mantienen niveles de incumplimiento muy reducidos. Las pymes también registraron un incremento en sus indicadores, aunque bastante menor al observado en los hogares. La cartera irregular de las empresas subió del 0,8% en febrero de 2025 al 2,9% actual, un avance que requiere seguimiento, pero que permanece lejos de la situación que enfrentan las familias.

Una de las explicaciones detrás de esta diferencia está vinculada con el acceso al financiamiento. Las pymes no experimentaron una expansión del crédito tan acelerada como la que tuvieron los consumidores. Esa menor disponibilidad de préstamos evitó un nivel de endeudamiento similar al que hoy enfrenta una parte importante de los hogares.

El riesgo de intervenir sobre las reglas del crédito

En este escenario aparece el principal interrogante sobre las iniciativas legislativas que buscan modificar las condiciones del crédito. El sistema financiero sostiene que medidas compulsivas, como las quitas obligatorias o los topes a las tasas, pueden alterar los incentivos para otorgar nuevos préstamos.

El economista Leo Anzalone sostiene que "una flexibilización excesiva de las condiciones puede generar efectos no deseados". Y agrega: “Los bancos pueden llegar a flexibilizar, por un lado. Sin embargo, pueden terminar incorporando ese riesgo al precio del crédito. Eso no siempre implica una suba inmediata de las tasas, pero sí puede traducirse en condiciones más difíciles para acceder al crédito y al financiamiento".

“Lo prudente —remarca Anzalone— sería que el Banco Central encontrara un equilibrio: proteger a quienes enfrentan dificultades transitorias, porque eso también tiene relación con el programa macroeconómico y no únicamente con la situación fiscal, pero sin generar señales que desalienten el crédito. El programa de este gobierno se apoya, o al menos dice apoyarse, en el crédito como motor del crecimiento”.

Por su parte, Sebastián Menescaldi, economista de EcoGo, remarca: “Creo que cualquier interferencia merece cautela". El especialista sostiene que ya hubo otros momentos de cambios en la regulación. Por ejemplo, durante la crisis de la convertibilidad y la pandemia. “La verdad es que fueron dos situaciones muy especiales que ameritaban una intervención del Estado. De hecho, los cambios los pidieron las propias entidades; no las familias. Ahora, no sé si hoy conviene cambiar la regulación solo porque aparece un dato incómodo”, profundiza.

Por otro lado, Menescaldi enfatiza que si modificás las reglas, ese riesgo quedará incorporado para el futuro. Entonces, las tasas que vas a cobrar van a ser aún más altas y terminás perjudicando todo el esquema hacia adelante. Si, eventualmente, el Estado tiene que intervenir, eso va a tener un costo, que tampoco creo que quiera asumir. La solución de este problema, pese a los resultados actuales, va a llevar tiempo: será una transición larga", concluye Menescaldi.