Durante el acto por el Día de la Industria, realizado este miércoles en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, planteó ante representantes empresarios y funcionarios nacionales que la situación económica debe analizarse más allá de la evolución de la inflación y que también debe ponerse el foco en el nivel de actividad. “La estabilización es fundamental para la Argentina. Pero la economía no puede medirse solamente por la evolución de la inflación. Tenemos que mirar la actividad”, sostuvo Rappallini.
En ese marco, el titular de la UIA señaló que existen “sectores muy golpeados”, con empresas cuyos niveles de utilización de capacidad se encuentran por debajo de sus posibilidades, y reclamó una “mirada sistémica” sobre el proceso económico.
El encuentro reunió a unos 200 industriales. Entre los presentes estuvieron el secretario de Coordinación de la Producción, Pablo Lavigne; el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino; y el titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.
La UIA centró su mensaje en la situación de la industria manufacturera, el costo argentino y las condiciones que considera necesarias para que las empresas puedan competir en una economía más abierta. En ese marco, Rappallini planteó la necesidad de construir un puente entre la economía que queda atrás y una economía competitiva bajo la premisa de siete puntos clave.
El primero de esos puntos estuvo vinculado con el nivel de actividad y la recuperación del financiamiento. “Tenemos que encontrar instrumentos que permitan sostener la actividad sin comprometer el orden macroeconómico. Y uno de los más importantes es reconstruir el crédito”, dijo.
Rappallini también relacionó el desempeño industrial con variables como el empleo, el consumo, la inversión, la recaudación y la estabilidad macroeconómica. “La microeconomía también construye la macroeconomía. Cuando cae la actividad, se pierde empleo, se debilita el consumo y se destruye tejido empresarial y capacidad productiva”, afirmó. Según explicó, cuando esa dinámica se extiende también termina afectando “la inversión, la recaudación y la propia estabilidad macroeconómica”.
En su diagnóstico, la industria atravesó una etapa de contracción al mismo tiempo que se produjo un ordenamiento fiscal, una desaceleración de la inflación y una mayor apertura económica. De acuerdo con los datos presentados durante el discurso, la producción industrial quedó 10% por debajo de los niveles de 2022 y existen sectores con caídas de entre 25% y 30%. El titular de la UIA también mencionó el impacto sobre el mercado de trabajo. “Desde agosto de 2023, la industria perdió 90.000 puestos de trabajo asalariados registrados”, señaló.
Competitividad y costo argentino
El segundo eje de la exposición estuvo dedicado a la competitividad. El presidente de la entidad mencionó a los impuestos, las regulaciones, los costos logísticos, los problemas de infraestructura, las restricciones financieras, las distorsiones de precios y los cambios de reglas entre los factores que afectan a las empresas. “Tenemos que acelerar la reducción del costo argentino y hacerlo sobre aquellos factores que hoy condicionan la capacidad de nuestras empresas para competir”, afirmó.
Según sostuvo, en una economía abierta, los precios, la calidad y las condiciones de competencia se definen a escala global, por lo que “ya no compiten solamente las empresas: compiten los sistemas productivos de los países”. Rappallini mencionó, además, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el Súper RIGI como instrumentos que reconocen esa competencia internacional para los grandes proyectos, y planteó que ese mismo criterio alcance al conjunto de la industria.
En materia impositiva, propuso avanzar sobre los gravámenes que se acumulan a lo largo de la cadena productiva, entre ellos Ingresos Brutos, sellos, tasas municipales, el impuesto a los créditos y débitos y la carga sobre la renta empresarial. La UIA propuso un Pacto Fiscal Industrial Federal entre la Nación, las provincias y los municipios para reducir de manera gradual y coordinada la presión fiscal sobre la producción.
“El objetivo es claro: que el Estado deje de ser el obstáculo para que la industria le ofrezca a la sociedad precio y calidad internacional”, sostuvo Rappallini.
El planteo sobre la competencia desleal
El tercer punto estuvo dedicado a las condiciones de competencia. Rappallini sostuvo que “la competencia leal es una condición indispensable del libre mercado”. En ese aspecto, mencionó los subsidios a la producción y a las exportaciones que existen en otros países, las prácticas de dumping y la sobreoferta. También señaló el contrabando como uno de los problemas que enfrenta el mercado local y afirmó que, en algunas actividades, los productos que ingresan mediante circuitos irregulares representan entre el 30% y el 50% del mercado.
A esos factores agregó la subfacturación, la informalidad, el incumplimiento de normas de calidad y seguridad y las diferencias de exigencias entre productos importados y nacionales. “Esto lejos está de ser libre mercado, es competencia desleal”, afirmó.
El pedido de la UIA fue contar con un Estado que controle, garantice el cumplimiento de las reglas y actúe frente a esas prácticas.
Energía y el impacto sobre las empresas
El cuarto punto fue la energía. Rappallini sostuvo que el gas, el petróleo y las energías renovables deben transformarse en una ventaja para la producción nacional y señaló que Vaca Muerta debe servir tanto para exportar energía como para ampliar las exportaciones de productos argentinos. “Eso significa garantizar abastecimiento, infraestructura y energía a precios competitivos en todo el territorio nacional”, expresó.
El dirigente indicó que distintas industrias, en particular, pequeñas y medianas empresas, recibieron durante el año facturas de gas y electricidad que se multiplicaron entre tres y cinco veces. Ante ese escenario, reclamó un mecanismo de acompañamiento financiero para amortiguar el impacto sobre las compañías. “Seguimos aguardando una respuesta que permita a estas empresas no poner en riesgo su actividad”, señaló.
Morosidad y capital de trabajo
El quinto eje estuvo vinculado con la morosidad. Rappallini afirmó que la suba de las tasas de interés del año anterior incrementó el costo financiero y llevó a numerosas empresas, especialmente pymes, a acumular deudas. Según expuso, la caída de la actividad también dificultó el cumplimiento regular de las obligaciones tributarias.
La UIA pidió mecanismos para reprogramar deudas bancarias y fiscales, regularizar situaciones de morosidad y acompañar a las empresas que atraviesan problemas de liquidez. También planteó la suspensión extraordinaria de embargos y una aceleración de la devolución de saldos a favor acumulados. Sobre esos recursos, sostuvo: “Son capital de trabajo que hoy necesitan para pagar salarios, proveedores, impuestos y sostener la producción”.
Infraestructura para la producción
La infraestructura ocupó el sexto punto del discurso. El presidente de la UIA mencionó el estado de las rutas, las demoras portuarias, la insuficiencia de la red ferroviaria, la falta de redes eléctricas y gasoductos, los problemas de conectividad y las dificultades en los pasos fronterizos.
“Son costos que se trasladan directamente al precio de nuestros productos y terminan definiendo nuestra capacidad de competir, tanto en el mercado interno como en el mundo”, sostuvo.
Rappallini planteó acelerar inversiones mediante concesiones, licitaciones y esquemas público-privados para rutas, puertos, ferrocarriles, energía y conectividad. También reclamó recuperar una mirada estratégica sobre la inversión pública para aquellos casos en los que el sector privado no pueda concretar por sí solo las obras requeridas.
“Mejorar la competitividad exige producir mejor, pero también contar con la infraestructura necesaria para llevar esa producción al mundo”, afirmó.
Modernización laboral y litigiosidad
El séptimo y último punto estuvo destinado a la modernización laboral y la litigiosidad. El presidente de la UIA consideró que la nueva legislación laboral abre una oportunidad para actualizar las relaciones de trabajo. “La ley es el punto de partida. Ahora tenemos el desafío de llevar esas herramientas concretamente a las empresas”, expresó.
El dirigente señaló que el diálogo entre trabajadores y empresarios será central para actualizar convenios colectivos concebidos hace décadas y pidió reducir la litigiosidad y terminar con la “industria del juicio”. Además, afirmó que la efectividad de las nuevas reglas dependerá de su implementación y de una Justicia que aplique esos principios “con claridad y previsibilidad”.
