El Senado convirtió en ley la reforma del régimen de Zona Fría, una de las piezas centrales de la estrategia oficial para focalizar los subsidios energéticos y reducir el alcance de un beneficio que se había expandido de manera significativa durante la presidencia de Alberto Fernández.

La iniciativa obtuvo 38 votos afirmativos y 8 negativos. El nuevo esquema revierte la ampliación aprobada en 2021 —impulsada entonces por el diputado Máximo Kirchner— y vuelve a concentrar el beneficio general en las regiones históricamente contempladas: la Patagonia, Malargüe, en Mendoza, y la Puna.

Para el Gobierno, el cambio apunta a ordenar el gasto y dirigir la asistencia hacia hogares que realmente la necesitan. Para los usuarios de las provincias que ingresaron al régimen con la expansión de 2021, en cambio, abre la incógnita sobre el impacto que tendrá en las facturas cuando llegue el próximo invierno.

La negociación política fue encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y tuvo como contrapartida el compromiso de avanzar con alivios para el costo de la energía eléctrica en las denominadas zonas cálidas. La promesa resultó clave para captar acompañamiento de legisladores del Norte Grande y destrabar una iniciativa que afectará a distritos de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Juan, Mendoza y San Luis, entre otros.

Un subsidio con nuevos criterios

La principal modificación es geográfica y socioeconómica. Las localidades incorporadas en 2021 perderán el descuento automático por el solo hecho de estar incluidas en la categoría de Zona Fría. A partir de ahora, los hogares de esas zonas deberán acreditar condiciones de vulnerabilidad para conservar un subsidio a través del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

El criterio de ingresos fija un umbral de hasta tres Canastas Básicas Totales para una familia tipo, un nivel que se ubica en torno de $4,7 millones mensuales, según los valores citados durante el debate. También podrán acceder al beneficio hogares incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), veteranos de Malvinas y familias con integrantes que cuenten con Certificado Único de Discapacidad, bajo los mecanismos de evaluación que establezca la Secretaría de Energía.

La senadora salteña Flavia Royón, ex ministra de energía de Alberto Fernández y actual presidenta de la comisión de Energía de la Cámara alta, defendió el cambio como una corrección de equidad en la distribución de las ayudas. "Tenemos que avanzar hacia un sistema de subsidios mucho más justo en nuestro país", afirmó.

Royón puso el foco en la diferencia entre quienes acceden a gas por redes y quienes dependen de garrafas. "Hoy, en Argentina, tenemos 9.000.000 de usuarios de gas natural. La zona fría histórica son 940.000 usuarios. La zona fría ampliada son 3.360.000 usuarios. Pero fuera de los que tienen el privilegio de tener conexión de gas a redes, tenemos en Argentina 6.210.000 de usuarios que dependen de las garrafas", señaló.

El argumento es relevante para la discusión distributiva: el esquema previo subsidiaba una parte de las facturas de gas natural en red, mientras millones de hogares sin ese acceso enfrentan otro tipo de costos energéticos, especialmente los vinculados al gas licuado de petróleo.

El cambio técnico que impactará en las boletas

La nueva ley no solo modifica el mapa de beneficiarios. También cambia la base sobre la que se calcula la bonificación.

Hasta ahora, el subsidio de Zona Fría alcanzaba una porción más amplia de la factura. Con el nuevo régimen, se aplicará sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), es decir, sobre el costo de generación o compra del gas natural. Quedarán fuera del descuento el Valor Agregado de Distribución —que explica buena parte del cargo fijo—, el transporte troncal y los impuestos.

Ese detalle técnico será decisivo para los usuarios que mantengan la ayuda. Aun dentro de la Patagonia, Malargüe y la Puna, la modificación puede derivar en aumentos, porque la bonificación recaerá sobre una parte menor de la factura final. El mismo efecto podría alcanzar a los hogares de las zonas incorporadas en 2021 que logren conservar el subsidio por sus ingresos o condiciones particulares.

De acuerdo con estimaciones divulgadas durante el tratamiento legislativo, la reforma quitaría el beneficio general a alrededor de 1,6 millones de usuarios de mayores recursos dentro del régimen vigente, mientras que aproximadamente 1,8 millones de hogares incluidos en el SEF mantendrían la asistencia. Para este último grupo, el descuento podría superar 75% sobre el consumo de gas durante los meses de invierno.

En la provincia de Buenos Aires, el impacto será especialmente amplio: 1,24 millones de hogares de al menos 94 municipios podrían perder el subsidio automático. Patagones sería la excepción, por su pertenencia formal a la región patagónica. A nivel nacional, la modificación alcanzaría a cerca de 3,35 millones de usuarios del régimen ampliado.

El desafío político y económico

La ley llega en un contexto en que el Gobierno busca reducir subsidios, contener el gasto público y avanzar hacia un sistema tarifario con mayor focalización. Diputados ya había aprobado el proyecto en mayo con 132 votos a favor, 105 en contra y 4 abstenciones. Según estimaciones oficiales divulgadas entonces, el rediseño permitiría un ahorro fiscal de $272.099 millones.

El costo político, sin embargo, se medirá en los próximos meses. La nueva estructura comenzará a sentirse cuando se incrementen los consumos estacionales de gas, en un período atravesado por campaña presidencial y por elecciones provinciales en varios de los distritos afectados.

La promesa de un régimen de compensación para zonas cálidas aparece como parte de esa ecuación: el Gobierno intenta reemplazar un beneficio amplio y territorial por un modelo que combine vulnerabilidad socioeconómica, criterios climáticos históricos y una discusión más amplia sobre el acceso desigual a las distintas fuentes de energía.

La reforma no elimina por completo la asistencia. Cambia su lógica. El subsidio deja de ser una bonificación geográfica extensa y pasa a ser una herramienta más focalizada, con menor cobertura automática y mayor peso de los ingresos. El efecto final dependerá del diseño reglamentario, de la evolución de las tarifas y, sobre todo, de cuánto represente el PIST dentro de cada factura cuando llegue el invierno.