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El Gobierno denunciará penalmente a Navitas y otras cuatro empresas por actividades petroleras en Malvinas

Ignacio Alegre Irrazábal

7 Septiembre de 2026 20.41
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El Gobierno argentino anunció que presentará una denuncia penal contra cinco sociedades vinculadas a actividades hidrocarburíferas en la Cuenca Malvinas Norte. La Casa Rosada sostiene que tres de ellas poseen presuntamente licencias otorgadas por autoridades británicas de manera unilateral, sin autorización argentina. La medida también alcanzará a sus accionistas y a sus autoridades.


Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina vía Wikimedia Commons.

Datos clave

  • El canciller Pablo Quirno realizará la presentación con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
  • La denuncia se dirigirá contra Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.
  • El Gobierno sostiene que esas compañías cuentan presuntamente con licencias británicas para explorar o explotar hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de la Ley 26.659.
  • La presentación también incluirá a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas en el comunicado como accionistas de las sociedades involucradas.
  • La denuncia alcanzará, además, a directores, gerentes, síndicos, administradores, representantes y otras autoridades que hayan participado en los hechos investigados.
  • Navitas posee el 65% de Sea Lion y actúa como operadora, mientras que la británica Rockhopper Exploration controla el 35% restante. Rockhopper no figura entre las cinco sociedades mencionadas en el comunicado.
  • Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos durante la elaboración del Presupuesto Nacional 2027.

Antecedentes clave

La denuncia representa el primer paso judicial anunciado por el Gobierno nacional desde que el presidente, Javier Milei, anticipó la semana pasada un endurecimiento de las sanciones contra las compañías que participen, directa o indirectamente, en proyectos hidrocarburíferos en área de Malvinas sin autorización argentina.

La Ley 26.659 establece que las empresas deben obtener el permiso del Estado argentino para explorar o explotar hidrocarburos en la plataforma continental. También prohíbe tener participación directa o indirecta en sociedades que desarrollen esas actividades sin la habilitación correspondiente.

Una de las compañías incluidas, Navitas Petroleum Development & Production, es la subsidiaria británica de la petrolera israelí que lidera el proyecto Sea Lion. El proyecto se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas y prevé comenzar a producir petróleo en marzo de 2028.

Tras el anuncio de Milei, Navitas y Rockhopper sostuvieron que sus licencias son válidas y que no esperaban que las medidas tuvieran efectos materiales sobre las actividades ni sobre el cronograma del proyecto. Las declaraciones del presidente provocaron una caída de las acciones de ambas petroleras.

Lo que viene

El siguiente paso será la presentación formal de la denuncia. El comunicado de la Casa Rosada no precisó ante qué juzgado se realizará, qué delitos concretos les atribuirá el Gobierno a las compañías ni si solicitará medidas para intentar frenar sus actividades.

Una vez ingresada, la Justicia deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación e identificar la responsabilidad de las empresas y de sus autoridades. Mientras tanto, Navitas y Rockhopper mantienen el cronograma previsto para Sea Lion.

La Base Naval Integrada entra en el Presupuesto 2027

En el mismo comunicado, el gobierno informó que el presidente Milei firmó una instrucción dirigida a Luis Caputo para que priorice el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos durante la elaboración del próximo presupuesto.

El proyecto deberá ser enviado al Congreso el 15 de septiembre. La Casa Rosada no precisó que monto de financiación se asignará a las obras, pero sostuvo que la medida busca reforzar la seguridad nacional y proteger los intereses argentinos en el Atlántico Sur.

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