En las horas posteriores al ataque nocturno de Estados Unidos sobre Caracas y varios estados venezolanos, la reacción internacional expuso un tablero político fracturado en la región y fuertes dudas sobre la legalidad de la operación. El propio presidente estadounidense, Donald Trump, defendió la ofensiva y la captura de Nicolás Maduro como un éxito militar.
En una breve entrevista telefónica con The New York Times, Trump elogió lo que definió como una “operación brillante”. “Mucha buena planeación y muchas grandes, grandes tropas y grandes personas”, dijo el presidente, para luego insistir: “Fue una operación brillante, en realidad”. Más temprano, ya había anunciado en Truth Social: “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien, junto con su esposa, ha sido capturado y trasladado fuera del país”.
La respuesta desde Caracas fue inmediata. El canciller venezolano, Yvan Gil, repudió la “gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno de Estados Unidos”, a la que calificó como violación de la soberanía y de la Carta de la ONU. “El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación”, aseguró en Telegram.
En paralelo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez cuestionó la narrativa de Washington sobre la supuesta captura de Maduro. “Exigimos al Gobierno de Donald Trump prueba de vida inmediata del presidente Maduro y la primera dama”, afirmó en VTV, al remarcar que se “desconoce” el paradero del mandatario y de Cilia Flores.
Varios mandatarios de la región reaccionaron en cuestión de horas, marcando una grieta geopolítica que excede a Venezuela. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reclamó una intervención urgente de los organismos multilaterales: “En este momento están bombardeando Caracas. Alerten al mundo, han atacado a Venezuela”, escribió en X, para luego exigir que “la OEA y la ONU deben reunirse de inmediato”.
Cuba se ubicó en la primera línea de la condena. El presidente Miguel Díaz-Canel denunció en X lo que definió como un “criminal ataque de EE.UU. a Venezuela” y advirtió que la región está siendo “brutalmente asaltada” por un “terrorismo de Estado”, al pedir una “urgente reacción” de la comunidad internacional.
La Argentina se alineó abiertamente con la Casa Blanca. El presidente Javier Milei celebró el anuncio de Trump sobre la presunta captura de Maduro y compartió en su cuenta de X la noticia acompañada por un mensaje que sintetiza su posición ideológica: “La libertad avanza. Viva la libertad caro**”**.
Dentro de Venezuela, la respuesta institucional combinó denuncia diplomática y despliegue militar. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a EE.UU. de impactar “con misiles y cohetes” disparados desde helicópteros de combate contra “poblaciones civiles” en Fuerte Tiuna, Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, y prometió una reacción de máxima escala: “Activaremos en todo el espectro del espacio geográfico nacional y en perfecta fusión popular, militar, policial, la puesta en completo a presto operacional a través del despliegue masivo de todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y misilísticos”.
La oposición venezolana, en cambio, optó por el silencio público. Voceros opositores señalaron que “no tienen comentarios oficiales respecto a la situación actual en el país”, una postura que refleja tanto el desconcierto ante el operativo como el riesgo político de alinearse, en caliente, con una acción militar extranjera.
Mientras tanto, desde Washington surgen nuevas capas de justificación jurídica. El senador republicano Mike Lee aseguró en X que, según le transmitió Marco Rubio, “Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos penales en Estados Unidos, y que la acción militar que vimos esta noche se llevó a cabo para proteger y defender a quienes ejecutaban la orden de arresto”. Para Lee, “esta acción probablemente se enmarca dentro de la autoridad inherente del presidente, según el Artículo II de la Constitución, para proteger al personal estadounidense de un ataque real o inminente”.
Con denuncias de “ataque criminal”, llamados a la ONU, celebraciones presidenciales y silencios estratégicos, la ofensiva sobre Venezuela no solo reconfigura el mapa político regional: también anticipa un ciclo de inestabilidad con impactos directos sobre el petróleo, las inversiones y el riesgo país en toda América Latina.
