La espiral en baja en la generación de puestos de trabajo formales y el envejecimiento progresivo de la población representan el combo perfecto para explicar las generalidades de la tensión del sistema previsional en la mayoría de los países. Pero, como a toda crisis, la Argentina le agrega sus propios condimentos, que generalmente provocan un agravamiento del problema.
El tema llegó a formar parte de la agenda de Democracia 40 (#40D), una iniciativa que promueve una conversación multisectorial, federal e intergeneracional, con el objetivo de proponer propuestas para construir un futuro mejor en la Argentina.
Las irregularidades del sistema previsional argentino fue uno de los ejes que planteó Gala Díaz Langou, directora ejecutiva del Cippec, en la cena anual de la entidad, frente a una nutrida concurrencia de empresarios (los principales del país), funcionarios nacionales y referentes políticos. Según el Cippec, los regímenes de excepción son uno de los ítems a revisar para estabilizar la economía y reducir el déficit fiscal.
En el llano, estas iniciativas gubernamentales de sumar a la protección previsional a quienes no alcanzaron la edad o la cantidad de años de aportes necesarios para jubilarse exaltan los ánimos de aquellos que, tras años de aportes, reciben un haber cercano al asistencialismo que no alcanza ni siquiera para comprar la alimentación básica y mucho menos los remedios o un merecido descanso en un destino turístico.
A poco de alcanzar (en julio) la fecha de vencimiento de la ley 26.970 de inclusión jubilatoria de 2014, un grupo de senadores del Frente de Todos presentó un proyecto para permitir que se retiren quienes durante este año o el siguiente cumplan la edad requerida (60 para mujeres y 65 para hombres) pero no tengan los años de aportes obligatorios y puedan compensar ese faltante.
Proponen para este segmento que se les deduzca de sus haberes un proporcional del aporte faltante o incluso adelantar pagos para llegar con las condiciones impuestas por ley. Durante la presentación del proyecto, los referentes del partido de Gobierno aseguraron que en 2022 y 2023 1 de cada 10 mujeres y 3 de cada 10 varones cumplen con los requisitos para tramitar una jubilación.
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De aprobarse, este proyecto se sumaría al decreto 475 del año pasado que permitió que 140.000 personas pudieran jubilarse gracias al reconocimiento de las tareas de cuidado.
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De esta forma, la base de la pirámide previsional sigue ampliándose y achatándose debido a las constantes decisiones de ayudar a los que menos perciben y no pensar acciones para el conjunto de los jubilados.
El abogado previsionalista, Adrián Tróccoli, calificó al proyecto de “mamarracho” y explicó: “Es la justificación de que en la Argentina no se puede crear empleo genuino y confirma que la jubilación se puede comprar a un precio vil y no es producto del esfuerzo del trabajo. Es injusto para la persona que trabajó toda su vida habilitar estos mecanismos”.
Según Tróccoli, este proyecto tiene un grave problema: no tiene fuente de financiamiento establecida: “Aunque estén en un nivel muy cercano al haber mínimo, representan mucho dinero. En algunos casos puede representar menos que la PUAM (pensión universal para el adulto mayor)”.
Tendencia mundial
Así las cosas, las propuestas del oficialismo siguen tendiendo a ampliar la base de beneficiarios con la mínima sin considerar en las mismas condiciones a quienes realizaron aportes que les permitieron un haber previsional mayor, lo que al ritmo inflacionario actual no significa necesariamente transitar por una situación económicamente holgada.
Cabe recordar que en la última renegociación con el FMI volvió a sobrevolar el fantasma sobre la necesidad de una reforma previsional en la Argentina, tema que finalmente no fue plasmado en el papel. Lo que sí figuró fue el reconocimiento de que el gasto en esta materia es elevado.
En el Staff Report del 25 de marzo, el FMI señaló que el gasto previsional es alto porque hay mucha gente jubilada, en parte por las moratorias, a las que señaló como “pension amnesties”, que incorporaron personas con insuficientes aportes en el sistema. También destacó que los haberes que cobran son muy altos en relación con los salarios. Más allá del diagnóstico, el organismo no formuló ninguna propuesta o reforma del sistema a sabiendas de que poco podrá hacerse en el corto plazo sin ordenar la situación social argentina.
Un documento realizado por el área de trabajo del Cippec, supervisado por Rafael Rofman, director del programa de Protección Social de la entidad, le puso números a la situación: los regímenes de excepción cuestan casi un 7% del PBI, unos US$ 20.000 millones anuales. Se trata de al menos 177 regímenes previsionales que se diferencian del régimen general (SIPA) y explican un 40% de los beneficios, más de la mitad del gasto del sector con haberes que son hasta un 85% superiores a los del promedio del sistema.
En el ejercicio gráfico, Rofman explica que los recursos que se obtienen del 7% del PBI son suficientes para multiplicar por 1,5 la inversión consolidada en educación (la gran deuda de la Argentina), para reurbanizar casi la totalidad de los barrios populares o, justo en estos tiempos en que se debaten la calidad y el precio de las prestaciones de los servicios públicos, para duplicar la extensión de la red eléctrica de alta tensión.
“Los regímenes de excepción no responden a una estrategia integral en base a un cuidadoso análisis de las condiciones de distintos grupos de trabajadores para identificar aquellos con mayores vulnerabilidades o merecimientos, sino al éxito puntual que distintos grupos de interés han tenido para lograr la aprobación de sus regímenes a lo largo de los años”, advierte Rofman, quien reconoce que, si bien las pensiones no contributivas son el componente más relevante en términos de cobertura, dados los montos relativamente bajos que pagan, su impacto fiscal es menor. En cambio, los esquemas provinciales son los más importantes, ya que implican un gasto del 2,5% del PBI.
El trabajo de Cippec destaca que, en esta materia, el país se movió a contramano de la tendencia mundial: “La Argentina tuvo varios intentos por eliminar o reducir estos esquemas desde los 80, aunque con éxito limitado. En lo que va del siglo XXI la importancia de estos regímenes aumentó, lo que agrava los desafíos”.
“En la Unión Europea, un 80% de los países con estos esquemas están avanzando en reformas para su reducción, tal como Perú, Brasil y Colombia. En Argentina, por el contrario, de los 7 regímenes nacionales especiales vigentes, 5 fueron restablecidos o creados entre 2005 y 2009. Esta tendencia ha continuado en años recientes, lo que profundiza los problemas del sistema.
Solo en 2020 se presentaron 33 proyectos en la Cámara de Diputados que crean nuevos regímenes o amplían los existentes, y en los primeros meses de 2021 el Poder Ejecutivo anunció dos normas que amplían esquemas ya vigentes”, asegura Rofman.
Y concluye: “Los regímenes previsionales de excepción en Argentina parecen tener una dimensión excesiva, con claros impactos sobre la equidad, la transparencia y los costos del sistema en su conjunto. Avanzar en una estrategia de reformas que respete los derechos adquiridos, al tiempo que focalice la protección especial en quienes realmente la necesiten, mediante esquemas eficientes y transparentes, sería un paso importante hacia la consolidación de un sistema previsional nacional más justo, inclusivo y sostenible”.
