Durante una nueva edición del Forbes Insurance Summit, el panel titulado "Litigiosidad en la economía", moderado por la periodista Laura Mafud, puso sobre la mesa uno de los temas más complejos del sistema asegurador argentino: el volumen creciente de juicios en riesgos del trabajo. Con la participación de Mara Bettiol, Presidente de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, Miguel Bóo, Socio en Saravia Frías Abogados y Consultor e Investigador del CIDeS, Laura Giménez, Jefa de Departamento de Política Social de la UIA y Lorena Lardizábal, Socia de Auditoría Buenos Aires KPMG Argentina, el panel buscó dar un diagnóstico y coincidió en que la solución ya existe, pero necesita voluntad política y aplicación efectiva.
Bettiol abrió el debate con una cifra que revela la magnitud del problema: "Estamos hablando de 130.000 juicios nuevos que van a ingresar este año, sumados a un stock de 280.000 juicios a diciembre del año pasado". A pesar de que los accidentes laborales y los fallecimientos han disminuido, la litigiosidad se multiplica sin freno. Según Bettiol, "tenemos 15 veces la litigiosidad que tiene España y 21 veces la que tiene Chile, con indicadores de siniestralidad parecidos". La clave, según ella, está en implementar plenamente la reforma de 2017 (Ley 27.348), que fue aprobada por el Congreso y adherida por 18 provincias.
Bóo coincidió con el análisis y apuntó directamente a uno de los nudos del problema: el sistema pericial. "La remuneración del perito está en directa proporción a la gravedad de la dolencia que constata. Hay un verdadero conflicto de intereses que lo convierten en socio del resultado del pleito", alertó. Para Bóo, la solución pasa por implementar cuerpos médicos forenses. "No hay que inventar nada, la solución está en la ley. Tenemos que implementarla", insistió.
Desde el mundo industrial, Giménez expuso el impacto de la judicialización en la competitividad de la industria. "Hoy estamos en mínimos históricos de siniestralidad, pero la hiperjudicialización nos está llevando a problemas de competitividad. La industria paga una alícuota de US$ 275 millones de en abril, y esto es un costo que incide directamente en la competitividad", detalló. Y fue tajante: "La solución la pensamos en 2017, pero necesitamos la voluntad y el compromiso de cada una de las jurisdicciones para la constitución de los cuerpos médicos periciales".
En la misma línea, Lardizábal subrayó el trabajo de las compañías aseguradoras en prevención y reducción de siniestros. "El problema es que la judicialidad borra todo ese trabajo. Si logramos equilibrar esto, el escenario sería completamente diferente". Para Lardizábal, resolver este flagelo no solo es posible, sino urgente: "Si logramos mejorar eso debiera haber más capacidad de aportantes, más capacidad de personas cubiertas en este sistema, estaríamos en otro plano completamente diferente del que estamos conversando hoy".
Bettiol retomó la palabra para remarcar que "esto excede el funcionamiento de las ART. Es una política de Estado que hace al empleo, la competitividad y el crecimiento". Explicó que el sistema podría ampliarse de 10 millones a 20 millones de trabajadores para cubrir a independientes o informales, pero que la imprevisibilidad de los juicios impide calcular costos: "Esa es una afectación clara, concreta y muy específica de cómo altera toda esta judicialidad desmedida, con solución aparte sin afectar los derechos de nadie. Cómo afecta la generación de empleo de calidad, que es hacia donde todos debemos apuntar".
Bóo sumó otra preocupación: la falta de reglas claras en la actualización de valores judiciales. "Hay una jurisprudencia que demanda la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha establecido la prohibición de establecer índices de actualización que están prohibidos y además la capitalización de intereses que se hace reiteradamente en la justicia, violando disposiciones expresas del Código Civil", denunció. Y advirtió: "Si aplicamos la ley, vamos a tener un sistema de riesgo de trabajo justo, los trabajadores van a estar protegidos, y vamos a tener una economía capaz de generar empleo y desarrollo".
El impacto económico también fue señalado por Giménez: "Estamos en una situación donde en algunas provincias hay casos graves de fraude y en muchas provincias hay incentivos a iniciar juicios donde no hay un reclamo real. Se ha transformado en un tema ya de costos de competitividad. Aumentó tanto de nuevo la judicialidad que volvió en forma de incremento de alícuotas, entonces ahora es tangible el problema".
Cerrando el panel, Lardizábal reflexionó sobre el trasfondo cultural del problema: "Todos alguna vez escuchamos a alguien decir 'total, paga la ART'. Pero no es así. Esto requiere un cambio cultural profundo". El desafío ahora es aplicarlas con decisión política y compromiso institucional, antes de que la litigiosidad siga asfixiando la competitividad, el empleo y la sustentabilidad del sistema.
