Tras una de las ediciones de la PDAC con mayor concurrencia e interés por el país, Roberto Cacciola, presidente de CAEM, analizó el escenario para las inversiones mineras, el impacto de la reforma de la Ley de Glaciares y las ambiciosas proyecciones de exportación para el cobre y el litio.

Termina una nueva edición de la PDAC, quizás una de las más relevantes para la historia minera del país por el nivel de interés. ¿Cuál es su balance sobre este momento particular?

Definitivamente fue una feria distinta. Coincide con una consolidación del RIGI y en un contexto donde Argentina ya cuenta con más de 7.000 millones de dólares aprobados en proyectos mineros y otros 25.000 millones presentados. A esto se suma la media sanción a la aclaración de la Ley de Glaciares. Es fundamental entender que el objeto de la ley no cambia: proteger los glaciares y el ambiente periglacial con función hídrica estratégica. Esto refuerza el compromiso del sector con la protección del agua. Además, vemos a las provincias empoderadas, con personal idóneo y recursos para realizar los estudios de impacto ambiental necesarios. Estamos ante una etapa de comunicación muy sensata para explicar que el desarrollo del cobre en la cordillera no pone en riesgo el recurso hídrico.

En las reuniones con inversores, ¿cuál fue el feedback? ¿Sienten que el escenario está despejado o persisten dudas para alcanzar el máximo potencial?

Hay un avance enorme, pero todavía nos perjudican los años de desidia previos. Aunque existe un entusiasmo marcado y una decisión de apostar por Argentina, los temores siguen latentes. Hay cuestiones del pasado no resueltas y la confianza no se recupera de la noche a la mañana. Los inversores quieren saber si este proceso de apertura se consolidará definitivamente o si es solo un periodo que luego derivará en una nueva frustración. El desafío para los argentinos es demostrar que podemos cumplir las leyes y ofrecer la seguridad jurídica necesaria para que el camino de la inversión no tenga vuelta atrás.

¿Cómo observa la articulación entre el Gobierno Nacional y las provincias para el desarrollo de la actividad?

Veo avances importantes. El consenso general es que el beneficio de la minería debe impactar en la sociedad en su conjunto, excediendo a las provincias mineras. Es una concepción de país. Si bien las comunidades cercanas deben ser beneficiadas directamente, necesitamos una "mesa de gobernadores" que incluya a provincias con industria, como Mendoza, Córdoba, Santa Fe o Entre Ríos. La minería no va a salvar a la Argentina por sí sola, pero será un elemento fundamental para mejorar la condición económica de miles de familias.

Un punto que las empresas suelen marcar es el déficit de infraestructura y las normativas locales de proveedores. ¿Cómo se resuelven estas limitaciones?

La realidad va a superar a la normativa. Ninguna provincia tiene hoy la capacidad de autoabastecerse ante la magnitud de lo que viene con el cobre. Un proyecto de cobre de escala media requiere unas 7.000 personas para su construcción; si tuviéramos tres o cuatro simultáneos, no hay provincia que pueda resolver esa demanda sola. Por eso insistimos en el "concepto país": las provincias mineras deben abrir el camino a las provincias industriales para ser competitivos y evitar que nos invadan con productos del exterior que podríamos proveer localmente.

Con el RIGI extendido y la reforma de glaciares en marcha, ¿es 2026 el "año bisagra"?

Sí, porque la aprobación de la Ley de Glaciares iniciará el camino de las inversiones. No esperamos desembolsos masivos inmediatos en 2026, pero sí un proceso creciente. El arranque será en 2026, pero la inversión fuerte llegará entre 2027 y 2029, apuntando a que los proyectos empiecen a producir hacia 2030. Contar con el respaldo conjunto de Nación y provincias hará que cualquier intento de judicialización sea enfrentado con una defensa mucho más sólida ante la Corte.

En términos de divisas, ¿qué proyecciones manejan para la próxima década?

Si hablamos de cobre, en una proyección prudente de 10 años, deberíamos estar exportando entre 17.000 y 18.000 millones de dólares anuales, lo que representa más de 1.200.000 toneladas de producción. Si sumamos el litio, el oro y la plata, a esos 18.000 millones habría que añadirle, como mínimo, otros 12.000 millones por el efecto de los precios actuales. Para este 2026, si se mantienen las cotizaciones del oro (que superó los 2.500 USD) y la plata, esperamos que las exportaciones totales se aproximen a los 10.000 millones de dólares, un salto importante frente a los 6.000 millones de 2025. Es importante aclarar que este incremento inicial es mayormente por precio, ya que la producción de oro y plata se mantiene estable o incluso bajando ligeramente por el fin del ciclo de vida de algunos yacimientos. El gran salto productivo vendrá después con el litio y, fundamentalmente, con el cobre.