El futuro de YPF entró en duda luego del lapidario fallo de la jueza Loretta Preska que ordenó al gobierno nacional a entregar el 51% de las acciones de la petrolera. La cotización de la firma se derrumbó más de un 5% y el mercado se pregunta si realmente es posible un cambio de management que modifique el rumbo actual trazado por Horacio Marín.

Si bien el presidente Javier Milei confirmó que apelarán el fallo, se agregó un grado de incertidumbre que antes no estaba sobre la mesa. "El mercado teme una venta forzada de acciones y complicaciones para el plan de reposicionar a la petrolera como motor de Vaca Muerta. Si los demandantes se quedan con el 51% de YPF, el mercado sabe que tarde o temprano buscarán vender esas acciones para monetizar el fallo, generando presión bajista en el precio. Al no ser inversores estratégicos, buscarían liquidar rápido para recuperar el cash, aceptando descuentos significativos", subrayó el analista de Adcap Matías Cattaruzzi.

En concreto, el Estado nacional tiene 14 días para responder el pedido de la jueza y dar argumentos lo suficientemente sólidos para la apelación, con el agravante de los años transcurridos con sentencias adversas donde no se ve ninguna respuesta o intento de negociación por parte del país. 

Para frenar la ejecución, debe solicitar y obtener un stay of execution (suspensión) antes de que venza este plazo, algo que el mayor especialista en este caso, Sebastián Maril, considera que es probable, pero con ciertas exigencias. "Preska le va a decir ok, pero tenés que depositar una garantía. Si no querés poner una garantía, apela, pero prepárate".        

Otra alternativa es empezar a negociar con Burford Capital para dar una señal a la Justicia de buena voluntad. De hecho, como explicó Forbes, este fondo titular de los derechos del litigio no pretende quedarse con las acciones de YPF, ya que eso le generaría un perjuicio. Por un lado, por la pérdida del valor de esas acciones y, por el otro, por la obligación a realizar una OPA (Oferta Pública de Adquisición) al resto de los accionistas, justamente lo que no hizo Argentina al expropiar la empresa en el 2012 y que originó el juicio. 

El último camino sería reforzar la apelación de fondo contra la sentencia de 16.000 millones de dólares para que caiga toda la orden de ejecución, algo que tiene muy pocas chances de suceder.

La parte positiva para YPF es que el fallo sigue sin vincular a la compañía y no dice nada sobre el alter ego, la figura que piden los demandantes con el argumento de que YPF y el Estado argentino son lo mismo para poder cobrar con bienes de la empresa.

"A nivel fundamental la compañía sigue siendo sólida en el largo plazo. Lo único positivo de todo esto es que no quedó vinculada la compañía en sí, como se intentó en el pasado. Sigue separado de la República en el fallo", analizaron desde Adcap.

La perspectiva de la mayoría de los analistas consultados por Forbes, es que el fallo de Preska debe ser interpretado como una forma de presionar al país a sentarse a negociar, más que un eventual traspaso de acciones de la compañía. En efecto, el 51% de YPF hoy vale poco más de un tercio del monto total de la sentencia que supera los 16.000 millones de dólares.

Por otro lado, es improbable que la sentencia afecte los proyectos que lleva adelante YPF con socios internacionales como Shell o Eni, quienes todavía no confirmaron la decisión final de inversión (FID) en los acuerdos por el GNL.

"El juicio tiene 15 años, no es algo nuevo. Eni y Shell tienen equipos de abogados que hacen informes diarios sobre sus socios y están al tanto de todo. Sabían perfectamente que YPF tiene este juicio e igualmente avanzaron con la firma de acuerdos", manifestaron desde la industria.