El último tramo de 2025 cerró con una resolución que, sin modificar impuestos ni crear nuevas obligaciones para los contribuyentes, logró sembrar confusión entre usuarios de billeteras virtuales, exchanges cripto y plataformas utilizadas para recibir dinero desde el exterior. La Resolución General 5804/2025 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) introdujo cambios en el régimen de información sobre activos virtuales y no virtuales y, aunque su alcance es eminentemente técnico, el ruido no tardó en llegar a redes sociales, foros y chats de inversores.
En el centro del debate apareció una pregunta recurrente: ¿el Estado está ampliando el control sobre usuarios de fintech y criptomonedas? La respuesta corta es no. La larga, como suele ocurrir en materia regulatoria, requiere algo más de contexto. @@FIGURE@@
Qué modifica la norma de ARCA para las billeteras
La norma modifica artículos clave de la Resolución General 4614 y apunta a los sujetos que “administran, gestionan, controlan o procesan movimientos de activos” a través de plataformas digitales. Es decir, exchanges, billeteras virtuales y proveedores de servicios de pago. El foco no está puesto en el usuario final sino en el nivel de detalle de la información que estas plataformas deben reportar mensualmente cuando se superan ciertos umbrales.
Esos umbrales, uno de los puntos que más inquietud generó, no cambiaron: ARCA solo recibe información cuando los ingresos, egresos o saldos mensuales superan los $50 millones para personas humanas y los $30 millones para personas jurídicas. Tampoco se creó un nuevo régimen ni se incorporaron nuevos contribuyentes al sistema.
“La RG 5804/2025 introduce modificaciones en el régimen de información aplicable a los exchanges, pero no implica un cambio sustancial en el impacto para los usuarios”, explica Juan Pablo Fridenberg, Director de Asuntos Públicos en Lemon. “Los umbrales no se modifican, por lo que no hay una ampliación del universo alcanzado. Quienes compran o venden criptomonedas dentro de los montos ya previstos por la normativa no tienen una afectación directa”.
Según Fridenberg, lo que hace la resolución es profundizar el nivel de detalle del reporte. Entre los puntos más relevantes, destaca dos: la obligación de informar el origen y destino de transferencias que superen el 5% del umbral de $50 millones (identificando CBU o CVU) y la inclusión explícita de saldos colocados en fondos comunes de inversión cuando estén disponibles dentro de la billetera. “Las obligaciones de identificación de usuarios, saldos y movimientos ya existían; ahora se ordenan y se vuelven más precisas”, resume.
El propio texto de la resolución respalda esa lectura. ARCA justifica los cambios en la necesidad de “ajustar la solicitud de información a los cambios estructurales y a la evolución de las modalidades de prestación de los servicios del sector, con el propósito de mejorar la precisión y el valor analítico de los datos recabados”. En otras palabras, mejor información, no más contribuyentes.
Qué pasa si traigo dinero al país
Sin embargo, el ruido no vino solo del mundo cripto. En paralelo, muchos usuarios que utilizan fintech para cobrar honorarios del exterior o invertir fuera del país mezclaron esta resolución con otro concepto regulatorio: el CRS (Common Reporting Standard), el sistema internacional de intercambio automático de información fiscal. Y ahí se produjo el cortocircuito. @@FIGURE@@
“No es un cambio drástico. Estas medidas existen hace tiempo; lo que va cambiando es el alcance y cómo cada fintech está configurada en términos de licencias”, explica Rodrigo Vidal, CEO de Wallbit. “La confusión aparece cuando no se distingue entre regulaciones locales, como las de ARCA, y esquemas globales como CRS”.
Vidal subraya un punto clave: no todas las fintech están alcanzadas por los mismos regímenes internacionales. Wallbit (a través de su producto Wolfy) opera bajo regulación estadounidense y no está alcanzada por CRS, ya que Estados Unidos no adhiere a ese estándar y mantiene su propio esquema de intercambio de información. “EE.UU. es muy celoso de los acuerdos que firma y, por secreto bancario, queda fuera del CRS”, aclara.
El contraste es fuerte con otras plataformas populares entre argentinos. “CRS sí afecta a fintechs con licencias en Europa, como Wise o Payoneer, y también a empresas de cross-border que tienen algún tipo de licencia local en Argentina, como CCP o PCAB”, detalla Vidal. En ese grupo menciona a Dollar App, Takenos y otras. El resultado es que muchos usuarios asumen —erróneamente— que todas las plataformas informan lo mismo y de la misma manera. @@FIGURE@@
El caso de Interactive Brokers fue un ejemplo reciente de esa confusión. Aunque se trata de un broker estadounidense, el onboarding de usuarios no residentes se realiza a través de una licencia europea, alcanzada por CRS. “Mucha gente invierte ahí buscando resguardo en Estados Unidos sin tener claro este detalle regulatorio. Eso generó muchísimas dudas y revuelo”, señala Vidal.
Para el usuario final, la clave no está tanto en la resolución de ARCA como en entender el alcance regulatorio de cada plataforma. Qué licencias tiene, en qué jurisdicciones opera y bajo qué esquemas de reporte se encuentra. “Los usuarios tienen que entender bien el scope de licencias de la fintech con la que operan”, insiste el CEO de Wallbit.
Paradójicamente, lejos de frenar la operatoria, este contexto está generando movimientos entre plataformas. “Estamos viendo que mucha gente está pasando balances desde Wise o Payoneer hacia Interactive Brokers o Wallbit, buscando operar exclusivamente bajo regulación estadounidense”, concluye Vidal.
La Resolución 5804/2025 entra en vigencia con las declaraciones que vencen a partir de mayo de 2026. Hasta entonces, el desafío no será técnico sino comunicacional: separar cambios de forma de cambios de fondo y evitar que una mejora en la calidad de la información vuelva a convertirse, una vez más, en sinónimo de mayor presión para el usuario. En el ecosistema fintech argentino, la letra chica sigue siendo tan importante como el titular.