El acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, presentado por el gobierno nacional como uno de los logros diplomáticos más relevantes de la gestión, enfrenta un problema de fondo que la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) puso en el centro del debate recientemente: el único beneficio arancelario concreto que Estados Unidos le concedía a Argentina en el texto —la eliminación del arancel recíproco del 10% impuesto el "Liberation Day"— fue declarado ilegal por la Corte Suprema de ese país. "El acuerdo está en un limbo legal porque una parte se compromete a algo que no puede cumplir", sintetizó el presidente de CERA, Fernando Landa, durante la presentación "A un año del Liberation Day".
La asimetría del texto es llamativa. Según el análisis presentado por la entidad, la frase "Argentina shall" —Argentina deberá— aparece 113 veces a lo largo del documento, mientras que "The United States shall" —Estados Unidos deberá— figura apenas 10 veces. En términos de comercio efectivo, las concesiones otorgadas por Estados Unidos abarcan el 15,8% de las exportaciones argentinas a ese destino en 2025, mientras que las concesiones otorgadas por Argentina cubren aproximadamente un tercio de lo que importó desde ese país ese mismo año.
A ese desequilibrio se suma la vigencia de restricciones estadounidenses que el acuerdo no resuelve. Los aranceles de la Sección 232 —por razones de seguridad nacional— continúan aplicándose al acero, aluminio y madera argentinos. Y el 10% adicional de la Sección 122, que sustituyó al arancel recíproco declarado ilegal, sigue vigente sobre una amplia gama de productos. "Estaríamos dando una ventaja concreta a cambio de nada", advirtió Landa.
Hay además una complicación de arquitectura jurídica. Si Argentina reduce sus aranceles de manera unilateral para Estados Unidos, por las reglas de Nación Más Favorecida de la OMC y los compromisos dentro del MERCOSUR, debería extender esa rebaja a todos sus socios comerciales. El acuerdo también contempla compromisos que requerirían aprobación del Congreso argentino —entre ellos, la implementación de acuerdos internacionales de propiedad intelectual en la legislación nacional—, lo que añade otra capa de incertidumbre sobre su viabilidad.
En materia de acceso al mercado, CERA detalló que de las 1.675 posiciones arancelarias sobre las que Estados Unidos otorgaba un beneficio en el texto, 1.253 ya están exentas de arancel por la propia Sección 122, es decir, por una medida unilateral y temporal de la administración Trump, no por el acuerdo. En cuanto al comercio efectivo, de esas 1.675 posiciones, Estados Unidos importó desde Argentina 274 en 2025, por aproximadamente US$ 1.000 millones, equivalente al 13,6% de lo que compró a nuestro país ese año.
También surgió durante la presentación un conflicto potencial con el acuerdo MERCOSUR-Unión Europea (UE) en materia de denominaciones de origen. La UE exige proteger nombres como "Parmesano" o "Brie", mientras que el texto negociado con Washington pide que no se discrimine el comercio de esos nombres considerados genéricos en el mercado estadounidense. Cómo se resolverá esa incompatibilidad es, por ahora, una pregunta abierta.
Lo que sí permanece vigente, aunque por fuera del cuerpo del acuerdo, es la cuota para exportaciones de carne bovina —80.000 toneladas métricas— instrumentada mediante una proclama presidencial separada. CERA mencionó ese punto como uno de los pocos elementos concretos y operativos que subsisten en la relación comercial bilateral, más allá de las incertidumbres que rodean al texto principal.
*Foto de apertura: Donald Trump (Photo by Win McNamee/Getty Images)