Durante la jornada de este jueves, el riesgo país subió un 3% hasta los 688 puntos dada la baja de los bonos soberanos en dólares de más del 1%. De esta manera, la métrica elaborada por JP Morgan continúa oscilando en un nivel mayor al deseado por el mercado y el Gobierno.

Entre los principales motivos, se destacan las dudas sobre la acumulación de reservas por parte del Banco Central, las idas y vueltas en el Congreso por el proyecto de los jubilados y la volatilidad política contemplando el año electoral.

En primer lugar, si bien se trasladó la fecha límite para cumplir con las metas de reservas del Fondo Monetario Internacional (FMI) del 13 de junio a finales de julio, todavía faltan US$ 4.000 millones para guardar, incluso luego del éxito del Bonte 2030 que permitió recaudar US$ 1.000 millones. 

En el mercado se comenta que esta cifra representa la brecha actual entre las reservas internacionales y el primer objetivo del programa Extended Fund Facility (EFF), el cual lleva menos de dos meses en vigor. Y lograr sobrepasar la meta fiscal sería visto por el equipo económico como un firme compromiso del Gobierno con los objetivos acordados con el FMI, independientemente de la situación de las reservas.

Por otra parte, la Cámara de Diputados tomó una decisión este miércoles que, en teoría, mejoraría la situación económica y social de miles de personas. No obstante, el costo fiscal sería tan grande que, tarde o temprano, generaría un efecto adverso, lo que está preocupando al mercado.

Los legisladores le dieron media sanción al proyecto para aumentar los haberes de las jubilaciones y el monto del bono que destina la Administración de la Seguridad Social (ANSES) a los jubilados que perciben la mínima.

Como la propuesta no es más que un incremento de emergencia del 7,2% en todas las escalas jubilatorias, que se suma a una actualización por índice de movilidad del refuerzo, la jubilación mínima saltaría a $326.648, mientras que la máxima quedaría en $2.197.140 y la pensión universal, en $261.330.

Además, el bono aumentaría hasta los $110.000, desde los $70.000 actuales, por lo que el costo fiscal rondaría el 0,26% del producto bruto interno. Y según el Palacio de Hacienda, el 7,2% de suba de las jubilaciones tendría un costo de 0,20% del producto para 2025 y del 0,42% para 2026. En total, se acumularía un 0,7%.

Tal como el propio Gobierno de Javier Milei, muchos economistas consideran que habría graves consecuencias para la economía a mediano plazo, lo que atentaría contra todo el plan del oficialismo.

"Más allá de la justicia del reclamo, es una irresponsabilidad que el Congreso legisle aumentos del gasto sin aclarar de dónde saldrán los recursos, cosa que no debería suceder en una República. Si queremos llegar a ser un país normal, esto se tiene que acabar, porque viene de la vieja tradición política de los legisladores, en la que se aumentaban demagógicamente las erogaciones", comentó Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso (LyP).

"Lo que pasó en el Congreso genera preocupación porque puede poner en riesgo el sendero fiscal. El Gobierno viene haciendo un esfuerzo importante para ordenar las cuentas públicas, con costos sociales y económicos que asumió gran parte de la sociedad", declaró Leonardo Anzalone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC).

"Cualquier medida que implique más gasto sin financiamiento pone en tensión ese equilibrio. El mercado viene acompañando al Gobierno en su programa y cualquier señal que lo ponga en duda, como la posibilidad de un aumento de gasto sin financiamiento claro, puede generar ruido", agregó.

Afortunadamente, al Gobierno le queda un as bajo la manga: el presidente vetará la ley si el Senado la aprueba, por lo que se mantendría la política de ajuste vigente con un menor costo fiscal.

De todas formas, el mercado todavía sigue inquieto por las elecciones de octubre, lo que se refleja en la dolarización de carteras.  En la segunda quincena de abril, las dos primeras semanas bajo el nuevo esquema cambiario, la formación neta de activos externos de las personas humanos fue de US$ 1.938 millones.

Y sin importar el año o el color político del momento, cuando hay elecciones, los ahorristas e inversores optan por convertir sus pesos en caso de que haya una gran volatilidad.

"A modo de referencia, tomando las experiencias de 2007, 2009, 2011, 2017 y 2019, la formación neta de activos externos de las personas humanas se duplicó o triplicó entre el piso y el techo observado previo a los comicios de aquellos años, dependiendo del poder adquisitivo del momento", ejemplificaron desde Portfolio Personal Inversiones.