Mientras buena parte del mercado sigue enfocada en la evolución del riesgo país, la inflación o el desarrollo de Vaca Muerta, Bank of America cree que la verdadera historia de inversión en Argentina está comenzando a escribirse en otro lugar. En un extenso informe sobre el sector de energía y servicios públicos, el banco sostiene que las valuaciones actuales de las principales compañías argentinas todavía no reflejan el profundo cambio que atraviesa la economía ni el nuevo ciclo que empieza a consolidarse en el mercado eléctrico.
La tesis del banco es clara: "la mejora macroeconómica de Argentina avanzó mucho más rápido que la reacción de las acciones". Para BofA, la fuerte compresión del riesgo soberano, el avance de las reformas regulatorias y la incorporación de nuevos proyectos de inversión modificaron sustancialmente el escenario para las empresas del sector, pero esa transformación todavía no fue plenamente reconocida por los inversores. Por esa razón, decidió elevar de manera generalizada sus precios objetivo y mantiene recomendaciones de compra para Pampa Energía, TGS, Central Puerto y Edenor, al tiempo que estima un potencial promedio cercano al 80%-90% para las compañías calificadas con Buy.
Uno de los puntos que más llama la atención en el análisis es la brecha que observa entre los fundamentos y la evolución bursátil. El banco destaca que el riesgo país medido por los Credit Default Swaps (CDS) cayó significativamente durante el último año y que las proyecciones de resultados para las empresas mejoraron, pero las acciones no acompañaron esa evolución. En su opinión, "el mercado sigue valuando a las utilities con parámetros propios de una Argentina mucho más riesgosa", una desconexión que atribuye principalmente a cuestiones técnicas, como el bajo posicionamiento de fondos especializados, la reducida liquidez del mercado y el peso que todavía conserva la incertidumbre política en las decisiones de inversión.
Sobre esa base, BofA sostiene que la baja del riesgo país todavía tiene espacio para trasladarse a las valuaciones. Incluso después de la mejora registrada en los indicadores financieros, considera que las compañías argentinas continúan cotizando con descuentos excesivos respecto de sus pares regionales y que existe margen para una convergencia gradual a medida que el proceso de estabilización económica gane credibilidad.
Pero el informe va un paso más allá. Para la entidad, la próxima gran historia de crecimiento de Argentina ya no dependerá exclusivamente de Vaca Muerta. Si bien el desarrollo del shale sigue siendo un motor central para la economía, el banco cree que "el verdadero catalizador que el mercado todavía subestima es el negocio de la generación eléctrica". Esa es, probablemente, la principal novedad del estudio: la energía deja de ser vista únicamente desde la óptica del petróleo y el gas para incorporar una nueva etapa marcada por la expansión de la infraestructura eléctrica.
La explicación es sencilla. La recuperación de la actividad económica, el crecimiento esperado de Vaca Muerta, la expansión de los proyectos mineros (especialmente de cobre y litio) y la futura instalación de centros de datos incrementarán la demanda de electricidad durante los próximos años. Sin embargo, la capacidad instalada del sistema viene creciendo a un ritmo muy inferior al del consumo. Esa combinación obligaría al país a acelerar las inversiones en generación para evitar un déficit estructural de oferta.

Según sus estimaciones, Argentina necesitará incorporar alrededor de 700 megavatios de nueva capacidad por año para abastecer una demanda que volvería a expandirse junto con la economía. "La escasez de capacidad de generación será uno de los principales motores de inversión del sector durante la próxima década", resume el banco, al advertir que sin nuevos proyectos comenzarán a aparecer restricciones a partir de 2029.
Ese escenario se combina con otro factor que, a juicio de la entidad, todavía no fue incorporado plenamente por el mercado: la liberalización gradual del negocio eléctrico. La implementación de la Resolución 400/25 introduce un esquema con mayor competencia, precios más cercanos a los de mercado, contratos bilaterales y una mayor flexibilidad para la gestión del combustible por parte de las empresas generadoras. Para BofA, "los beneficios económicos de esta transformación regulatoria siguen siendo subestimados por los inversores", especialmente para compañías con fuerte exposición a la generación como Central Puerto y Pampa Energía.
En ese contexto, Pampa Energía vuelve a ocupar el centro de la escena. BofA la mantiene como su principal recomendación dentro de la cobertura argentina y elevó su precio objetivo hasta los US$160 por acción. El banco considera que ninguna otra empresa del mercado combina de la misma manera producción de petróleo y gas, generación eléctrica y participación en activos estratégicos de transporte energético. A eso suma el desarrollo de Rincón de Aranda, el proyecto de urea, las iniciativas vinculadas al gas natural licuado y el potencial derivado de la apertura del mercado eléctrico. "Pampa reúne los dos negocios que liderarán la próxima etapa del crecimiento energético argentino: los hidrocarburos y la generación eléctrica", sostiene el informe.
El optimismo del banco no se limita a Pampa. También mantiene una visión favorable sobre TGS, a la que considera una de las mejores formas de capturar el crecimiento de la producción de gas sin asumir riesgos directos sobre los precios de las materias primas; sobre Central Puerto, que aparece como una de las mayores beneficiarias de la desregulación del mercado eléctrico; y sobre Edenor, cuyo valor podría incrementarse a medida que continúe disminuyendo el riesgo macroeconómico del país. Transener es la única empresa que recibe una recomendación Neutral, ya que BofA entiende que buena parte de las mejoras regulatorias y tarifarias ya fueron descontadas por el mercado.
Otro de los argumentos que utiliza la entidad para respaldar su visión es la comparación con Brasil. Según sus cálculos, las utilities argentinas continúan negociándose con un descuento considerablemente mayor al que justificaría la diferencia actual de riesgo soberano entre ambos países. En otras palabras, el proceso de normalización macroeconómica ya redujo parte de la brecha financiera, pero las valuaciones bursátiles todavía permanecen rezagadas. "La convergencia entre el riesgo país y los múltiplos de las compañías aún no terminó", concluye el banco, al sugerir que ese desfasaje constituye una oportunidad para quienes buscan posicionarse antes de que el mercado ajuste sus expectativas.
Como toda tesis de inversión, el escenario también presenta desafíos. BofA advierte que el calendario electoral de los próximos doce meses podría generar episodios de volatilidad si vuelve a ampliarse el riesgo país. A eso se suman las elevadas necesidades de financiamiento de algunos proyectos de infraestructura, cuyos retornos recién comenzarían a materializarse entre 2028 y 2031. Sin embargo, el banco considera que esos riesgos no modifican la tendencia de fondo y que el potencial de creación de valor continúa siendo significativamente superior al que hoy reconocen las cotizaciones.