Según un reciente informe de J.P. Morgan, Argentina volvió a probar suerte en el mercado de deuda y logró colocar un bono en dólares bajo legislación local a una tasa que sorprendió incluso a parte del mercado. El BONAR 2029N, emitido por el Ministerio de Economía, consiguió atraer US$ 1.420 millones en ofertas y terminó adjudicando USD 910 millones a un rendimiento del 9,26% anual, por debajo de lo que marcaban los bonos argentinos comparables en el mercado secundario.
Más allá del monto, la señal política y financiera fue el punto más destacado. La operación funcionó como un ensayo general para medir qué tan receptivo está el mercado local y hasta qué punto las intervenciones regulatorias pueden apuntalar la demanda.
En este caso, la flexibilización de límites para aseguradoras y ciertos ajustes en la posición cambiaria de los bancos ayudaron a apuntalar el apetito por el nuevo título. La estrategia oficial priorizó mostrar un rendimiento de "un solo dígito" antes que maximizar la captación: un gesto pensado para instalar la idea de que Argentina puede comenzar a reducir su prima de riesgo.
La colocación, sin embargo, solo cubre una parte de los compromisos inmediatos. El 9 de enero vencen unos US$ 4.300 millones entre capital e intereses. Economía espera completar ese financiamiento a través de una operación de repo con bancos internacionales, con propuestas que, según fuentes oficiales, alcanzan entre US$ 6.000 y 7.000 millones. La capacidad de cerrar ese acuerdo será clave para evaluar la consistencia de este retorno parcial a los mercados.
En paralelo, el avance legislativo se transformó en un componente indispensable para el escenario que proyecta el Gobierno. Durante las sesiones extraordinarias, el oficialismo buscará aprobar el Presupuesto 2026, la Ley de Presunción de Inocencia Fiscal (pensada para atraer parte del ahorro informal estimado en US$ 170.000 millones) y un paquete de reformas laborales y tributarias. Para J.P. Morgan, la aprobación de estas iniciativas permitiría reducir la volatilidad, recomponer la demanda de pesos y contribuir a la compresión del riesgo país.
Las proyecciones del banco refuerzan esa idea de gradualidad. Para 2026 esperan un déficit de cuenta corriente de US$ 7.600 millones, impulsado por una mayor demanda de importaciones en un contexto de recuperación económica. Esa necesidad se compensaría con un superávit de la cuenta financiera de US$ 13.700 millones, apoyado en inversión extranjera directa, ingreso de capitales de cartera y financiamiento de organismos multilaterales. Con ese flujo, la entidad estima una acumulación neta de reservas cercana a US$ 6.000 millones el próximo año y un eventual regreso a los mercados internacionales hacia el segundo semestre de 2026.
Desde octubre, J.P. Morgan mantiene una recomendación de Overweight para la deuda argentina. El banco justifica su postura en el capital político del Gobierno tras las elecciones, el foco en la disciplina fiscal y la percepción de mayor voluntad de pago, sumado al respaldo implícito de Estados Unidos para estructuras de financiamiento privado. Aunque reconoce que persisten interrogantes importantes (desde la cobertura de los vencimientos inmediatos hasta la consolidación del programa cambiario), considera que el país comenzó un proceso de normalización que podría acelerar si las reformas avanzan y la acumulación de reservas gana tracción.