El juicio por YPF recibió uno de los fallos más favorables para el país, luego de quedar al borde de pagar más de 18.000 millones de dólares. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito ordenó suspender todas las medidas de ejecución de la sentencia hasta que se resuelva la cuestión de fondo del litigio.

La decisión responde a un pedido de la Procuración del Tesoro de la Argentina de suspender la etapa de producción de documentos conocida como Discovery, el requerimiento de sanciones y las audiencias probatorias, lo cual ya había recibido el apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. 

En esa presentación, el Poder Ejecutivo norteamericano sostuvo que este tipo de requerimientos puede generar fricciones diplomáticas al estar dirigidos contra países soberanos y abrir la posibilidad de que tribunales extranjeros impongan medidas similares contra los propios Estados Unidos.

Se trata de la primera medida del nuevo procurador Sebastián Amerio que acaba de ser designado y logra por lo menos postergar los efectos de la sentencia en contra recibida en septiembre del 2023 que ya acumula un total superior a los 18.000 millones por la suma de intereses.

El tribunal no solo concedió la suspensión del proceso de ejecución vinculado al fallo original (expediente 23-7370), sino que también resolvió mantener en pausa (“in abeyance”) otra apelación vinculada a órdenes específicas, hasta que se resuelva la cuestión de fondo.

En términos concretos, esto significa que la Argentina gana tiempo en una causa clave, evitando potenciales embargos o medidas más agresivas sobre activos soberanos.

“La suspensión alcanza también la moción de desacato impulsada por Burford y deja sin efecto la audiencia convocada por Preska para tratar los supuestos incumplimientos de Argentina en materia de discovery y sus posibles sanciones", dijo el ex subprocurador Sebastián Soler.

“Es una novedad bienvenida porque pone fin, al menos por el momento, a los interminables y desproporcionados pedidos de información de Burford, cuyo objetivo, a esta altura, parecía ser el hostigamiento de a nuestro país, más que la búsqueda de activos embargables (spoiler alert: no los hay porque virtualmente todos están amparados por nomas de inmunidad soberana, incluyendo el propio Foreign Sovereign Immunities Act de EEUU)”, agregó.

El litigio tiene su origen en la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los demandantes sostienen que el Estado argentino incumplió el estatuto de la compañía al no lanzar una oferta pública de adquisición (OPA) para el resto de los accionistas.

En 2023, la jueza Loretta Preska, del tribunal de primera instancia en Nueva York, falló a favor de los demandantes y condenó a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones. Desde entonces, el país busca revertir o al menos mitigar ese fallo a través del proceso de apelación.

Para el Gobierno argentino, esto abre una ventana para negociar, reestructurar su estrategia legal o incluso explorar eventuales acuerdos. Para los mercados, el mensaje es mixto. Por un lado, la suspensión reduce el riesgo inmediato de ejecución sobre activos. Por otro, la incertidumbre de fondo persiste, dado que el resultado final de la apelación será determinante para las cuentas públicas y la percepción de riesgo país.

El foco ahora se traslada a la resolución de la apelación principal. Allí se definirá si el fallo de primera instancia se confirma, se reduce o se revierte. Mientras tanto, el caso YPF sigue siendo uno de los mayores frentes judiciales abiertos para la Argentina en el exterior, con implicancias que exceden lo legal y se proyectan sobre la credibilidad financiera del país.