De cara al año electoral, la conducción económica dejó entrever cuál sería su hoja de ruta frente a eventuales tensiones cambiarias. El objetivo declarado es mantener la estabilidad del tipo de cambio y profundizar la baja de la inflación a lo largo de 2027, y para ello la actual administración asegura contar con un robusto respaldo en divisas, que según manifestaciones oficiales alcanzaría los 125.000 millones de dólares. En caso de que esa munición resultara insuficiente para contener una corrida hacia el dólar, la respuesta anticipada sería volver a apretar la política monetaria, es decir, restringir la cantidad de pesos en circulación para encarecer la demanda de moneda extranjera.

El inconveniente de esa estrategia no radica en su lógica, que resulta comprensible, sino en el terreno sobre el que debería aplicarse. Conviene recordar qué ocurrió la última vez que se recurrió a un instrumento semejante, durante 2025, porque el contexto de entonces era sustancialmente distinto del actual. En aquel momento, el endurecimiento monetario impactó sobre una economía que venía recuperándose de la recesión de 2024, con un crédito en expansión, un consumo de bienes durables en alza y un empleo que daba señales de reactivación. La economía, en definitiva, llegaba a ese ajuste con cierto margen para absorber el golpe.

La situación que se avecina de cara a 2027 es diametralmente opuesta, porque la actividad arribaría a ese escenario considerablemente más debilitada. El mercado laboral formal constituye quizás el ejemplo más elocuente de ese deterioro. La destrucción de puestos de trabajo asalariado registrado en el sector privado se fue agravando de manera sostenida, al punto de que las pérdidas acumuladas, que rondaban los 105.600 empleos hacia mediados de 2025, treparon a unos 143.400 en agosto de ese año, se acercaron a los 200.200 en diciembre y escalaron hasta aproximadamente 265.800 en julio de 2026. Si se toma como referencia el inicio de ese proceso de agravamiento, la economía perdió del orden de 160.000 puestos netos en apenas catorce meses.

El estado del crédito ofrece una señal de alarma todavía más nítida, porque su calidad se degradó de forma acelerada. La morosidad en los préstamos personales, que a comienzos de 2025 se ubicaba en un moderado 3,4%, ya mostraba cierto deterioro a mediados de ese año, con un 3,7%, pero se disparó hasta un alarmante 16,7% en julio de 2026. Un recorrido similar siguió la irregularidad en las tarjetas de crédito, que pasó de apenas un 1,8% a comienzos de 2025 a un 6% a mediados de ese año y a un preocupante 11,4% un año después. Como resultado de esa dinámica, el conjunto del crédito en situación irregular trepó del 1,6% al 7,7%, es decir, casi se quintuplicó en el período.

El comportamiento del consumo de bienes durables confirma ese cambio de clima entre un año y el otro. El mercado automotor, que había funcionado como uno de los grandes dinamizadores de la actividad en 2025, con un alza de los patentamientos cercana al 48%, revirtió esa tendencia de manera marcada. De acuerdo con los registros de la cámara que agrupa a los concesionarios, las ventas de autos retrocedieron alrededor de un 13% en los primeros nueve meses de 2026 frente a igual período del año anterior, al pasar de unas 500.497 unidades a cerca de 435.493. Ese enfriamiento de un rubro tan sensible al crédito y al ingreso disponible ilustra hasta qué punto la demanda interna perdió el vigor que supo exhibir. 

Las expectativas de los analistas terminan de completar el cuadro de un año que no logró despegar. El relevamiento que el Banco Central realiza entre especialistas fue recortando sucesivamente la proyección de crecimiento para 2026, en un claro reflejo del deterioro de la coyuntura. De una estimación del 3% en junio se descendió a un 2,7% en julio, luego a un 2,1% en agosto y finalmente a apenas un 1,5% en septiembre. Los pronósticos del grupo de consultores más certeros resultan aún más pesimistas, con una expansión prevista de tan solo un 1,2%, una cifra que contrasta de manera llamativa con el 5% de crecimiento que había supuesto el proyecto de presupuesto oficial. 

La conclusión que se desprende de esta comparación entre ambos escenarios es tan directa como inquietante. Si en 2025 el endurecimiento monetario encontró una economía en recuperación, capaz de amortiguar su impacto, en 2027 ese mismo instrumento recaería sobre un cuerpo debilitado, con un empleo en retroceso, un crédito deteriorado y un consumo en baja. En esas condiciones, los costos de una nueva restricción de la liquidez, medidos en términos de crédito, de consumo y de nivel de actividad, serían sensiblemente más altos que los de dos años atrás, porque la economía cuenta hoy con mucho menos colchón para resistir el golpe.

A esa mayor fragilidad económica se añade una restricción de naturaleza política que no conviene subestimar. Un ajuste adicional del gasto público, complementario de la contracción monetaria, podría profundizar todavía más la desaceleración, en un momento en el que la sociedad muestra crecientes signos de fatiga frente al esfuerzo sostenido. El margen para convalidar un nuevo apretón, por lo tanto, luce considerablemente más estrecho que en el pasado reciente, tanto por el estado de la economía real como por el clima social y político que rodea al proceso electoral.

El mensaje de fondo, en síntesis, es que las herramientas de política económica no operan en el vacío, sino que su eficacia y su costo dependen del estado en que se encuentre la economía al momento de aplicarlas. Sostener la estabilidad cambiaria y la desinflación son objetivos legítimos y deseables, pero procurarlos mediante una nueva contracción de la liquidez, sobre una economía ya golpeada, podría resultar un remedio cuyos efectos secundarios terminen siendo peores que la enfermedad que se busca combatir. La verdadera salida pasa menos por repetir viejas recetas que por lograr que la actividad recupere, de una buena vez, el impulso perdido.