La eventual aprobación del llamado Súper RIGI promete convertirse en un punto de inflexión para la economía argentina. El régimen, diseñado para atraer inversiones de gran escala en sectores de frontera tecnológica, establece un piso mínimo de 1000 millones de dólares por proyecto y ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios inéditos en la región. La apuesta oficial es clara: transformar a la Argentina en un polo de electromovilidad, energías limpias y biotecnología, con reglas de estabilidad garantizadas por tres décadas.

En una maratónica sesión, la Cámara de Diputados aprobó en una el proyecto del Súper RIGI con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones, otorgándole media sanción y enviándolo al Senado para su tratamiento definitivo.

En un clima de tensión política y con fuerte expectativa empresarial, el oficialismo logró imponer su iniciativa que concede beneficios fiscales, aduaneros, cambiarios y regulatorios por treinta años a inversiones superiores a los mil millones de dólares. La sesión estuvo marcada por cruces verbales y la presencia de Karina Milei en el recinto, que celebró la aprobación junto a dirigentes cercanos. Con esta media sanción, el Súper RIGI queda ahora en manos del Senado, donde el Gobierno confía en obtener la aprobación definitiva para consolidar su estrategia de atracción de mega inversiones en sectores de alta tecnología.

El esquema contempla una reducción del impuesto a las ganancias al 15%, amortización acelerada de activos, exenciones de derechos de importación y exportación, y un régimen de dividendos que baja progresivamente hasta el 3,5%. Además, asegura que las condiciones fiscales y regulatorias no se alteren durante treinta años, un horizonte que busca dar previsibilidad a corporaciones acostumbradas a lidiar con marcos cambiantes en países emergentes. La iniciativa excluye proyectos de recursos naturales tradicionales y ampliaciones de inversiones ya existentes, apuntando a industrias que hoy no tienen presencia significativa en el país: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, litio y uranio, hidrógeno verde, paneles solares, turbinas eólicas y reactores nucleares pequeños.

El Ministerio de Economía calcula que el Súper RIGI podría atraer más de 100.000 millones de dólares en la próxima década, una cifra que, de concretarse, duplicaría el impacto del régimen original. 

Ese volumen potencial se explica por el tipo de sectores que el nuevo régimen busca atraer: inteligencia artificial, semiconductores, biotecnología avanzada, litio y uranio, hidrógeno verde, electromovilidad y energías renovables. Son industrias que requieren desembolsos iniciales muy elevados y que, bajo condiciones de estabilidad fiscal y cambiaria por 30 años, podrían instalarse en el país con proyectos de miles de millones de dólares cada uno.

El debate político acompaña la expectativa económica. El oficialismo defiende la iniciativa como una herramienta para atraer industrias que hoy no existen en el país, mientras la oposición la cuestiona por ser un régimen de excepción que privilegia a grandes corporaciones. El desafío será que las inversiones se traduzcan en empleo y desarrollo local, un objetivo que el texto del proyecto intenta asegurar con cláusulas que obligan a destinar al menos un 20% de adquisiciones a proveedores nacionales.

Si el Súper RIGI logra materializar el interés, el país podría convertirse en un actor relevante en la transición energética y tecnológica de la región según el Gobierno. La magnitud de los montos en juego y la calidad de los sectores involucrados marcarían un cambio de escala respecto de las inversiones tradicionales. Con la aprobación del régimen en el horizonte, la Argentina se prepara para recibir a algunos de los empresarios más poderosos del mundo, en un escenario que podría redefinir su perfil productivo y su inserción internacional.