En una jornada parlamentaria atravesada por intensas negociaciones políticos y cruces ideológicos, el Senado de la Nación dio luz verde en general al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa, promovida originalmente por el Ejecutivo e impulsada en el ámbito técnico por Federico Sturzenegger, busca sentar un marco normativo más previsible para los activos, agilizar los mecanismos judiciales frente a ocupaciones e introducir límites formales al esquema de expropiaciones estatales.

Según información recabada por la agencia Noticias Argentinas (NA), la votación general concluyó con un ajustado resultado de 37 votos a favor contra 33 en contra. El bloque de La Libertad Avanza (LLA) logró estructurar la mayoría con el respaldo de miembros de la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y referentes de bloques provinciales como Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. 

Sin embargo, la aprobación evidenció las tensiones de la negociación legislativa: el oficialismo debió ceder terreno al dar de baja el capítulo destinado a modificar la Ley de Manejo del Fuego, tras el rechazo de aliados clave.

El recorte del texto no fue el único costo político de la tramitación. Previamente, el Ejecutivo ya había tenido que retirar el capítulo 3, relativo a la flexibilización de la Ley de Tierras Rurales y la extranjerización de inmuebles, ante las advertencias de gobernadores y senadores dialoguistas. A ello se sumó el freno impuesto a la reforma ambiental impulsada por el oficialismo, donde legisladores como los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, junto a referentes de Misiones y Santa Cruz, sumaron sus votos al rechazo peronista para mantener intacto el régimen punitivo vigente desde 2020 para los predios siniestrados.

Impacto en el clima de negocios y seguridad jurídica

Desde la perspectiva del oficialismo y los defensores del proyecto, el articulado final aprobado introduce modificaciones de fondo en materia procedimental. El titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, remarcó durante la sesión que el propósito central es acortar los tiempos judiciales mediante la aplicación del trámite sumarísimo para procesos de desalojo, garantizando así la tutela efectiva de la propiedad contemplada en el artículo 17 de la Constitución Nacional.

A su vez, la jefa de bancada oficialista, Patricia Bullrich, sostuvo en el cierre del debate que la norma apunta a restablecer la previsibilidad legal y desarticular mecanismos informales de usurpación, un reclamo histórico del sector productivo e inmobiliario. En la misma línea, legisladores como Nadia Márquez y Gonzalo Guzmán Coraita destacaron la importancia de establecer "reglas claras" para incentivar la inversión privada.

Por el contrario, el bloque de la oposición centrada en el interbloque Justicialista cuestionó severamente la constitucionalidad de la iniciativa. El senador José Mayans calificó la reforma como una pérdida patrimonial para el Estado en la modificación del régimen expropiatorio, al tiempo que otros referentes opositores señalaron deficiencias en el trámite legislativo y advirtieron sobre la falta de políticas de contingencia habitacional.

Desde el sector radical dialoguista, legisladores como Maximiliano Abad aportaron una mirada crítica sobre las verdaderas condiciones para la atracción de capitales, señalando que la llegada de inversiones de escala depende no de la flexibilización de una norma puntual, sino del fortalecimiento institucional, la estabilidad macroeconómica y una política exterior consistente en el tiempo.