El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento inmediato de las tareas de asistencia a la navegación de buques.
Como parte del entendimiento, el Poder Ejecutivo resolvió suspender la aplicación del Decreto 690/2026, que había desregulado el servicio y desencadenado el conflicto que paralizó la actividad en los principales puertos del país.
“El Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques”, informó Presidencia en un comunicado difundido este martes.
Los representantes del sector retomarán sus tareas de manera inmediata, mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos incluidos en la normativa.
Una mesa para revisar la desregulación
El acuerdo contempla la conformación de una mesa de trabajo que analizará los aspectos vinculados con la actividad y revisará los cambios establecidos por el decreto.
La instancia será coordinada por el Gobierno nacional y contará con la participación de las áreas de Seguridad y Defensa, además de otros organismos competentes.
Según explicó Presidencia, el objetivo será “avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación” mientras se mantiene abierto el canal de negociación con los representantes del sector.
La suspensión del decreto permitió destrabar el conflicto, aunque la discusión sobre el régimen que regulará el servicio de practicaje continuará dentro de la mesa de trabajo.
Qué establecía el decreto
El conflicto había comenzado el sábado 1° de agosto, después de la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
La norma modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje vigente desde 1991. Entre otros cambios, creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la Prefectura Naval Argentina, habilitó a los usuarios a elegir libremente a los prestadores y eliminó barreras para el ingreso de nuevos operadores.
También otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la facultad de fijar tarifas máximas y estableció la obligación de publicar los precios de los servicios para promover una mayor competencia.
Desde el Gobierno sostuvieron que la reforma buscaba reducir los costos de la actividad. El vocero presidencial, Adrián Ravier, había defendido la medida al señalar que el objetivo era “bajar el costo argentino” a través de una mayor competencia.
Más de 185 buques afectados
El paro mantuvo varados a más de 185 buques. Sólo este martes, más de 45 barcos se sumaron a los 140 que ya se encontraban detenidos en el polo exportador del Gran Rosario a la espera de los servicios de practicaje.
Antes de que se anunciara el acuerdo, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales, Gustavo Idígoras, había advertido que otros 30 buques podían sumarse durante la jornada.
El dirigente comparó el sobrecosto generado por las demoras con “un taxi” que continuaba corriendo aunque no se moviera y alertó sobre el riesgo que implicaba el conflicto para la reputación de la Argentina como proveedor internacional.
Según Idígoras, una interrupción prolongada podía afectar el cumplimiento de los contratos de exportación y favorecer a competidores directos como Brasil.
El impacto sobre los combustibles
La paralización no se limitó al complejo agroexportador. La Cámara Argentina de Energía informó que las operaciones de sus empresas asociadas habían quedado interrumpidas en los muelles de Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova.
Desde esos puntos se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y petróleo crudo hacia las refinerías del país. Entre las operaciones suspendidas se encontraba la del buque White Marlin, que debía participar en tareas vinculadas con el proyecto Vaca Muerta Oil Sur, el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro.
El principal cuello de botella se había producido en el traslado de combustibles desde las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca hacia Comodoro Rivadavia, desde donde se abastece buena parte de la Patagonia sur.
Fuentes del sector habían advertido que, si el conflicto se prolongaba, existía un riesgo real de desabastecimiento en el sur del país.
La intimación de Prefectura
Antes de que se alcanzara el acuerdoo, la Prefectura Naval Argentina había ordenado mediante un edicto el retorno inmediato a la actividad de los profesionales incluidos en un anexo oficial.
La disposición advertía sobre la posibilidad de aplicar sanciones disciplinarias y realizar denuncias penales en caso de que los prácticos no retomaran sus funciones.
Con el acuerdo anunciado este martes, los profesionales volverán a prestar sus servicios y comenzará a normalizarse la circulación de los buques. La discusión de fondo sobre la desregulación continuará en la mesa de trabajo coordinada por el Gobierno.