El 2020 fue un punto de inflexión para RE/MAX. No sólo fue el año donde la pandemia tuvo su punto más álgido, con las consecuencias que suscitó en el sector inmobiliario; también fue el año en el la Inspección General de Justicia (IGJ) dio inicio a la acción judicial de disolución y liquidación tras determinar que es "ilícita" la modalidad de desarrollo de la actividad inmobiliaria bajo el régimen de franquicia. basada en una denuncia presentada por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).
En aquel entonces, RE/MAX anunció que continuaría funcionando y expresó a través de un comunicado de prensa su "enfático" rechazo al contenido de la denuncia de Cucicba por considerar que era "infundada y no implica el cese ni suspensión de la actividad de Re/Max".
Esta semana, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial dejó sin efecto la resolución de la Inspección General de Justicia por considerarla una decisión arbitraria dictada en exceso de las facultades de la IGJ.
Con relación a esta sentencia, RE/MAX Argentina SRL expresó: “Nos parece un gran paso para la justicia argentina, para los emprendedores que eligen formar parte de la red, para los clientes que confían en ellos y, en general, para todo aquel que quiera emprender en este país".
Desde la compañía, aseguran que "la resolución hoy revocada de la IGJ no respetaba los derechos y garantías constitucionales del debido proceso legal y el derecho de defensa, era totalmente arbitraria y sus argumentos eran falsos”
Sobre el conflicto que viene presentando la marca con algunos colegios de corredores y martilleros, desde la empresa aclararon que “CUCICBA y algunos otros colegios pretendían lesionar la reputación de los colegas adheridos a la marca RE/MAX, recrudecer las persecuciones en su contra e influir en Concejos Deliberantes y otros organismos con la manifiesta intención de expulsarlos del mercado”.
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"Esto generó un daño irreparable a RE/MAX Argentina y a las oficinas de gestión independiente que adhieren a la marca”, dicen desde la organización de bienes raíces.
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El detrás de la resolución de la IGJ
La definición del organismo judicial se tomó en septiembre del 2020, luego de una extensa batalla legal que encabezó el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba). La IGJ llevó adelante una investigación y resolvió la disolución de la firma mediante la Resolución 350/2020 que lleva la firma de su titular, Ricardo Nissen, que antes de asumir el cargo asesoró a Cristina Kirchner en la defensa en sus causas judiciales.
En este contexto, el presidente de Cucicba, Armando Pepe, señaló que, de acuerdo con el ordenamiento legal, "existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario", y "estas últimas no pueden ser 'franquiciadas'”.
Pepe también había señalado que, a partir de la resolución adoptada por la IGJ, se iba a intimar a que, en un plazo perentorio, sacaran los carteles de las oficinas y había consignado que "pueden seguir trabajando bajo otro nombre, modalidad" pero "no como franquicia". Además de Re/Max, el Cucicba preveía avanzar con otros casos de empresas que operan bajo esta modalidad.
“Hemos dado un paso histórico. Este es un éxito en la defensa de los derechos de los corredores y del ejercicio legal y legítimo de la profesión, y lo compartimos con todos nuestros matriculados”, afirmó Pepe en aquel entonces.
